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LOS RETOS DE LA AMPLIACIÓN, LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y LAS REFORMAS ESTRUCTURALES Después de la sorpresa producida por el referéndum irlandés rechazando la ratificación del Tratado de Niza, fruto de la Cumbre de diciembre de 2000 que se ocupó principalmente del reparto del poder en la Unión Europea ampliada, la Cumbre de Gotemburgo, celebrada en junio de 2001, ha dejado claro que la decisión de pasar a la ampliación de la Unión es irreversible, aunque quede por definir el ritmo de incorporación de los 12 países candidatos. En efecto, la evolución de las negociaciones para la admisión ha puesto de manifiesto que algunos de los países que debían constituir la segunda oleada de ingreso, y que han iniciado las conversaciones en 2000, han avanzado más que los pioneros, que habían empezado a negociar en 1998. Tal es el caso de Lituania y Eslovaquia que, si bien siguen por detrás de los adelantados Hungría y Chipre, se puede decir que han prácticamente alcanzado a la República Checa y a Estonia, rebasando a Polonia que, siendo el candidato preferido de Alemania, ha quedado muy rezagada. Perspectivas y efectos de ampliación de la U.E. De todo ello se deduce que, superada de alguna manera, como es de esperar, la oposición política de Irlanda, la ampliación de la Unión Europea, con la incorporación de los países de la Europa Central y Oriental (PECOs), puede tener lugar a finales de 2004 o principios de 2005. En estos momentos la opinión prevaleciente en la Comisión es que la incorporación podrá producirse, en bloque, para 10 de los 12 PECOS. Es decir, Hungría, Chipre, Eslovenia, República Checa, Estonia, Eslovaquia, Lituania, Malta, Polonia y Letonia, citadas por el orden de progreso en las respectivas negociaciones. Quedarían fuera de este llamado "big bang" Bulgaria y Rumania, cuya adhesión se demoraría para el final de la década. El Tratado de Adhesión del bloque elegido empezaría a redactarse en 2002, bajo la presidencia española. España, por lo tanto, ha de reflexionar sobre el impacto que la adhesión, en los términos dichos, puede producir en su economía, tanto por lo que se refiere a la ampliación del mercado, como por lo que respecta a la incidencia en el importe de los Fondos Estructurales y de Cohesión que venimos recibiendo de la U.E. Este segundo asunto es el que preocupa a la Administración Pública desde que se empezó a tratar de la ampliación de la U.E. con países de economías tan distintas de las que caracterizan a los que hoy forman la Unión. En el cuadro nº. 1, elaborado con cifras de 1999, últimas disponibles para los PECOs, se ha excluido por falta de datos a Malta, lo que, dado el tamaño de su economía, es irrelevante para los resultados globales. Como se ve en dicho cuadro, el PIB per cápita, a precios de mercado, de la media de los 22 candidatos es igual a 8.502 unidades PPC1 frente a 21.278 para los actuales 15 miembros de la U.E.; es decir, el PIB per cápita medio de los candidatos es tan sólo el 40% del de la media de los socios actuales de la Unión. Lo que significa que, si todos los candidatos entraran de una vez, el PIB per cápita de los 26 países se reduciría a 18.480 PPC, o sea al 86,8% del que ahora tienen los Quince. El efecto estadístico de esta ampliación sería que todos los actuales países de la Unión mejorarían su posición respecto a la media. Concretamente, España, cuadro nº. 2, pasaría de una convergencia del 80,3%, en 1999 a una convergencia del 92,59% con una mejora del 15%, sin que la realidad española hubiera variado en absoluto2.
