EL LIBERALISMO ECONÓMICO: CAMINO PARA UN MEJOR FUTURO
11º Foro Nacional IMEF (Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas)
Intervención en el Panel 1 dedicado a "La economía nacional en la globalización"

Monterrey (México), 24 de mayo de 1999

Hace algo más de un año, me hallaba yo en Guatemala, en un Foro de debate en el que pronuncié una conferencia sobre el "papel del cristianismo en las economías de mercado". Mi tesis era, y sigue siendo al día de hoy, que el sistema de organización socio-económica que designamos con los nombres de liberalismo económico, economía de mercado, economía de libre empresa o, simplemente, capitalismo, es el sistema más perfecto o, si se quiere, puesto que las obras de los hombres no son nunca totalmente perfectas, es el menos imperfecto de todos los sistemas económicos. Precisaba, puesto que las palabras, si no se define su contenido, pueden inducir a la confusión, precisaba, digo, que por capitalismo, y los sinónimos citados, entiendo aquel sistema en el que la cooperación para el logro del bienestar común se produce en forma espontánea, al revés de lo que sucede en socialismo, o modelo de economía centralizada, en el que la cooperación tiene lugar de forma coactiva. El capitalismo es ni más ni menos que un sistema basado en la propiedad privada, incluso de los bienes de producción; que utiliza el mecanismo de los precios como el instrumento óptimo para la eficiente asignación de los recursos; y en el que todas las personas, libremente responsables de su futuro, pueden decidir las actividades que desean emprender, asumiendo el riesgo del fracaso a cambio de la expectativa de poder disfrutar del beneficio si éste se produce.

En este sistema, por lo menos en su versión pura, el Estado no debe interferir en la mecánica del mercado, ni intervenir, salvo para el ejercicio de un reducido papel subsidiario, en aquellas actividades de los particulares que el propio mercado encauza. Lo cual no quiere decir negar el papel del Estado, sino más bien afirmar que, al lado de sus primigenias funciones como defensor del territorio patrio, guardián del orden interior, y hacedor de justicia entre ciudadanos iguales ante la ley, al Estado -mínimo pero fuerte- como servidor que debe ser de la sociedad, compete velar por la pureza del funcionamiento del mercado, creando y manteniendo un marco legal para que la actividad económica alcance sus propios objetivos y resuelva por ella misma los conflictos que puedan presentarse.

La primacía económica, antropológica y moral del capitalismo

Definido el capitalismo de esta forma, yo afirmaba, y sigo afirmando, su primacía, singularmente sobre el sistema antagónico basado en el intervencionismo estatal que llamamos socialismo; y lo afirmo tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista antropológico, como desde el punto de vista moral.

Desde el punto de vista económico, porque, como todo el mundo hoy acepta, el capitalismo es el sistema que conduce antes y mejor a la riqueza de las naciones, al revés de lo que sucede con el socialismo que, queriendo imponer un orden social coactivo, en el que las mentes pretendidamente clarividentes y benéficas de los gobernantes, so pretexto de dar a todos el mismo nivel de seguridad y bienestar, planifican lo que cada uno tiene que hacer y soportar, lo cual conduce necesariamente al deterioro económico y finalmente a la miseria, tanto mayor cuanto con más rigor se hayan aplicado las doctrinas socialistas.

Afirmo también la primacía del capitalismo desde el punto de vista antropológico, porque sólo el sistema de economía de mercado responde a la naturaleza del hombre, ya que se basa en el respeto a la libertad de la persona que es la característica esencial y distintiva del hombre y en cuyo recto ejercicio radica su fundamental dignidad; al revés de lo que sucede en el socialismo que, a cambio de la promesa de bienestar para todos, coarta la libertad de las personas, para, después de haber atentado contra esta manifestación de la dignidad humana, acabar incumpliendo también la promesa de bienestar. La economía centralizada, el socialismo, es el resultado de la decisión de alguien -sea un príncipe, sea un estamento, sea un partido político, sea un equipo tecnocrático- que pretende organizar el desarrollo de los hechos económicos, mediante ciertas reglas elaboradas por unos pocos, con el propósito -que, en principio, no hay que descartar sea honrado- de lograr el bienestar de todos. La economía de mercado, en cambio, no es el resultado de la decisión de nadie, sino que surge espontáneamente de la misma condición humana, ya que la tendencia a la división del trabajo y al intercambio, que fundamenta este sistema, nace con la aparición del hombre sobre la tierra.

Decir que el orden en el que se basa el capitalismo es un orden derivado de la misma condición humana, no significa que sea un orden natural en el sentido de que fluya de la naturaleza, con exclusión de la voluntad del hombre, como puede ser el orden de los astros. Como Von Hayek nos enseñó, además del orden natural, independiente de la voluntad de los hombres, y del orden artificial, que deriva de las actuaciones humanas deliberadas, es decir, además de lo que es por naturaleza y lo que es por acuerdo, existe el orden espontáneo que es el resultado de la actuación humana pero no de su designio. Este orden, cuyo desarrollo depende de las acciones de los humanos pero que no ha sido imaginado ni buscado por ellos, es el orden extenso en el que, de acuerdo con una correcta antropología, se enmarca la economía de mercado.

Y finalmente, afirmo la primacía del capitalismo desde el punto de vista moral, porque desde Aristóteles sabemos que un buen vivir material constituye un objetivo intermedio, noble y deseable para el logro de la felicidad, mediante el cultivo de los bienes superiores del espíritu, difícilmente atendibles sin un mínimo de bienestar. Luego, aquel sistema que, sin merma de los otros valores, más seguramente coloque a más gente en situación de bienestar, aquél será mejor también desde el punto de vista moral; es decir desde el punto de vista del eudemonismo o busca de la felicidad a la que, de forma inexorable, tiende siempre el hombre en su polifacético obrar. Y no parece haber duda de que este sistema es el capitalista, ya que nadie que se moleste en analizar mínimamente la historia de Occidente se atreverá a negar la capacidad del capitalismo para aumentar el bienestar material de las más vastas capas de la población; ni podrá tampoco demostrar que el capitalismo democrático, de por sí, se opone al logro de los otros bienes no materiales.

