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OBJETIVO: PRODUCTIVIDAD El tema elegido por el Círculo de Empresarios para el Libro Marrón de este año responde al título "Políticas para prolongar la expansión". El del año pasado, en el que también tuve el honor de figurar entre los participantes, el libro versaba sobre "El desafió de la convergencia real". Me atrevería a decir que se trata de lo mismo, enunciado de distinta manera, ya que la convergencia forzosamente se basa en una mayor expansión relativa; es decir, que el crecimiento de nuestro PIB per cápita crezca más aprisa que el PIB per cápita medio de nuestros socios de la Unión Monetaria Europea.
Así ha sido en los últimos 15 años, como se ve en el cuadro nº 1, con la sola excepción de los años 1992 a 1994, período en el que la caída en el crecimiento fue mayor en España que en la media de la UEM. Entre 1985 y 1991 los crecimientos, en media geométrica, fueron el 6,70% en la UEM y el 8,39% en España. Entre 1992 y 1994 los crecimientos, en términos medios, fueron el 3,07 en la UEM y el 1,81% en España. A partir de 1995 y hasta 1999, España recuperó la ventaja, ya que, durante estos últimos cinco años, el crecimiento, siempre en media geométrica, ha sido del 4,22% anual para la UEM y del 5,51% para España. Todo lo cual parece confirmar que en las fases altas del ciclo, España va por delante y en las fases bajas España va por detrás. El resultado final ha sido que el PIB per cápita español, en relación con el PIB per cápita medio de la UEM, ha pasado del 71,0% en 1985 al 81,3% en 1999, con los altibajos que se aprecian en el cuadro nº 2.
Por lo tanto, si queremos que la tendencia hacia la convergencia real de España con la UEM se mantenga y, más aún, se acelere, todo lo que recomendábamos hace un año para asegurar el crecimiento de nuestra economía a un ritmo superior al crecimiento de la población, sigue siendo válido al día de hoy. Desgraciadamente, el obstáculo mayor que ya entonces barruntábamos, es decir, nuestro diferencial de inflación con la UEM, no sólo no se ha desvanecido sino que ha ido a peor. En efecto; aunque los precios en la UEM también han evolucionado al alza, lo cual prueba, en mi opinión, que la política monetaria del BCE no ha respondido a lo que debe ser su objetivo, el diferencial de nuestra inflación con la media de la UEM, medida por los índices armonizados, fue aumentando para situarse en 1,1 puntos porcentuales en diciembre de 1999. En el presente año 2000, puede decirse, como se ve en el cuadro nº 3, que desde mayo el diferencial en contra de España se sitúa en 1,3 puntos porcentuales, ya que si bien ha habido algunas reducciones en junio y en septiembre, debido más al deterioro de la situación de precios en la UEM que a nuestra mejora, el último dato conocido, el de octubre, continua acusando una diferencia de 1,3 puntos entre nuestra inflación y la media de la UEM, hablando siempre de índices armonizados.
Las autoridades económicas tienden a responsabilizar del aumento de la inflación a la crisis del petróleo. Es cierto que el aumento del precio del petróleo afecta a prácticamente todos los aspectos de la economía, tanto interior como exterior, y que la dependencia que España tiene del petróleo, aunque a partir de la década de los 80 se ha reducido drásticamente, es superior a la de Europa, la cual, a su vez, es mayor que la de los Estados Unidos, como se ve en el cuadro nº 4.
Sin embargo, si se desagrega la evolución del índice de precios al consumo (IPC) se observa -cuadro nº 5- que la inflación subyacente, que descuenta la energía y los alimentos no elaborados, que se había mantenido alrededor del 2,2% desde marzo de 1997, a partir de marzo de 2000 empezó a remontar para situarse en el 2,8 en octubre. Lo cual quiere decir que no es correcto atribuir a la subida del petróleo todo el aumento de la inflación. La causa hay que buscarla más bien en el aumento del gasto, sobre todo en aquellos sectores donde, por no operar plenamente la competencia, la subida de precios es más que probable. Tal es el caso de los servicios que, como se ve en el cuadro nº 5, presenta una inflación que, desde hace muchos meses, se mantiene anclada en el 3,5%, muy por encima de la evolución del índice general, y que desde mediados del año 2000 ha empezado a remontar para situarse en el 4,1% en octubre, después de haber tocado el 4,4% en el mes de agosto.