Si, como hemos dicho antes, lo más verosímil es que en 2004-2005 entren sólo 10 países, la exclusión de Rumania y Bulgaria que, tal como figura en el cuadro nº.1, son los países de renta más baja, daría como resultado que el PIB per cápita medio de los entrantes, prescindiendo de Malta, subiría a 9.637 PPC de 1999, lo que equivale al 45,3% de la media de los Quince. Y el PIB per cápita medio del conjunto de los 24 ascendería a 19.349 PPC, con lo cual la mejora aparente -estadística o mecánica- para los actuales socios sería menor que en el caso de que la ampliación llegara a 26 países (27 con Malta). Por lo que respecta a España, cuadro nº. 2, la convergencia (en 1999) se situaría en el 88,3%, con una mejora aparente del 10%. Sin embargo, teniendo en cuenta el dato de convergencia real alcanzado por nuestro país en 2000, mejorado sin duda en 2001 y muy probablemente en 2002, es predecible que en 2005,
en el momento de la ampliación a 24 (25 con Malta), el efecto estadístico supondrá que España rebasará claramente el 90% del PIB per cápita medio de la Comunidad ampliada, con lo cual perderá el derecho a acceder al Fondo de Cohesión, que es lo que preocupa a nuestras autoridades y centra su postura en el seno de la Comunidad, al objeto de encontrar alternativas para corregir las consecuencias del efecto estadístico, que, sin, evidentemente, reflejar ningún avance real en la convergencia, provocaría la pérdida de las ayudas comunitarias. El asunto no acaba aquí, ya que es preciso analizar el efecto estadístico sobre las regiones españolas que son las beneficiarias de los fondos Estructurales, siempre que su PIB regional no rebase el 75% de la media comunitaria. En el cuadro nº. 3 se observa que, en la actual U.E. constituida por 15 países, 8 regiones españolas, más Ceuta y Melilla, son candidatas a los Fondos Estructurales. Si en la ampliación entraran de golpe los 11 candidatos de los que tenemos datos, más Malta, para constituir una U.E. de 27 países, en el mismo cuadro nº 3 puede verse que, con datos de 1999, el efecto estadístico de tal ampliación haría que sólo tres regiones españolas -Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura- más Ceuta y Melilla, estarían calificadas para optar a los Fondos Estructurales. Sin embargo, el impacto estadístico será
menos extenso si, como venimos suponiendo, la entrada en 2004 ó 2005, excluyendo a Rumania y Bulgaria, se reducirá a 10 países, incluida Malta, para dar paso a una U.E. de 25 países. En efecto, como muestra el mismo cuadro nº. 3, en este supuesto, seis regiones españolas, además de Ceuta y Melilla, seguirían teniendo derecho a los Fondos Estructurales, si su propio desarrollo real no produce un crecimiento que dé como resultado que su PIB regional, rebase el 75% de la media de la nueva Unión de 25 miembros; cosa que es posible sucediera en regiones como Galicia, Asturias y Murcia, que se encuentran más próximas a saltar el listón que Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura que, con Ceuta y Melilla, se hallan a la cola del desarrollo. La eventual pérdida de ayudas comunitarias Antes de seguir avanzando hacia el fondo de la cuestión que desearía abordar, parece conveniente recordar algunos datos sobre la cuantía de los fondos comunitarios para la cohesión y el desarrollo que España recibe en la actualidad, así como los relativos a la pérdida que la ampliación, por causa del efecto estadístico, podría ocasionarnos. Lo primero que hay que saber es que el 87% del total de los recursos asignados a España para el período 2000-2006 corresponden al Fondo de Cohesión, por un importe de 11.160 millones de euros de 1999, y a los Fondos Estructurales del llamado Objetivo nº. 1, destinados a promoción y desarrollo de regiones con atraso estructural, por un importe de 37.744 millones de euros de 1999, lo cual da un total, para ambos conceptos, de 48.904 millones de euros (8,1 billones de pesetas). Lo segundo a señalar es que hasta el año 2006, con independencia de cuando se produzcan las nuevas adhesiones y de cuántos y cuáles sean los países entrantes, la ampliación no tendrá ninguna repercusión sobre el montante de Fondos Estructurales y de Fondo de Cohesión asignados a España para el período 2000-2006. Las eventuales pérdidas de subvenciones tendrían lugar en el nuevo período que se abra a partir de 2007, pérdidas que sí dependerán: 1º) de cuántos y cuáles sean los Estados miembros que se integren antes del 2007; 2º) de a cuánto vayan a ascender, en el nuevo período, los recursos programados y de su distribución entre Fondo de Cohesión y objetivos de los Fondos Estructurales, y 3º) de la evolución económica comparada, en términos de PIB per cápita, tanto a nivel estatal como regional, de los actuales Quince y de los países que se integren, dado que, como ya se ha señalado, el Fondo de Cohesión financia proyectos sólo de aquellos países miembros cuyo PIB per cápita es inferior al 90% de la media comunitaria y los Fondos Estructurales del Objetivo nº.1 sólo se destinan a las regiones con un PIB per cápita inferior al 75% de la media comunitaria. Y puede suceder que, incluso en el supuesto