Los sistemas ético-cultural y político-jurisdiccional

Pero afirmada esta triple primacía, económica, antropológica y moral del capitalismo, completaba mi tesis, añadiendo que el capitalismo no se desarrolla en el vacío; vive en el entorno constituido por un determinado sistema ético-cultural y un concreto sistema político-jurisdiccional que, respectivamente, motiva y enmarca la actuación de los agentes del sistema económico. Por ello, distintas axiologías y distintas organizaciones político-jurídicas producirán resultados económicos distintos por la mera operación de las mismas leyes económicas generales. Entendidas las cosas de esta forma, me parece que resulta sencillo concluir que, sin intentar interferir en el núcleo invariante de las leyes económicas, es decir, renunciando a la intervención gubernamental de los mercados, podemos y debemos intentar mejorar, desde el punto de vista ético, los resultados del proceso económico de asignación de recursos, mejorando el sistema de valores y mejorando el sistema institucional.

Que esta actuación para mejorar el funcionamiento y los resultados del sistema de economía de mercado es totalmente necesaria, resulta de la simple observación de lo que sucede en las sociedades de corte capitalista. En primer lugar, es evidente que los resultados del sistema económico, es decir, los actualmente derivados del proceso de la asignación de bienes y recursos, en estas sociedades, no son ni de lejos satisfactorios, en lo que se refiere al crecimiento de la riqueza y el bienestar, ni en lo relativo a la distribución de la renta y a la erradicación de la pobreza; aunque, a mi juicio, si se deja operar libremente al orden espontáneo, son mejores, o menos malos, que los que es posible obtener por cualquier otro sistema.

En segundo lugar, es también evidente que los valores éticos o morales que priman en nuestras sociedades no son los que corresponden a la imagen del hombre como ser racional y libre, destinado a realizar, por lo menos, el ideal de una vida humanamente buena. Tal vez no valdría la pena hacer de nuevo la lista de las lacras que afectan a nuestras sociedades, como consecuencia de una cultura del tener más que el de ser, del gozar más que del vivir, y que se manifiesta en síntomas preocupantes de reconocimiento social por el solo hecho de tener dinero, con abstracción de toda categoría cultural, lo que, a su vez, genera el afán de enriquecerse rápidamente por caminos torcidos; síntomas de ostentación insultante de la opulencia; de deslumbramiento, con aplauso, ante el éxito fraudulento; de lucha desleal, con recurso a la zancadilla, para escalar posiciones, con daño de terceros; de corrupción, cohecho y soborno para el logro de los propios objetivos; de comportamientos frívolos, permisivos o escandalosos, aireados morbosamente; de crisis de la familia que empeora el problema de los jóvenes en busca del primer empleo o definitivamente marginados; de frenesí por la diversión a cualquier precio, con muerte de los ideales, vacío de sentido y busca de sensaciones cada vez más excitantes.

Por último, es también patente que los sistemas institucionales vigentes en la mayoría de las sociedades en las que priman sistemas de corte más o menos capitalistas, distan mucho de ser perfectos, como lo prueba el que no respeten adecuadamente la libre expresividad del hombre en todos los campos, uno de los cuales, aunque no el más importante, es el económico; que existan discriminaciones entre las personas y desigualdad de oportunidades ante el futuro; que la organización política se halle sesgada en beneficio del Estado a expensas de la sociedad civil, la cual se halla oprimida por excesos burocráticos al impulso de un nuevo despotismo, disfrazado de democracia, que se manifiesta en el poder, de hecho ilimitado, de los gobiernos; que existan situaciones organizadas de privilegio, monopolios legales y otras formas de intervencionismo estatal que impiden el libre juego del mercado; que la presencia del Estado en la vida de los pueblos, más allá de lo aconsejado por el principio de subsidiariedad, recorte la subjetividad creativa de la persona humana y haga retroceder, con riesgo de su desaparición, la virtud de la solidaridad personal, a través de la cual debería lograrse la armónica coordinación de los intereses personales con los intereses de la sociedad en su conjunto.

La crítica moral al capitalismo

La contemplación de este panorama, no ciertamente maravilloso, puede conducir a reacciones de opuesto signo. Una de ellas, consistente en atribuir al sistema de libre mercado los males observados en el sistema ético-cultural y en el sistema institucional, conduce naturalmente a identificar el capitalismo con la suma de lo propiamente económico con los otros dos elementos que me he esforzado en distinguir y cuya no satisfactoria situación presente he procurado resaltar. En este supuesto, la conclusión será, naturalmente, que el capitalismo es moralmente criticable porque su sistema de valores conduce de modo natural a un tipo de desarrollo personal y social indeseable. Pero mi opinión es que esta identificación no es correcta, ya que el liberalismo económico no tiene ninguna necesaria vinculación con los sistemas ético-cultural y político-jurisdiccional causantes de los males y carencias puestas de relieve, ni con ningún otro. De forma que cabe perfectamente contemplar un capitalismo o sistema de economía de mercado, cuyo núcleo invariante, constituido por las leyes económicas de carácter general, quede arropado por un sistema axiológico y un sistema institucional éticamente aceptables y que propicien que los agentes del sistema operen teniendo en cuenta no sólo el valor económico de sus decisiones sino, además, y sobre todo, el efecto psicológico y ético de las mismas.

En este supuesto, que es aquel al que hay que tender, el sistema de mercado, gracias precisamente al efecto del núcleo invariante de las leyes económicas, conducirá a resultados que serán, económica y éticamente, los mejores posibles, no sólo para las personas individuales sino para el bien común.

Todo lo que acabo de exponer, en orden a la mejora del funcionamiento y de los resultados del sistema de economía de mercado, ha sido dicho en clave meramente ética, aunque, desde luego, apoyándome en una ética realista, de fines y medios, en la que la norma para el obrar moral se deduce de la propia naturaleza del hombre, y en la que, en razón de la inmutabilidad de esta naturaleza, las reglas tienen carácter universal y constante. En la conferencia a la que me estoy refiriendo, y como se desprende de su propio título -papel del cristianismo en las economías de mercado- fui más concreto, ya que el cristianismo que esencialmente, y ante todo, consiste en la adhesión personal a Jesucristo, confesado como Dios y Hombre verdadero, entraña además un compromiso de comportamiento. Por lo tanto, concluía yo, si el cristianismo informa el ambiente y las instituciones, a las personas, en su actuación económica, les resultará más fácil vivir las virtudes cristianas, entre las que se hallan las cardinales -justicia, fortaleza, templanza y prudencia- lo que, en definitiva, hará que funcione satisfactoriamente el sistema tripartito -económico, cultural e institucional- de que he estado hablando.

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Ahora bien; en el Foro a que me referí al principio, y en el que expuse la tesis que acabo de resumir, en defensa del capitalismo bien entendido, los organizadores del acto habían previsto que, tras mi ponencia, dos personas, de distinto y elevado rango, comentaran mi exposición. Una de ellas, portavoz, a mi juicio, de una opinión desgraciadamente muy extendida, vino a decir: lo que ha expuesto el doctor Termes es muy bonito, teóricamente ideal, pero totalmente inadecuado para un país como Guatemala donde el nivel de pobreza es escandalosamente alto. Y, aunque en forma velada, dio a entender que la culpa de esa situación de pobreza la tenía precisamente el sistema capitalista que yo acababa de defender.