Es normal que el Gobierno esté preocupado por este fuerte rebrote de la inflación, que, a través de la ronda de la negociación de salarios, puede desembocar en una espiral ascendente, como sucedió en el pasado. Pero no es correcto que, en vez de operar por la vía de reducción del gasto presupuestario y no presupuestario; en vez de suprimir las subvenciones milmillonarias a empresas públicas, como es el caso de RTVE; en vez de dejar de avalar a empresas públicas para que puedan financiarse emitiendo deuda; en vez de hacer lo que le corresponde, no es correcto, digo, que el Gobierno pretenda que, accediendo a sus recomendaciones, los empresarios reduzcan sus márgenes y, donde le es posible hacerlo, como, por ejemplo, en el caso de las autopistas, abuse de su poder, recortando, por ley, pero contra toda equidad, las condiciones establecidas en las concesiones, a fin de obligar a la reducción de las tarifas de peaje. El desbordamiento de la inflación hasta el doble del objetivo fijado es evidente que tiene que repercutir en la pérdida de nuestra competitividad frente al exterior, como lo ponen de manifiesto los últimos datos publicados de la Balanza de Pagos, que son los correspondientes al mes de agosto y que aparecen en el cuadro nº 6. En efecto; en los primeros ocho meses de 2000, el déficit de la balanza comercial alcanzó los 23 mil millones de euros con un empeoramiento del 42% respecto al mismo período del año 1999. Si a la balanza comercial se añade la de servicios, que, con una ligera mejora del 6,6% respecto a 1999, ha ascendido escasamente a 16 mil millones de euros, nuestra actividad con el exterior en bienes y servicios se ha saldado con un déficit de 7,2 mil millones de euros, más de 5 veces superior al experimentado hasta agosto de 1999. Este deterioro se incrementa hasta alcanzar un déficit por cuenta corriente cercano a los 11 mil millones de euros, lo que, comparado con los 3,7 mil millones del año anterior, significa un empeoramiento del 194 por ciento. A este resultado final ha contribuido el saldo negativo del conjunto de rentas y transferencias, por 3,8 mil millones de euros, superior también en un 58% al del año anterior.
Si a la cuenta corriente se le añade la cuenta de capital, el saldo conjunto alcanza un déficit de 7.116 millones de euros, superior, en ocho meses, al déficit de 5.414 millones de euros de todo el año 1999. Si se observa que en agosto de 1999 el déficit conjunto de la cuenta corriente y la de capital era sólo de 122 millones de euros y el deterioro se produjo en los últimos cuatro meses, es de temer que la tendencia iniciada en septiembre de 1999 y que ha continuado hasta agosto de 2000, proseguirá hasta fin de año, elevando el déficit de la Balanza de Pagos hasta, tal vez, rebasar los 12 mil millones de euros. En cualquier caso, el cambio de signo a partir de 1999, que puede verse en el cuadro nº 7, es un exponente de la pérdida de competitividad a que veníamos aludiendo.
Conceptualmente hablando, el saldo de la Balanza de Pagos, suma de la cuenta corriente con la cuenta de capital, representa la capacidad o necesidad de financiación de la economía nacional frente al resto del mundo. En el cuadro nº 7 las cifras de la Balanza de Pagos, elaboradas por el Banco de España no coinciden con la capacidad o necesidad de financiación del resto del mundo procedente del Instituto Nacional de Estadística. La discrepancia es debida a la diferencia en las asignaciones temporales practicadas por ambas instituciones. En el último año esta diferencia es mayor a consecuencia del retraso en recibir los datos de Aduanas. De todas formas, las dos líneas discurren paralelamente y expresan con suficiente elocuencia el deterioro de nuestra competitividad. Por otra parte, esta evolución negativa de la competitividad puede verse directamente en los índices que presenta el Banco de España en la monografía "Balanza de Pagos de España", en la edición correspondiente a 1999, extractada en el cuadro nº 8, en el que se aprecia la evolución de la competitividad en su componente nominal, es decir debida a la variación del tipo de cambio, y en su componente de precios. Cuando se analizan los índices de competitividad frente a los países de la UEM, hay que tener en cuenta que, a consecuencia de la introducción del euro en 1999 y de la estabilidad que caracterizó al tipo de cambio de la peseta con las restantes monedas del área en el período previo al establecimiento de la unión monetaria, el componente nominal del índice de competitividad frente a la UEM apenas registró una pequeña depreciación, en media anual, en 1999, como se aprecia en el cuadro nº 8. Por lo tanto, el empeoramiento que registraron la mayor parte de las medidas de competitividad frente a esta zona fue consecuencia de la existencia de diferenciales de crecimiento positivos de los indicadores de precios y costes considerados.