de no producirse ninguna adhesión, determinadas regiones españolas, como ya hemos dicho, dejaran de ser beneficiarias del Objetivo nº. 1 si su evolución económica normal las situara por encima del 75% de la media de los Quince en términos de PIB per cápita. Como también podría suceder que España, por su propio desarrollo, alcanzara el 90% de la media de los Quince, perdiendo así el derecho a los Fondos de Cohesión. Haciendo determinadas hipótesis sobre los extremos reseñados, la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial, del Ministerio de Hacienda, ha llegado a la conclusión de que, a partir de 2007, a consecuencia de la "convergencia estadística" y del aumento de beneficiarios sin aumento de recursos, España, respecto del total de 48.904 millones de euros de 1999, que ahora percibe, podría perder 30.520 millones de euros, de los cuales 11.600 corresponderían al Fondo de Cohesión y 19.360 a los Fondos Estructurales del Objetivo nº. 1. Lo cual significaría una pérdida, con datos de 1999, de más del 60% de lo que actualmente recibimos. Incluso si se lograra anular el efecto estadístico, España, en la hipótesis de no incrementarse los recursos comunitarios para la cohesión, podría perder 18.898 millones de euros, es decir, cerca del 40% de lo que ahora percibe. Se comprende pues, la preocupación de los organismos oficiales españoles frente a la ampliación. Actitud a adoptar ante los fondos comunitarios Ahora bien, a mi juicio, las preguntas pertinentes ante la situación descrita son dos: primera, ¿es realmente tan preocupante la eventual pérdida de subvenciones comunitarias?; segunda, ¿qué tiene que hacer España para seguir la senda del desarrollo dentro de una Unión Europea ampliada, sin fondos estructurales o con ellos? Éstos son los dos temas que deseo abordar para elaborar mi colaboración a esta nueva edición del Libro Marrón del Círculo de Empresarios, en el que he sido una vez más invitado a participar, cosa que me honra y agradezco. En cuanto a la primera pregunta, mi opinión quedó expuesta en un artículo, sin duda políticamente incorrecto, publicado en 1998, a raíz de la puesta en marcha de la Unión Monetaria. En aquella ocasión, apoyé la opinión de algún economista, singularmente alemán, que defendía la supresión de los Fondos de Cohesión para todos los países que, como España, iban a integrar la UEM. La razón es clara y sigue válida al día de hoy. Si los Fondos de Cohesión se crearon para ayudar a los países para que pudieran entrar en la UEM, los que ya están en ella no los necesitan; es mejor que los fondos programados para el próximo período, se destinen a los países que van a entrar en la UE y que están muy lejos de reunir las condiciones para formar parte del área del euro; de esta forma se evitaría tener que aumentar el presupuesto comunitario de gastos, cosa que, a mi entender, es bueno para todos. Se dirá, como se dijo entonces, que a pesar de haber recibido las ayudas comunitarias, España no ha alcanzado todavía la convergencia total con los Quince. Esto es evidente. como se ve en el cuadro nº. 4, en 2000 nuestro PIB per cápita, según datos de Eurostat, representa todavía tan sólo el 80,8% del PIB per cápita medio de los Quince. También están lejos de la convergencia Portugal y Grecia que, junto con Irlanda y España, forman el grupo de los cuatro países que, tanto en el período 1994-1999, como el período 2000-2006, figuran como beneficiarios del Fondo de Cohesión. Pero así como, en 2000, Grecia está en el 67,6% de la media y Portugal en el 73,6%, Irlanda logró la plena convergencia en 1997, y en 2000, con un 118% sobre la media, se ha convertido en el tercer país más próspero de los Quince.
La convergencia española antes y después de entrar en la U.E.- No se trata, por lo tanto, en mi opinión, de una cuestión de ayudas sino de una cuestión de políticas aplicadas por cada país en cada momento. Para comprobarlo basta ver la evolución de nuestra convergencia a lo largo de los cuarenta años que van desde 1960 hasta 2000, recogida en el propio cuadro nº 4. En 1960, cuando no sólo no pertenecíamos a la CEE sino que estábamos lejos de formar parte de la misma, nuestro PIB per cápita, en términos de PPC, era igual al 57,2% del PIB per cápita medio de los países que hoy constituyen la Unión Europea de los Quince. Pues bien, entre 1960 y 1975, sin ninguna ayuda comunitaria, el PIB per cápita español, siempre en PPC, creció al ritmo del 12,02% anual mientras que el de la hoy EU-15 crecía al 9,75%. Este mayor crecimiento español hizo que en 1975 nuestro PIB per cápita subiera al 77,7% de la media de los Quince. ¿A qué se debió esta fuerte mejora? Pues, sencillamente al Plan de Estabilización que, para poner remedio a la crítica situación a que habían conducido las políticas autárquicas, elaboraron en 1959, con el asesoramiento de Juan Sardá, los Ministros Ullastres Calvo y Navarro Rubio, fallecidos, en el intervalo de 12 días, hace poco más de una semana cuando escribo estas líneas. El plan Navarro-Ullastres se basó, esencialmente, en la apertura exterior y el equilibrio interior. En 1957, la crisis de la balanza de pagos con