El capitalismo y la riqueza de las naciones

Mi respuesta fue que de la pobreza de Guatemala y de otros países de Iberoamérica se puede culpar a cualquiera menos al capitalismo, porque la verdad es que en estos países, con escasas y temporales excepciones, no ha regido el modelo capitalista. En todos ellos han imperado, a lo largo de siglos, criterios culturales excluyentes de las verdaderas libertades políticas y económicas. Las gentes de estos países, dominadas por grupos de intereses, permanentemente o en forma rotativa asentadas en el poder, se quejan, y con razón, de su pobreza, pero se equivocan al culpar de su situación al sistema que, gracias a una distinta concepción política y económica, ha propiciado el desarrollo de otras naciones. A finales del siglo XVIII, el germen de lo que hoy llamamos Estados Unidos de América no era más que el conjunto de trece colonias de la mayor potencia europea; un país atrapado en la misma pobreza y subdesarrollo inmemoriales que los demás. En la época de su fundación, era por lo menos tan pobre como las colonias de España en América. Pero las dos Américas, la del Norte y la del Sur, ambas colonizadas y ambas igualmente subdesarrolladas, evolucionaron sobre la base de ideas radicalmente distintas de economía política. Una de ellas intentó recrear la estructura político-económica de la España feudal y mercantilista; la otra intentó establecer un novus ordo seculorum, un nuevo orden secular.

En América del Norte, una vasta mayoría de personas llegaron a ser propietarias de sus viviendas y de sus tierras; no sucedió lo mismo en el Sur, pero podía haber sucedido. Imaginemos que Iberoamérica hubiera desarrollado industrias y manufacturas antes que Estados Unidos. A todas luces, disponía de los recursos naturales para ello: es rica en petróleo, en zinc, bauxita y muchos otros importantes minerales; sus tierras de cultivo y sus bosques tropicales son prolíficos. En contraste con esta abundancia, los primeros colonos de la Nueva Inglaterra se encontraron con un medio agrícola bastante duro. Las únicas riquezas que pudieron extraer del suelo norteamericano fueron el tabaco, las pieles, el maíz y más tarde el algodón. ¿Por qué, entonces, no llegó a ser Iberoamérica el más rico de estos dos sectores del Nuevo Mundo? La respuesta parece radicar en la muy distinta naturaleza de los sistemas político, económico y cultural imperantes. Iberoamérica podría haber sido una región económicamente activa, progresista e independiente; de hecho, tuvo la ventaja de permanecer al margen de las dos guerras mundiales. Hace mucho tiempo que podría haber dejado en la sombra económica a Estados Unidos. Pero para ello, dice Michael Novak, siguiendo lo que, en su día, ya había observado Adam Smith, debía haberse organizado para utilizar en forma apropiada su gran riqueza. Y esto es lo que no sucedió. Cuando, en los primeros años del siglo XIX, las colonias españolas lograron su independencia, en lugar de aprender de lo que habían hecho sus vecinos del Norte, siguieron con el modelo vigente en la metrópoli de la que, con tanto afán, acababan de separarse.

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El mercantilismo, que era el modelo vigente, en aquel entonces, tanto en España como en Gran Bretaña, y al igual que en los restantes países gobernados por reyes absolutistas, no es propiamente hablando un sistema de organización económica, sino más bien un expediente para el sostenimiento del estado absoluto que necesitaba grandes cantidades de dinero para su política de engrandecimiento de la nación, frecuentemente a través de guerras. El mercantilismo, al que podría llamarse capitalismo monopolístico de estado, que se basaba en la fuerte imposición tributaria, la prohibición de importaciones y el subsidio a las exportaciones, era proclive a la creación de privilegios especiales que implicaban la creación de monopolios por merced o venta, concediendo el derecho exclusivo, otorgado por la Corona, de producir o vender ciertos productos o de operar en determinados ámbitos. Estas patentes se concedían a los aliados de la Corona o a aquellos grupos de mercaderes dispuestos a ayudar al Rey en la recaudación de impuestos. El resultado de estas prácticas, amén de la privación de las libertades políticas y económicas de los súbditos, no podía ser otro que el déficit fiscal, la quiebra del crédito público, la inflación y, con ella, la pobreza de los pueblos.

El mercantilismo y las colonias españolas en América

El mercantilismo llegó a su cenit en la Francia del siglo XVII, bajo el reinado de Luis XIV, máxima expresión del despotismo absoluto, y gracias a la gestión de su hombre de confianza, Jean-Baptiste Colbert, de forma que con el nombre de colbertismo se designa la más extremada versión del mercantilismo, que, tras la muerte de Colbert en 1683, quedó enquistado en la política económica francesa. Es cierto que el modelo tuvo sus opositores, sobre todo en el mundo intelectual. Desde finales del siglo XVII y a lo largo del XVIII, el pensamiento de personajes como Shafterbury, Locke, Cantillon, Turgot, los fisiócratas de Quesnay, así como el de los partidarios del laissez-faire y del libre comercio, se fue rebelando contra el mercantilismo. Por otro lado, el pensamiento liberal de nuestra Escuela de Salamanca que, a través de los holandeses Grocio y Pufendorf, había pasado a la escuela escocesa, cuajó sobre todo en la persona de Francis Hutcheson, maestro de Adam Smith, cuya obra más conocida "La riqueza de las naciones" fue publicada precisamente en el mismo año de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.

Pero, en la práctica, el mercantilismo siguió funcionando hasta bien entrado el siglo XIX. En España, en concreto, a pesar de los esfuerzos de Jovellanos, el gran precursor del liberalismo español durante el reinado del ilustrado Rey Carlos III, el absolutismo siguió imperando, de forma que la independencia de las colonias americanas, entre 1810 y 1825, tuvo lugar durante el azaroso reinado de Fernando VII que, después de la eclosión liberal protagonizada por las Cortes de Cádiz en 1812, fue una continua pugna entre los principios constitucionales que el Rey aceptaba cuando no tenía más remedio y la reacción absolutista cuando podía imponerla. A decir verdad, ni siquiera en los momentos en que las libertades triunfaban en el orden político, este triunfo aportaba una verdadera libertad económica. Hasta el punto que se ha podido decir que en nuestros precursores liberales puede encontrarse abundante material para llenar un discurso intervencionista.