el exterior era insostenible, hasta el punto de que faltaban divisas para las más elementales necesidades de importación. Ullastres, con la sola aprobación de Franco, por lo que yo sé, tomó la decisión de liberalizar los intercambios, acabando con los innumerables y artificiales tipos de cambio de la peseta y fijando el tipo único de 60 pesetas por dólar. El resultado fue inmediato. Los capitales extranjeros empezaron a llegar en masa y el saldo de la balanza de pagos se invirtió. Pero los efectos de esta devaluación se habrían esfumado rápidamente si Navarro Rubio, la otra personalidad del tándem, no hubiera establecido una sana política presupuestaria, mediante el control riguroso del gasto. En consecuencia, el sector público mantuvo sus cuentas equilibradas, de forma que, hasta 1975, todos los años se saldaron con superávit, salvo dos de ellos que lo hicieron con ligerísimo déficit. En el lado de los precios, de una inflación de dos dígitos, 13,6% en 1958, se pasó a un 1,2% en 1960, seguido de una relativa moderación del IPC en los años siguientes. Por otra parte, Ullastres, que estaba convencido de que el proteccionismo, lejos de fomentar el desarrollo, era su mayor enemigo, a pesar de la incomprensión de muchos de sus compañeros de Gobierno que todavía confiaban en el intervencionismo, introdujo todas las medidas liberalizadoras que pudo, con el resultado que hemos dejado consignado sobre el crecimiento del PIB per cápita. Juan Velarde, con conocimiento de causa, ha dejado escrito que Navarro Rubio y Ullastres, al poner en marcha la revolución económica del Plan de Estabilización, cambiaron para siempre a España. Por ello, añado yo, merecen gratitud de la Patria y su memoria debe ser enaltecida, máxime si se tiene en cuenta el papel, largo tiempo miserablemente silenciado, que Ullastres desempeñó en la entrada de España en la CEE, precedida del por él logrado Acuerdo Preferencial, calificado, por fuentes solventes, como el mayor éxito diplomático español en muchos siglos. Pero, desgraciadamente, el modelo Navarro-Ullastres fue demasiado pronto olvidado y ya en los últimos años del anterior régimen, las políticas aplicadas por sus sucesores en el Gobierno para hacer frente a la crisis petrolera de 1973 no fueron ni de lejos las adecuadas para el necesario ajuste, como lo prueba la evolución de la inflación que en 1973 recuperó la senda de los dos dígitos para alcanzar el 24,5% en 1977, fecha en la que, gracias a los Pactos de la Moncloa, propiciados por Fuentes Quintana, empezó a descender paulatinamente, aunque manteniéndose en los dos dígitos, hasta por fin situarse en el 8,8% en 1985, en vísperas de nuestra entrada en la CEE. Sin embargo, el saldo de las cuentas del Sector Público, que desde la transición, al revés de lo que hasta entonces había sucedido, se venían liquidando con desequilibrio creciente, sin duda a consecuencia de que el ajuste a la segunda crisis petrolera de 1999 tampoco fue el adecuado, en 1985 alcanzaron un déficit del 6,9% del PIB, lo que induce a pensar que la reducción de la inflación fue el resultado de la disminución del crecimiento económico al que ahora me referiré. Porque lo que me importa especialmente señalar es que entre 1975 y 1986 año de nuestra entrada en el Mercado Común, el PIB per cápita español en comparación con el medio de los Quince, siempre en unidades PPC, descendió desde el 77,7% hasta 69,9% lo que supone un retroceso del 1% anual acumulativo, durante los once años, frente a una ganancia del 2,1%, anual compuesto, durante los 15 años que median entre 1960 y 1975. Si a partir de 1975 hubiera podido mantenerse el ritmo del 2,1% anual en nuestra aproximación a la media de la UE de los Quince, nos hubiera bastado poco más de 12 años para alcanzar la plena convergencia, que, por lo tanto, se había superado en 1988. No fue así. Pero, aquí, lo que, a mi juicio, interesa considerar, para sacar las pertinentes conclusiones, es que ni en el período 1960-1975, ni en el período 1975-1986, España disfrutó de las ayudas comunitarias procedentes del Fondo de Cohesión y de los Fondos Estructurales. Siendo así que la convergencia es una magnitud relativa y la evolución de la coyuntura económica general afecta tanto a los países que determinan el objetivo a perseguir como al que lo persigue, parece lícito prescindir de este factor -la coyuntura general- cuando se trata de explicar por qué entre 1960-1975 nuestra convergencia mejoró al ritmo del 2,1% anual y entre 1975 y 1985 empeoró retrocediendo a razón del 1% anual. Algunos alegan que ambos períodos no son comparables porque durante el primero estuvo vigente un estilo propio del régimen, que facilitaba las cosas; en cambio, durante el segundo las exigencias de la democracia impedían aplicar determinadas políticas difíciles de consensuar. Nada más lejos de la realidad. Ullastres y Navarro tuvieron que ir a contracorriente del pensamiento dominante en su época y aplicaron políticas ortodoxas que no eran del agrado de la mayoría de los gobernantes. Fabián Estapé, que puede hablar por haber participado en ella, ha afirmado recientemente que la gran operación de política económica iniciada en 1959 tuvo que superar una falta hoy increíble de respaldo político. Fue precisamente después, cuando la tenacidad de Navarro y Ullastres ya no podía ejercerse, cuando las políticas keynesianas, que dominaron el período 1948-1958, volvieron por sus fueros a partir de 1964 y continuaron vigentes después de la transición a la democracia, para llegar al desbarajuste presupuestario vigente desde 1976, a que ya he aludido, y que tuvo su punto culminante, como hemos visto, en 1985 cuando el déficit de las Administraciones Públicas alcanzó el 6,9% del PIB. Por lo tanto, me parece correcto concluir que la diferencia en la tasa de crecimiento de la economía y, por ende, en la senda de la convergencia, entre el período 1960-1975 y el período 1975-1986, no se explica ni por la evolución de la coyuntura general, ni por la diferencia de régimen político, ni por las ayudas comunitarias, ausentes en ambos períodos, sino, pura y simplemente, por las políticas económicas, fiscales y monetarias aplicadas en uno y otro período. A mayor abundamiento, es bueno observar que entre 1985 y 2000, período en el que hemos disfrutado ampliamente de los Fondos Estructurales y de Cohesión, nuestra aproximación a la convergencia real, pasando de un PIB per cápita relativo del 69,9% al 80,8%, ha crecido al ritmo del 1% anual compuesto, porcentaje notablemente inferior al 2,1% experimentado entre 1960 y 1975, sin ninguna ayuda comunitaria. Las ayudas comunitarias y el desarrollo regional.- No pretendo negar que las ayudas comunitarias, recibidas desde nuestra entrada en la UE, habrán sido empleadas útilmente y habrán servido para financiar determinados proyectos en las regiones que se han beneficiado de los Fondos Estructurales. Lo que digo, por un lado, es que no está claro que exista una relación directa entre las ayudas recibidas por una región y el desarrollo de la misma medido por el crecimiento de su PIB per cápita. En primer lugar, porque los Fondos Estructurales se otorgan basándose en proyectos que la región está dispuesta a emprender y esta disposición, que depende de la creatividad de la región misma y de los propios recursos en capital humano y en tecnología disponible, varían de una región a otra. En el cuadro nº. 5, en el que se contemplan las seis regiones menos desarrolladas en 1999, figura el importe de los Fondos Estructurales y de Cohesión que, según informe del Banco de España, ha recibido cada una de estas regiones desde 1991 hasta 1999. Los importes globales van desde 5.590 millones de euros para
Andalucía, hasta 893 millones para Murcia. Si se tiene en cuenta la población de las distintas regiones, lo cual parece razonable para analizar la intensidad de las respectivas ayudas, se observa que las ayudas por habitante, varían considerablemente; desde 694 euros para Castilla-La Mancha, hasta 1.498 para Extremadura, pasando por 1.095 para Asturias. Por otra parte, en el propio cuadro nº. 5 aparece el PIB per cápita de cada región en porcentaje del PIB per cápita medio de la Comunidad, que, como venimos asumiendo, es el indicador elegido para cuantificar la convergencia real de cada región con la UE-15. En el período considerado, cuatro de estas regiones han mejorado su convergencia y dos la han empeorado. En orden de mejor a peor, encabeza la lista Extremadura, cuyo PIB per cápita relativo ha avanzado un 8,46% en los ocho años, y ocupa el último lugar Murcia, cuyo PIB per cápita relativo ha retrocedido un 2,66% en el mismo período. Bien es verdad que Murcia se hallaba cerca de 16 puntos por encima de Extremadura y, a fuer de montañero, no puedo ignorar que es más fácil subir en la falda de la montaña que cuando se está alcanzando la cima. De aquí que me parezca, por lo menos, entretenido intentar ver si hay alguna relación de signo positivo entre los fondos recibidos y el avance del PIB per cápita experimentado. El cuadro permite comprobar que no es exactamente así. Por ejemplo, Asturias ha recibido, per cápita, poco menos que Galicia y mientras Galicia ha mejorado su PIB per cápita relativo un 2,82% en los ocho años, lo que equivale a un crecimiento anual compuesto del 0,35%, Asturias lo ha empeorado un 1,71%, al ritmo del -0,22% anual. Algo parecido sucede al comparar Andalucía y Castilla-La Mancha, que han recibido importes similares y, sin embargo, entre 1991 y 1999, el PIB per cápita de la primera ha crecido el cincuenta por ciento más que el de la segunda. El riesgo de la "protección" comunitaria.- Por otro lado, pienso que existe el riesgo de que la "protección" contra la competencia, proporcionada por los fondos comunitarios, redunde en el adormecimiento de la creatividad que debe ser puesta a prueba en un marco de libre competencia con el exterior, único camino para que mejore nuestra productividad y competitividad, para, a la postre, lograr que nuestro crecimiento sea lo suficientemente superior al de los demás, a fin de alcanzar lo antes posible la convergencia total. De hecho actualmente no es así. Fuentes nacionales y extranjeras denuncian continuamente la escasa competitividad de la economía española que, según la Comisión Europea, es la peor de la Unión. Esta opinión se confirma al analizar los datos facilitados por el Banco de España, sobre la evolución de la competitividad frente a los países desarrollados y frente a la zona del euro, recogidos en el cuadro nº. 6. En efecto, si bien, frente al conjunto de los países desarrollados, parece que en el año 2000 la economía española mejoró su competitividad, al desagregar la evolución en sus dos