Esta era la España a la que miraban las antiguas colonias, en el momento de organizar su independencia, cosa que hicieron manteniendo el modelo mercantilista imperante en la metrópoli, con los consiguientes monopolios y privilegios en manos de las clases dominantes. En España esta situación, con el paso de los años, se arregló algo. El liberalismo económico reinó, a duras penas, desde 1820 hasta 1880 aproximadamente, aunque los partidos que se llamaban liberales o progresistas eran, sobre todo, anticatólicos, se enfrentaron con la Iglesia y, mediante procedimientos llamados de desamortización, se apoderaron de los bienes eclesiásticos, tanto para atender a las necesidades financieras de los gobiernos, metidos en guerra contra los carlistas, como para enriquecer a los que querían atraer al progresismo; todo lo cual es más propio del mercantilismo que del liberalismo. En cualquier caso, a partir de finales de siglo, en España el liberalismo económico entró en crisis, al igual que en toda Europa. Mientras en la Alemania de Bismarck se ponían los cimientos del estado de bienestar, en los restantes países, al amparo de la quiebra intelectual de los principios liberales, el proteccionismo estatal iba ganando terreno, de forma que la definitiva destrucción del liberalismo que se inicia con el siglo, recibe el golpe de muerte con la guerra de 1914, la gran depresión de 1929 y la universalización y burocratización del mal llamado estado de bienestar, que siguió al final de la II Guerra Mundial. En Iberoamérica, con las escasas excepciones que están en la mente de todos, el modelo mercantilista adoptado en los momentos de la independencia se ha mantenido hasta el día de hoy, agravado por las perturbaciones de orden político y por los desafortunados experimentos de raíz socialista o constructivista.

La fundación de los EE.UU. en América

Muy distinta fue la actuación de los colonos norteamericanos, los cuales volvieron la espalda al modelo vigente en Gran Bretaña, que, desde luego, no era mejor que el español. En efecto, en fecha tan temprana como 1620, los Peregrinos del Mayflower, huyendo del absolutismo mercantilista y la intransigencia religiosa de Jacobo I Estuardo, tras breve estancia en Holanda, llegaron a Massachusetts, dando comienzo a una emigración que cuajaría en las 13 colonias extendidas en la costa noreste del país. Estas colonias, siglo y medio después, en la Declaración de Independencia, suscrita en Filadelfia el 4 de julio de 1776, afirmaron su creencia en que "todos los hombres creados iguales, han sido dotados por el Creador con derechos inalienables, entre los cuales están el derecho a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad". En méritos de lo cual, acaban diciendo, a la letra, que "apelando al Supremo Juez del mundo y confiando en la protección de su Divina Providencia, se constituían en Estados libres e independientes, comprometiendo en el empeño las vidas, las fortunas y el sagrado honor de los representantes firmantes".

Como se ve, el liberalismo de los fundadores de los Estados Unidos es un liberalismo iusnaturalista, que reconoce la dependencia del Creador, y del que gratamente me sentiría heredero, sobre todo después de que, bajo el definitivo impulso de Abrahám Lincoln, que llegó a la presidencia de la Unión en 1860, se aboliera la esclavitud, error histórico de vigencia general en aquel tiempo. Este liberalismo no tiene, evidentemente, nada que ver con el liberalismo filosófico de origen europeo que, precisamente por su pretensión de independencia del hombre frente a Dios, tuvieron que condenar, como contrarios a la doctrina perenne de la Iglesia, Gregorio XVI en la Encíclica "Mirari vos" y, más específicamente, Pío IX en la "Quanta cura" y Pío X en la "Pascendi". Esto explica que, al revés de lo que sucedió en Europa, donde los malentendidos y enfrentamientos entre los liberales y la Iglesia, durante el siglo XIX, fueron notorios, en los recién nacidos Estados Unidos, a pesar del enfrentamiento de los nativos protestantes contra el catolicismo creciente, sobre todo, a partir de la inmigración irlandesa, puede decirse que, en el plano institucional, la convivencia de la Iglesia y el Estado, desde la separación y el mutuo respeto, fue siempre pacífica.

¿Pero, de dónde surgió la genial inspiración que llevó a unos cuantos colonos, alejados de los centros de pensamiento de la vieja Europa, a desarrollar una teoría política tan en contraste con la que imperaba en su época? Aunque es cierto que John Locke, considerado, con razón, como el padre del liberalismo político, mantuvo gran relación con las Trece Colonias y que Jefferson, redactor de la Declaración de Independencia de 1776, se inspiró, sin duda, en Locke, la primera constitución democrática del pueblo americano, la Fundamental Orders del Estado de Connecticut, promulgada en 1639, no pudo ser debida a su pensamiento, ya que Locke, nacido en 1632, publicó sus primeras obras entre 1689 y 1690. Lo que sí nos consta es que Thomas Hooker, clerigo puritano, nacido en 1586 en Leicesteshire, Inglaterra, y que había estudiado teología en Cambridge, por su inconformismo con la iglesia de Inglaterra, se vio obligado a emigrar a Holanda, de donde, en 1633, junto con los también puritanos John Cotton y Samuel Stone, embarcó hacia Boston, Massachusetts, comunidad de la que fue nombrado pastor. Pero, al poco tiempo, por sus ideas sobre las formas de gobierno, abandonó Boston, con muchos de sus feligreses, para instalarse en la ciudad de Hartford, Connecticut. Poco antes de que en 1638 los ciudadanos de Windsor, Hartford y Wethersfield decidieran unirse bajo un solo gobierno, el Rev. Hooker predicó un sermón en el que mantuvo que la autoridad del gobierno "radica en el libre consentimiento del pueblo", y añadió, apoyándose en un texto del Deuteronomio, que "la elección de los gobernantes pertenece al pueblo por concesión de Dios". Estas sentencias de Thomas Hooker son las que, según se afirma en la historia del Estado, inspiraron la Constitución de Connecticut. ¿De dónde había extraído Hooker estas ideas, tan en contraste con las que imperaban en Europa y, que en aquel temprano momento, todavía regian en las colonias? Una hipótesis, sugerida en Joris Steverlynch (1986) y avalada en la coincidencia de ideas, podría ser que el clerigo puritano hubiera conocido, antes de abandonar Europa, la famosa "Defensio fidei catholicae" de Francisco Suárez, eximio doctor de la Escuela de Salamanca, publicada en 1613 y que por sus ideas políticas, no religiosas, fue mandada quemar tanto por el anglicano rey inglés -Jacobo I- como por el cristianísimo rey francés -Luis XIII-. Si los conceptos que Thomas Hooker vertió en la Fundamental Orders de 1639 procedían de la lectura de la obra de Suárez, resultaría que la Escuela de Salamanca no sólo habría sido la primera en defender, dos siglos antes de Adam Smith, el liberalismo económico, sino también la fuente nutricia del liberalismo político americano, cincuenta años antes de Locke. Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que en 1776 el pensamiento liberal estaba plenamente definido en los nacientes Estados Unidos de América, como se deduce del texto fundacional.