componentes, se aprecia que la ganancia se debió exclusivamente al componente nominal, por la depreciación que experimentó el euro a lo largo de todo el ejercicio, ya que el componente de precios tuvo una evolución adversa, al aumentar los precios y costes españoles, en todos los estratos considerados, más que los de los países competidores. Este efecto se aprecia más claramente al analizar la evolución de la competitividad frente a la zona del euro, en la que, en un contexto de moneda única, el componente de precios y costes relativos es el único que determina la evolución de la competitividad, que en 2000, como se ve, ha sido negativa, salvo para el indicador elaborado con precios industriales, que presenta una ganancia de competitividad, y el elaborado con precios de exportación que, si bien pierde competitividad, es en menor medida que en 1999. La ampliación del diferencial de costes, causa de nuestra pérdida de competitividad, se explica, en parte, por el mayor crecimiento de las remuneraciones de los asalariados en España que en la media de los países de la zona euro, a lo que habría que añadir un diferencial negativo en el crecimiento de la productividad aparente del trabajo. En cuanto al diferencial entre los ritmos de crecimiento de los precios de consumo, destaca, sobre todo, el que se mantiene en el componente de servicios. De aquí que el Banco de España, teniendo en cuenta que más del 60% de las exportaciones españolas se dirigen a la zona del euro y que más del 50% de los productos exportados son bienes de consumo -precisamente, los que tienen una mayor elasticidad-precio-, advierte que resulta vital una pronta corrección de los diferenciales de precios y costes, que están comprometiendo la posición competitiva de los productos españoles. En lo que se refiere a la productividad, y concretamente a la de la industria manufacturera, el reciente "informe anual sobre competitividad", presentado por la Comisión Europea, al margen de denunciar el retraso europeo respecto a los EE.UU., señala que España es el único país de la EU-15 que, entre 1996 y 2000, ha reducido su productividad en manufacturas un 1,4%, frente a un crecimiento del 3,2% en la Comunidad y del 5,5% en los EE.UU. Hablando de productividad, en términos generales, es decir, para todos los sectores, es importante recordar que la productividad del trabajo es uno de los factores que, junto con la tasa de ocupación y la tasa de actividad, determinan el crecimiento del PIB per cápita y, por lo tanto, la convergencia. Los datos del INE sobre evolución de la productividad del trabajo, indican -ver cuadro nº. 7- que, después de crecer al 0,58% en 2000, el crecimiento en el segundo trimestre del 2001 se ha quedado en el 0,39%. Estas tasas son, evidentemente, insatisfactorias en orden a la convergencia con la UE, zona con la que, desde nuestra entrada, estamos, en esta materia, perdiendo terreno, ya que desde un nivel del 96% de la productividad media de la UE, en1986,
hemos descendido al 2% en 2000. Bien es verdad, como ha señalado Luis Malo de Molina en un reciente trabajo3, que la evolución de la productividad observada del trabajo resume el comportamiento de la relación capital-trabajo y de la productividad total de los factores; variable que generalmente se considera más adecuada para medir el potencial de crecimiento económico y el grado de eficiencia, y que depende, en gran medida, de la dotación de capital tecnológico y humano y de infraestructuras. Pues bien; es cierto que el nivel de nuestro stock de capital por ocupado, en relación con la UE ha mejorado desde el 88% en 1986 al 91% en 2000, pero no lo es menos que la productividad total de los factores ha descendido desde el 105% en 1986 al 98% en 2000, lo que denota un riesgo para la futura convergencia. Actuaciones a emprender Yo no sé lo que finalmente sucederá con los Fondos Estructurales y de Cohesión, a raíz de la ampliación de la UEM, lo cual depende, en gran parte del resultado de la batalla entre Alemania y Francia. Alemania, que es el primer contribuyente de la Unión, quiere recortar las ayudas, singularmente a la agricultura, para no tener que aumentar el importe de los Fondos con motivo de la ampliación. Francia, que es la gran beneficiaria de la Política Agraria Común, se resistirá con todas las fuerzas que le proporciona el deseo de mantener el voto de sus agricultores. Pero, sea cual sea el resultado y suceda lo que suceda con las ayudas comunitarias en el futuro, insisto en que, a mi juicio, en vez de estar preocupados por los fondos estructurales, que algún día desaparecerán, deberíamos preocuparnos por las reformas estructurales pendientes, entre las cuales, como tan acertadamente viene señalando el Círculo de Empresarios, figuran las relativas a los mercados de bienes y factores de producción, sin olvidar la imprescindible liberalización del suelo, la definitiva reforma del mercado laboral, la plena libertad de horarios comerciales, la transformación del sistema de pensiones; en suma todo aquello que hace que una economía, en régimen de libertad de mercado, sea capaz de crear riqueza y, en consecuencia, aumentar la renta per cápita de los ciudadanos. Pero esto no basta. Para aumentar la productividad total de los factores, que tanta falta nos hace, nos es necesario avanzar en la difusión de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, saliendo de una situación en la que ciudadanos y empresas hacen tan poco uso de ellas que sólo Grecia está peor que nosotros. Nos es necesario también avanzar en investigación y desarrollo, no sólo fomentando la investigación básica, sino, y sobre todo, incidiendo en la aplicación a las empresas de los resultados de la investigación, para innovar en productos y procesos. No en balde los últimos datos publicados por Eurostat, junio 1999, indican que el gasto español per cápita en I + D, expresado en unidades PPC, supone tan sólo el 38% de la media de la UE-15, la cual, a su vez, gasta menos de la mitad de lo que gastan en este concepto los EE.UU. Como siempre, para nuestro rubor, por debajo de España sólo están Portugal (30%) y Grecia (16%). Finalmente, nos hace falta fomentar la creación de empresas, mediante un adecuado tratamiento fiscal, desde luego, pero también eliminando las trabas administrativas que desaniman a los emprendedores. Todas estas actuaciones son siempre necesarias en orden al desarrollo de un país, y los son hoy más que nunca en España para afrontar la ampliación de la Unión Europea, en la que nos hallamos. Pero el análisis de las características de los candidatos a esta ampliación, así como de nuestras relaciones con ellos y de las que mantienen con los mismos países nuestros socios comunitarios, puede dar lugar a recomendaciones más precisas de actuación ante el futuro que se nos avecina. Está, en primer lugar, el estado de nuestras relaciones comerciales con los países que, en una fecha no lejana, formarán parte de la Unión. Según datos de Eurostat, que figuran en el cuadro nº. 8, la Unión Europea en su conjunto ha registrado en el año 2000 un superávit comercial de 33.300 millones de euros con el conjunto de los países candidatos. El 90% del comercio con los países candidatos, tanto exportaciones como importaciones, corresponde al capítulo de bienes manufacturados, entre los que destacan sobre todo la maquinaria y los vehículos. En este capítulo, los candidatos mantienen un considerable déficit comercial con la UE, al igual que también ocurre en el ámbito de los productos químicos.
La entrada de los PECOs en la UE, con la consiguiente eliminación mutua de barreras arancelarias, en pura lógica, ha de redundar en un aumento del intercambio comercial entre ambos conjuntos. Para España, este hecho teóricamente habría de traducirse en un aumento de nuestro comercio bilateral con los nuevos socios. Dado el signo negativo de la balanza comercial de los PECOs con la UE, parece que a los países recién entrados les ha de interesar más exportar que importar. Si esta hipótesis se materializa España debería afrontarla evitando que los precios de exportación más baratos de los PECOs provocaran una sustitución de exportaciones españolas a nuestros socios de la UE. Lo cual significa insistir en el tema, ya abordado a raíz de la evolución de la competitividad, de la batalla para mejorar los precios relativos. Por otro lado, como sea que, a pesar de que el déficit de su balanza de bienes manufacturados pueda hacer pensar lo contrario, estos países han estado protegidos contra la competencia exterior, es verosímil suponer que, una vez entrados, necesitaran también incrementar sus importaciones, brindando una oportunidad a España para colocarles nuestras manufacturas, especialmente bienes de equipo, para lo cual deberemos competir con nuestros socios de la UE, haciendo reaparecer el problema de los precios relativos. Que hay abundante campo para aumentar nuestros intercambios comerciales con los países candidatos se pone de manifiesto cuando la balanza comercial, analizada por grupos de productos en el cuadro nº. 8, se desglosa por países miembros de la UE, como se hace en el cuadro nº. 9. En este cuadro se observa que todos los países de la UE mantienen un saldo comercial positivo con los futuros miembros, a excepción de Portugal que registra un déficit. Pero también se observa el gran dominio de Alemania que absorbe el 43% de las importaciones y el 38% de las exportaciones, seguida de Italia, Francia, Austria y el Reino Unido. España, como puede verse, tiene un papel insignificante, ya que sus exportaciones a los países candidatos se sitúa alrededor del 3,5% del total y su participación en las importaciones es del orden del 2,5%. Parece evidente que debemos despertar, aunque los porcentajes de crecimiento, entre 1999 y 2000, registrados en ambos lados de la balanza, incitan a la esperanza.