Sin embargo, los ideales proclamados en la Declaración de Independencia, antes y después de la misma, tuvieron que vencer no pocas dificultades para verse implantados de hecho. Como recuerda el Profesor Robert A. Sirico, sacerdote católico, presidente del Instituto Acton para el estudio de la Religión y la Libertad, en 1620, cuando los Peregrinos llegaron a Plymouth, decidieron que los pastos y cultivos serían de propiedad comunitaria. El resultado fue hambre y caos económico. La mitad de los colonos murieron durante el primer invierno. Los libros de texto generalmente culpan al mal tiempo del desastre de estos primeros años, pero la realidad es muy distinta. William Bradford, gobernador de la colonia, que, en 1623, estableció la propiedad privada de los terrenos y el derecho de cada cual a cultivar su finca, escribió en su diario que había "asignado a cada familia una parcela de tierra. Esto fue un éxito -dice- porque hizo industriosos a todos los brazos y se sembró mucho maíz. La política socialista original -sigue diciendo- había producido mucha confusión y descontento y retrasó el empleo que nos hubiera beneficiado y confortado". La decisión de Bradford de definir claramente la propiedad fue la causa de la primera gran cosecha y fue entonces cuando se inició la celebración, el último jueves de noviembre, del día de Acción de Gracias, que se convertiría en la fiesta familiar más importante del año en Estados Unidos.

La consolidación del pensamiento liberal en los EE.UU.

Después de 1776, la polémica entre Hamiltonianos y Jeffersonianos pone de manifiesto que, tanto bajo el gobierno de los unos como de los otros, hubo momentos de excesivo tamaño del Estado, fuerte deuda pública, altos impuestos para sufragar el gasto gubernamental, inflación monetaria y privilegios monopolísticos. Sin embargo, las ideas básicas del liberalismo se fueron imponiendo y en ello tuvo un gran papel Thomas Jefferson, tercer Presidente de la Unión, entre 1801 y 1809.

Como relata Rothbard en su monumental obra sobre la historia del pensamiento económico, Thomas Jefferson, quien desde la década de 1780, ejerciendo funciones diplomáticas en Francia, había conocido a Juan Bautista Say y a Antonio Destutt, Conde de Tracy, ambos fervientes partidarios del laissez-faire, se empeñó y logró que se tradujera al inglés el "Tratado de Economía Política" del segundo, que fue publicado en 1818. En el prefacio, Jefferson, que ya en 1790 había proclamado que "La riqueza de las naciones", junto con los trabajos de Turgot, era la mejor obra de economía, expresaba el ferviente deseo de que el libro de Tracy se convirtiera en el texto básico de economía política para los Estados Unidos. Desempeñó, en efecto, este papel, conjuntamente con el Tratado de Say que incluso llegó a superar en popularidad al de Tracy. De hecho, Jefferson, con su gran amigo el antiguo federalista James Madison, que, desde 1809 a 1817 había sido el cuarto Presidente de la Unión, invitaron a Say para que desempeñara la cátedra de economía política en la Universidad de Virginia, recientemente fundada por Jefferson, y de la que tras la muerte de éste, en 1826, Madison fue el rector.

Los jeffersonianos -al igual que los jacksonianos, seguidores del general Andrew Jackson, héroe de la guerra de 1812 contra Gran Bretaña y séptimo Presidente de la Unión, entre 1829 y 1837- fueron siempre contrarios al capitalismo de estado, propio del mercantilismo, pero fervientes partidarios del genuino capitalismo, que tiene lugar cuando la industria y el comercio se desarrollan libremente, en ausencia tanto de subvenciones como de restricciones, convencidos de que el crecimiento económico estable se produce sólo bajo el sistema de libre comercio, libre empresa, mínimo gobierno y estricta política monetaria, que fue el pensamiento que, a la larga, prevaleció.

El ideario de los primeros fundadores de los Estados Unidos, expresado en la Declaración de Independencia, está desarrollado en la Constitución de 1789 que, con sus 27 enmiendas, se halla en vigor al día de hoy. Este desarrollo determina claramente que el poder que el pueblo de los Estados Unidos otorga al gobierno, para que lo ejerza en su lugar, está estrictamente limitado, gracias a la minuciosa enumeración de los poderes delegados. Por ejemplo, cuando la Constitución de los Estados Unidos dice que el Congreso puede aprobar impuestos y gastos para el "bienestar general" hay que entender, exactamente, que la cláusula restringe el gasto al necesario para el bienestar general, quedando excluido el que iría destinado al bienestar de grupos específicos de ciudadanos.

Estas ideas de libertad y gobierno limitado bajo la ley, con todos los fallos propios de cualquier obra humana, han configurado el modelo vigente en los Estados Unidos y constituyen el atractivo que empuja a tanta gente a trasladarse desde el sur hacia el norte del Río Grande. Hace pocos días, en un simposium celebrado en mi Universidad de Navarra, en Pamplona, oía a un profesor y empresario de Washington quien decía que el genio de América no reside ni en los hombres ni en las mujeres, sino en lo que Aristóteles denominó "el espíritu que alienta nuestras leyes". Y eso es así porque "todo" hombre puede ser un americano; "cualquier" hombre puede convertirse en americano; arriban a América inmigrantes enfrentados de todos los países del mundo, deponen aquí sus armas y emprenden pacíficos derroteros hacia el trabajo esforzado y la prosperidad. Palestinos e israelíes se matan entre sí en Tierra Santa; mas, llegados a América, se casan y se dedican a los negocios. El genio de América -seguía diciendo el conferenciante- tiene muy poco que ver con los grandes hombres y mucho menos aún con razas, etnias o atavismos heredados. El sistema americano, por el contrario, acoge a las personas corrientes y les brinda oportunidades extraordinarias, susceptibles de cristalizar en unos logros igualmente extraordinarios. Dentro del sistema americano, la energía competitiva y combativa de sus hombres y mujeres, su deseo de ganar, incluso su codicia y ambición, se canalizan a través de un régimen jurídico articulado y eficaz que determina unas sendas bien definidas para que la libre actividad creativa del individuo se desarrolle, sin daños impunes a terceros, en provecho de la vida del individuo y de la familia.

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Este modelo americano evidentemente contrasta con el vigente en Europa, sobre todo en el Continente, ya que en el Reino Unido rigen principios parecidos a los que gobiernan los Estados Unidos. A la hora de comparar los resultados de uno y otro sistema, pienso que, en la misma medida que el empleo es un índice de la prosperidad y el bienestar de los países, la tasa de desempleo puede ser un buen indicador para juzgar lo que pasa en un lado y en el otro, partiendo de la triste realidad de la presencia de no menos de 18 millones de parados en los países de la Unión Europea, lo que, en términos medios, supone un paro de cerca del 11 por ciento de la población activa. La gravedad de esta situación, es la que recientemente ha hecho decir al Consejero del Banco Central Europeo, el economista español Eugenio Domingo, que la mayor amenaza a la estabilidad de la UME es la elevada y persistente tasa de paro que, desde luego, no se soluciona con actuaciones de política monetaria, que es un instrumento ya agotado. La reducción del tipo de interés europeo al 2,5%, dice Domingo, es todo lo que el BCE puede hacer para apoyar las políticas económicas. Y tiene toda la razón. El papel de un Banco Central, en este caso el Europeo, es proteger la estabilidad de precios; es decir, luchar contra la inflación, que es el más injusto de los impuestos, y que, por ser esencialmente un fenómeno monetario, sí se ajusta mediante la adecuada política monetaria.

El modelo económico europeo y el americano

Las causas del mal europeo se deducen de la evidencia de que en todos los países de la Unión Europea, aunque en unos más que en otros, la rigidez de la economía es notoriamente excesiva: hay demasiado intervencionismo estatal y existen numerosos sectores, sobre todo en el ámbito de los servicios, en los que situaciones monopolísticas o de falta de una verdadera competencia, ocasionan que el aumento de la demanda, en vez de traducirse en aumento de la producción, con creación de empleo, da lugar, simplemente, al aumento de los precios. Al lado de esta falta de liberalización de los mercados de bienes y servicios, existe en los países de la Unión una regulación legal del mercado laboral que, bajo pretexto de proteger los puestos de trabajo y de remediar la situación de los desempleados, desemboca en una excesiva imposición sobre los costes salariales, al objeto de financiar la pretendida seguridad social, y se convierte, en realidad, en la verdadera causa del alto nivel de paro existente en la Europa continental.

La maldad intrínseca de este sistema de pretendida protección del empleo se pone de manifiesto a través de un fenómeno, cuyas características conozco bien en el caso español, pero que sin duda se produce también en los restantes países europeos, y es que, al tiempo que las estadísticas denotan una alta tasa de paro, en general, y del paro juvenil y femenino, en particular, y mientras la duración del desempleo sigue siendo larga, en numerosas zonas y en diversos sectores económicos empiezan a aflorar síntomas de escasez de personal que generan tensiones salariales y que, en algunos sitios, fomentan la cobertura de la demanda de mano de obra mediante la inmigración de trabajadores extranjeros. Resulta, por lo menos, chocante, por no decir escandaloso, que en zonas agrícolas de Andalucía, mientras los "parados" toman el sol en la plaza del pueblo, esperando la hora de ir a cobrar el subsidio de desempleo, las tareas de recolección de frutas corran a cargo de marroquíes.

Esta escasez de personal, coexistiendo con el paro declarado, se da tanto en actividades de baja cualificación, por ejemplo, la construcción y la agricultura, como en actividades de calificaciones intermedias, como las manufactureras. Y se da no sólo en autonomías con bajo nivel oficial de paro, como Baleares, sino también en aquellas, como Extremadura, donde la tasa de desempleo alcanza el 28 por ciento. Esto es tan cierto que, por un lado, la OCDE, en un reciente informe, afirma que en España en los últimos cuatro años quedaron sin cubrir 200.000 ofertas de empleo, a pesar de tener la tasa de paro más alta de la Unión Europea. Y, por otro lado, en estos días, el Ministerio de Trabajo, respondiendo a la demanda de los empresarios, se propone elevar el cupo de inmigración de mano de obra, tanto sin calificar como especializada.

No hay más remedio que preguntarse por la explicación de este singular fenómeno. ¿Es que los parados no reúnen las características requeridas por las empresas que ofertan los puestos de trabajo o es que los parados no quieren optar a dichos puestos porque les resulta más ventajoso cobrar un subsidio de paro, caracterizado por su alta tasa de reposición del salario perdido, al tiempo que complementan sus ingresos con actividades más o menos remuneradas en el mercado sumergido? Ambas cosas pueden darse, denotando lo primero el fracaso de un sistema de educación y formación profesional totalmente distanciado de la realidad empresarial y social; y poniendo de relieve, lo segundo, el tantas veces denunciado efecto desincentivador del sistema estatal de protección del desempleo. En apoyo de esta última afirmación, baste saber que, según la encuesta de población activa, el 40% de los parados españoles no están decididos a aceptar un nuevo empleo con ingresos inferiores a los que tenían y un 72% no están decididos a cambiar de residencia para obtener un empleo.

Esta lamentable situación del empleo en Europa no tiene nada que ver con lo que, en el mismo campo, sucede en los Estados Unidos de América, donde, desde hace casi 20 años, el paro ha sido consistente y notablemente inferior al de Europa, para descender a tan sólo el 4,3% de la población activa, nivel en el que se mantiene, en forma casi invariable, desde abril de 1998 hasta el día de hoy. Esta tasa de paro, de carácter friccional, permite calificar la economía norteamericana de situación de pleno empleo. Tan es así que, actualmente, cientos de miles de comercios y empresas de Estados Unidos exhiben el cartel de "se necesitan trabajadores", los diarios van cargados de páginas con ofertas de empleo, y los estadounidenses vuelven a creer firmemente en la idea de que quien no trabaja en aquel país es porque no quiere.

Esta situación del empleo en Norteamérica hay que verla, además, en el contexto de una larga etapa de sano y elevado crecimiento, más de ocho años, compatible con una reducida tasa de inflación, gracias, en opinión de muchos, a una política de disminución del gasto público, que ha conducido al superávit presupuestario; a una adecuada política monetaria; y, sobre todo, a un aumento de la productividad del factor trabajo, consecuencia de un marco liberal para el mercado de trabajo.