Fuente: Statistics in Focus, External Trade, Eurostat. 2001. Por otro lado, las inversiones extranjeras directas en los países candidatos, tal como aparece, para algunos de ellos, en el cuadro nº. 10, indican que importantes porcentajes de la formación bruta de capital fijo de esos países, están siendo financiados por empresas extranjeras. Letonia y Estonia encabezan un ranking que claramente denota que los inversores
extranjeros están apostando, sobre todo, por los países candidatos a miembros de la UE que mejores perspectivas económicas ofrezcan. Y esto es lo que debería hacer España, recuperando el retraso que significa la escasa importancia de la inversión directa española. A tal fin, en orden a seleccionar los países más adecuados para invertir en ellos, puede ser útil el cuadro nº. 11, en el que aparecen las previsiones macroeconómicas, para el período 2001-2003, elaboradas por la comisión Europea para cada uno de los 12 candidatos a la adhesión.
En orden al crecimiento y a la convergencia real dentro de una Unión Europea ampliada, merece capítulo aparte el desarrollo del capital humano, basado, sin duda, en la calidad del sistema educativo. A este respecto, hay que advertir que los países candidatos a la ampliación cuentan con niveles educativos que, en no pocos casos, son superiores a los de algunos de los países de la UE-15. El cuadro nº. 12 informa de los porcentajes de la población entre 25 y 54 años que cuenta con formación a los distintos niveles educativos. En él, además de verse cómo se ordenan los países comunitarios, se observa que, entre los candidatos, Estonia, con un 30% de su población con formación universitaria, ocupa un lugar por delante, por ejemplo, del Reino Unido, Alemania y Francia. Los restantes candidatos, si bien no cuentan con elevados niveles de formación universitaria -lo que no es obstáculo para que, con excepción de Rumania, se sitúen, en este concepto, por encima de Italia, Portugal y, sorprendentemente Austria- disfrutan, en cambio, de un excelente porcentaje de la población con enseñanza secundaria superior o formación profesional. España ocupa en este ranking un lugar nada envidiable, puesto que el 62% de la población entre 25 y 54 años no tiene más formación que la enseñanza secundaria inferior, de carácter obligatorio, y sólo el 22%, por debajo de casi todos los comunitarios, posee estudios universitarios o equivalentes. El restante 16% disfruta de enseñanza secundaria superior o de formación profesional, nivel en el que cinco países candidatos tienen situado alrededor del 65% de la población entre 25 y 54 años. Si se tiene en cuenta la importancia de la calidad del capital humano para el desarrollo, parece evidente que la preparación de algunos de los candidatos a la ampliación, constituye un reto para España, pero al mismo tiempo brinda una condición muy favorable para incentivar, ya desde ahora, tal como antes someramente mencioné, la inversión directa de capital español con propósitos industriales, en esos países candidatos a la ampliación que, no sólo aportan ventajas
en términos de precios relativos, sino que, además, en la mayoría de ellos, un importante porcentaje de la población en edad de trabajar cuenta con un bagaje de formación profesional que le hace capaz de ser empleado en estos proyectos industriales a realizar en los países candidatos. * * * En resumen, parece que España, ante la ampliación de la Comunidad, haría bien en estar menos preocupada por la eventual pérdida de las ayudas comunitarias y mirar más hacia las posibilidades y retos que la entrada de los candidatos aportarán. En consecuencia, el Gobierno, en vez de consumir dedicación y esfuerzos para hacer pervivir los Fondos de Cohesión, debe seguir en la línea de las reformas estructurales de carácter privatizador y liberalizador que tan buenos resultados dieron en la anterior legislatura y primeros estadios de la actual, ampliándola a todos aquellos aspectos pendientes y que en estas páginas he recordado. Por otro lado, las empresas españolas, tal vez incentivadas fiscalmente o por otros medios, deberían no sólo involucrarse más en el comercio con los países candidatos a la ampliación, sino también decidirse a invertir capital en proyectos industriales en esos países, con lo cual, además de contribuir a su desarrollo y prosperidad, podríamos lograr que se convirtieran en excelentes plataformas para exportar productos de matriz española, tanto a la zona euro como a la extracomunitaria.
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