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Al comparar la dispar situación entre Europa y Estados Unidos, la pregunta obligada ha de encaminarse a la averiguación de la causa de la discrepancia. En otros lugares he procurado demostrar, cosa en la que ahora no puedo entretenerme, que ni el crecimiento económico, ni la evolución de la tecnología, entre otras causas aducidas, explican esta diferencia, que hay que achacar, pura y simplemente, al modelo socio-económico imperante en uno y otro lugar; entendido este modelo en sentido amplio. Es decir, referido a la libertad o intervencionismo en los mercados de bienes y servicios; al desarrollo del mercado de capitales; a la presencia o no de empresas públicas en el sector empresarial; a la facilidad o dificultad administrativa para la creación de nuevas empresas; y, naturalmente, a todo lo que afecta a la mayor o menor regulación en la utilización del factor trabajo.

Libertad versus seguridad

Así, comparado con el europeo, el modelo americano, al que se asimila en gran medida el inglés, a cambio de menor protección del puesto de trabajo, menor generosidad en el subsidio de paro y menor duración del tiempo al que el subsidio se extiende, disfruta de menor desempleo, menor desempleo juvenil y mayor rapidez de rotación en la pérdida y recuperación del empleo, con, en consecuencia, menor duración del tiempo de permanencia en el paro. El modelo americano, a cambio de menor crecimiento de los salarios reales, lo cual no quiere decir que los salarios americanos, en términos de poder de compra, sean inferiores, hoy por hoy, a los europeos; menores pensiones oficiales de jubilación y otros beneficios sociales; peor remuneración de los trabajadores menos calificados; mejor remuneración de los trabajadores más calificados, lo que, finalmente se traduce en mayor diferencia entre los salarios más bajos y los más altos, es decir, mayor desigualdad social; a cambio de todo esto, digo, el modelo americano presenta mayor crecimiento de la población activa y mayor creación de empleos, de forma que, aun con una importante destrucción de puestos de trabajo, propia de una economía no intervenida, el crecimiento neto del empleo iguala, y hasta supera, el crecimiento de la población activa.

Ante estas contraposiciones, la nueva pregunta es: ¿hay que preferir un modelo en el que sean pocos los parados y lo estén por poco tiempo, aunque los que lo están sufran más las consecuencias del paro? o ¿hay que preferir un modelo en el que hay muchos parados de larga duración, con gran proporción de jóvenes, pero todos ellos se benefician de un generoso y largo subsidio de paro? Estas preguntas nos llevarían a formular la alternativa de otra forma: ¿es mejor un modelo que prima la libertad de iniciativa individual y fomenta la aparición de oportunidades arriesgadas para todos? o ¿es mejor un modelo que busca la seguridad igualitaria, la protección del presente y el futuro de todos, recortando, mediante la intervención del Estado, la libertad individual?

Si esta pregunta la formulamos a los ciudadanos, es indudable que los norteamericanos contestarán que están contentos con su sistema y, de ninguna manera, pretenden la importación a su país del modelo europeo. No sucedería, desde luego, lo mismo si la susodicha pregunta la hiciéramos a la ciudadanía europea, que, acostumbrada a tener cubiertas, sin esfuerzo, todas sus necesidades básicas, contempla la seguridad, universalizada y burocratizada, que el Estado de Bienestar le proporciona, como algo consustancial a su propia forma de vida y a la que no está dispuesta a renunciar.

La preferencia de la opinión pública europea y, tras ella, de los políticos, hacia el modelo vigente en Europa desde la segunda guerra mundial, descansa en la difundida opinión de que el modelo americano, si bien crea pleno empleo, lo hace a costa de aumentar las desigualdades y de sumir a un ingente número de trabajadores a vivir bajo el nivel de pobreza. Sin embargo, ambas cosas son más bien expresión de opciones ideológicas que reflejo de la realidad. En cuanto al nivel de pobreza, es un mito muy difundido, incluso entre quienes defienden el sistema capitalista, la creencia de que en Estados Unidos casi un 14% de la población está sumida en la miseria. Las estadísticas indican otra cosa. Según recientemente ha informado el profesor Pedro Schwartz, de la Universidad Complutense de Madrid, los pobres de la gran república americana gozan en su inmensa mayoría de una situación que envidiarían los miembros de la clase media baja de muchos países, incluidos algunos europeos. La culpa de la creencia de que en Estados Unidos convive una riqueza insultante, casi obscena, con una pobreza creciente, casi de Tercer Mundo, es de la Oficina del Censo de los propios Estados Unidos, creada en 1963 por el presidente Johnson y que, para el año 1997, fijó el umbral de pobreza en los 16.000 dólares. Dejando aparte que la Oficina del Censo exagera el número de personas que perciben menos de esta cifra, veamos cómo viven los 36 millones y medio de americanos que el censo clasifica como pobres. En 1995, el 41% de las familias "pobres" era propietaria de su vivienda, cuyo tamaño medio era de tres habitaciones, un baño y medio, un garaje y un porche o patio. Por si la media engaña, téngase en cuenta que, en todo caso, el 60% de esos hogares considerados pobres tenía dos o más habitaciones por persona, y el 70% tenían un automóvil y el 27% dos o más. Más datos. En Estados Unidos, el 99% de los pobres es dueño de un frigorífico, el 97% tiene televisión en color y casi la mitad de ellos tiene dos televisores de color o más aún. Un poco menos de tres cuartos de esos pobres tiene aparato de vídeo. El 64% tiene horno de microondas, la mitad equipo de estéreo, y más de un cuarto lavavajillas automático. El pobre americano medio vive en una casa tres veces más grande que la del japonés, no pobre, sino medio, y cuatro veces mayor que la del ruso medio. En Estados Unidos, el pobre que vive en un apartamento ocupa 30 metros cuadrados, mientras que la media para la población de Madrid es de 24. Las viviendas americanas pobres podrán parecer miserables a los ojos de la clase media europea, pero sólo el 2% tiene que compartir cuarto de baño, mientras dos tercios de ellas gozan de aire acondicionado. En Estados Unidos quizá sea cierto que los ricos son cada vez más ricos, de lo que no cabe sino felicitarse. Lo falso de toda falsedad es que en Estados Unidos los pobres sean cada vez más pobres.

En lo que respecta al aumento de las desigualdades, tampoco la opinión difundida por los detractores del modelo americano se ajusta a la realidad. Un reciente informe de J.P. Morgan revela que el modelo social europeo es menos igualador de lo que se pretende. Según este estudio, entre 1980 y 1998, la desigualdad en los ingresos y la pobreza han crecido más en Europa que en Estados Unidos. En apoyo de estas conclusiones, el trabajo de J. P.Morgan demuestra que la renta disponible de las familias, en porcentaje del PIB, en el área formada por Alemania, Francia e Italia ha descendido desde el 70,3 por ciento en 1980 al 66,0 por ciento en 1998, mientras que en Estados Unidos subía desde el 69,3 por ciento al 71,3 por ciento. En cuanto a la desigualdad en los ingresos, medida, como es habitual, por el índice de Gini, mientras en Estados Unidos, en el período considerado, la desigualdad ha aumentado sólo un 1,1%, en el área formada por Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Finlandia, la desigualdad, si bien todavía es menor que en Estados Unidos, ha aumentado un 6%. Es decir, el modelo europeo, concebido según sus defensores, para disminuir las desigualdades, lo que ha hecho ha sido aumentarlas. Por lo que respecta al nivel de pobreza, definida en el informe de J. P. Morgan como la renta igual al 50% de la renta media, las cifras demuestran que mientras en Estados Unidos, entre los años 80 y los 90, el número de personas que se halla en esta situación ha disminuido un 4,9%, en el área formada por Alemania, Francia, Italia y Holanda ha aumentado un 23%. Para ser exactos, hay que decir que en el aumento de la desigualdad y la pobreza la sola excepción es Francia, aunque ello se deba a una peor situación de partida en los años 80.

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En el pasado mes de marzo, el Fondo Monetario Internacional realizó su anual visita a España para analizar la situación económica del país. No puedo entrar en el detalle de las conclusiones presentadas al Gobierno. Para mis fines basta decir, en ajustado resumen, que el FMI afirma que España ha realizado bien su tarea para, lograda la convergencia nominal, aprobar, "cum laude", el examen de ingreso en la UME. Pero para acceder a la convergencia real, dentro del Plan de Estabilidad y Crecimiento, el Gobierno debe flexibilizar mucho más la economía, tomando una serie de medidas: privatización y liberalización de los sectores todavía estatalizados o intervenidos, en especial electricidad, gas y telecomunicaciones; aumento de suelo urbanizable y fomento de la vivienda de alquiler; reducción del importe y la duración de la prestación por desempleo; aumento de la edad de jubilación; reforma de los planes de pensiones; supresión del plan de empleo rural; reforma del mercado laboral, flexibilizando las condiciones del contrato de trabajo y su rescisión, y fomentando la movilidad funcional y geográfica; eliminación de las cotizaciones que gravan el trabajo; privatización del sistema de salud, incluida la farmacia; liberalización de los establecimientos de comercio y del horario de apertura al público; etc.

Todas estas recomendaciones del FMI y otras, como la privatización del sistema educativo para introducir la eficiencia mediante la competencia, son necesarias para el crecimiento sostenido, la estabilidad de precios y la creación de empleo, pero el párrafo del informe del FMI que, a mi juicio, tiene más interés es aquel en el que dice que todos los compañeros de España en la UME adolecen de los mismos defectos estructurales y, por lo tanto, España no debe mirar hacia esos países, porque no constituyen un modelo para el logro de los objetivos que España debe proponerse.

Un programa para el futuro de Iberoamérica

Esto es lo mismo que yo quisiera decir a los países Iberoamericanos: no miren a Europa, cuyo modelo está agotado. Si quieren mejorar su situación, miren al país del Norte y procuren introducir en sus respectivos sistemas económico-políticos, los grandes principios, de propiedad privada, mercado, iniciativa individual y gobierno limitado bajo la ley, en que descansa el modelo americano; y construyan su futuro sobre el sólido fundamento de la libertad. Porque, aceptando que ningún sistema de organización social es perfecto, el sistema americano, por ser mejor que cualquier otro desde el punto de vista de la eficiencia y porque no sólo no impide sino que favorece el logro de los objetivos morales, es el sistema que merece ser adoptado, con la sola condición de que las necesidades vitales de aquellos pocos que no son capaces de resolverlas por sí mismos queden cubiertas por el reducido papel subsidiario que corresponde al Estado, y también, o sobre todo, por la sociedad civil, que, en ausencia del intervencionismo estatal, ha dado y sigue dando claras pruebas de solidaridad social, mediante las iniciativas privadas de que está llena la historia de la humanidad. Pero dejando claro que los que no están en esta situación de incapacidad, que son la inmensa mayoría de los ciudadanos, desprendidos de la drogodependencia estatal, deben abordar y resolver, ellos mismos, sus problemas, asumiendo el riesgo del emprendedor -ya que toda persona es empresario de su propio proyecto vital- convencidos del enorme poder creador del riesgo frente a los paralizantes efectos de la seguridad.

Que este programa para el futuro es no sólo deseable sino posible, lo prueba un hecho que, sin pretender, por razones obvias, entrar en disquisiciones país a país, me parece que es suficientemente significativo. En la lista de países ordenados por su nivel de competitividad, que anualmente publica el World Economic Forum, Chile, país que hace tiempo adoptó el modelo de libre mercado, ocupa el lugar 18, no sólo por delante de todos sus colegas iberoamericanos, el segundo de los cuales, México, aparece en el lugar 32, sino también por delante de Austria, Francia, Suecia, Alemania, España, Portugal y Bélgica, entre los europeos.

Es cierto que en Estados Unidos pueden detectarse un sinfín de lacras morales, que desde una recta conciencia, ética y religiosamente bien formada, son inaceptables. Pero estas taras no son atribuibles al sistema económico, entre otras razones porque los mismos y peores fallos se hallan en países gobernados por principios económicos de tipo socialista o socialdemócrata. Para corregir estos defectos lo que hay que hacer, con lo cual vuelvo al principio de mi exposición, no es interferir en el libre funcionamiento del mercado, mediante la intervención estatal; lo que hay que hacer es mejorar el sistema de valores en el que las personas individuales se mueven. Partiendo del convencimiento de que ni la verdad ni la bondad pueden imponerse por la fuerza, ya que sin libertad no hay bien moral posible, la preocupación de todos los que, en una forma u otra, pueden influir sobre el ambiente moral, ha de ser la de procurar, por todos los medios a su alcance, entre los que destaca el ejemplo de la propia conducta, que las personas que se mueven en el campo de la economía se comporten de acuerdo con las normas morales que, por deducirse de la propia naturaleza del hombre, han de ser de carácter universal y permanente. Si esto se logra, es decir, si los cristianos que operan en el sistema capitalista, cualquiera que sea el lugar que en él ocupen, viven, en el ejercicio de su respectiva actividad, las virtudes cristianas; si los no cristianos viven las virtudes morales de acuerdo con la ley natural, que a todos obliga y a todos los que con sinceridad la buscan les es dado conocer, entonces el sistema capitalista, o de economía de mercado, o de libre empresa, como quieran llamarle, producirá, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista ético, los mejores resultados que cabe esperar en esta tierra.


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