Si en los índices de competitividad se incluyen países ajenos a la UEM, la evolución de la posición competitiva española en 1999 mejora claramente. Ello es debido a la depreciación que experimentó el tipo de cambio nominal del euro frente a las divisas de otros países desarrollados, fundamentalmente frente al dólar y a la libra esterlina. No obstante, el comportamiento de los diferenciales de precios y costes frente al conjunto de la OCDE fue similar al experimentado frente a la UEM, poniendo de manifiesto el origen cambiario de las ganancias de competitividad frente a los países desarrollados en 1999. Debe tenerse en cuenta que, si el euro recuperase niveles más apreciados, que se consideran más acordes con su paridad de equilibrio a largo plazo, las ganancias de competitividad conseguidas en 1999 podrían revertir. A la vista de todo ello, el Banco de España advierte que, tal como ya habíamos comprobado, las pérdidas de competitividad tienen un efecto significativo sobre la balanza comercial, tanto porque gran parte de los productos que exporta la economía española tiene una elasticidad-precio elevada como por su efecto sobre los procesos de sustitución entre producción interior y productos importados. Dado que los intercambios con los países de la zona del euro cubren más del 60% del comercio español de bienes, tras la entrada de España en la UEM cobra especial importancia la consecución de niveles apropiados de competitividad precio mediante un comportamiento moderado de costes y precios, que no implique el mantenimiento de diferenciales positivos y persistentes frente a los restantes países de la zona. Por otra parte, las ganancias o pérdidas de competitividad frente a los países no pertenecientes a la UEM derivadas de los movimientos del euro siempre podrán ser revertidas por la evolución posterior de esta moneda, sin que estos movimientos tengan relación directa con la posición competitiva de la economía española, por lo que frente a estas áreas es necesario mantener también una evolución adecuada de precios y costes. En general, en el nuevo marco de integración de mercados, con moneda única y transparencia de precios, es necesario avanzar en las políticas de desregulación y liberalización que garanticen la contención de precios, costes y rentas. Esta advertencia del Banco de España confirma, en lo que se refiere al papel del Gobierno, la necesidad de seguir combatiendo la inflación que, como es bien sabido, una vez perdida la soberanía monetaria, no puede hacerse más que con una audaz política de reducción del gasto público, al tiempo que se prosigue en el proceso de privatización, liberalización y desregulación de los sectores todavía sometidos a regímenes más o menos monopolísticos, sin olvidar la tantas veces reclamada reforma del modelo de relaciones laborales. En cuanto a la reducción del gasto público, no se piense que con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en el candelero cuando escribo estas líneas, quedará resuelto el problema. Como he dicho en otra parte1 , lo que hay que establecer por ley no es el equilibrio presupuestario, que puede lograrse tanto reduciendo el gasto como aumentando los ingresos presupuestarios, que es lo que parece se está diciendo a las Comunidades Autónomas para que acepten la Ley de Estabilidad, sin reducir sus gastos. Pero es que, además, los ingresos presupuestarios pueden aumentar, aun sin tocar los tipos impositivos, si una favorable coyuntura económica da pie a un aumento de la base tributaria. Lo que hay que establecer por ley es el tope del gasto en porcentaje del PIB, que, de manera gradual, debería reducirse hasta quedar, a mi juicio, en no más del 30 por ciento, ya que este peso del sector público, y menor, es el que tienen aquellos países, como Estados Unidos, en los que la iniciativa privada puede desarrollarse ampliamente, creando empresas, trabajo, riqueza y bienestar. Y vista la incorregible tendencia de los políticos, de todo color, a soslayar, por los más diversas torcidas vías, las asignaciones presupuestarias, la misma ley debería establecer el control de la deuda pública, tanto la emitida por el conjunto de las Administraciones Públicas como la asumida por el Estado, ya que el aumento de la totalidad de la deuda pública en circulación es lo que realmente expresa el déficit habido, aunque, usando de los artificios dichos, la liquidación del presupuesto se presente equilibrada. Por lo que respecta a "la reforma laboral necesaria", el reciente documento del Círculo de Empresarios emitido, bajo el mismo título, el 29 de noviembre de 2000, me exime de repetir lo que tantos, y tantas veces, hemos dicho, en forma más o menos dispersa, ya que el profundo trabajo realizado por el Círculo abarcando el problema en toda su amplitud, constituye una excelente guía para el trabajo que hay que realizar, si el Gobierno, los Sindicatos y las Patronales quieren hacerlo. Sólo diré que resulta patético ver que los responsables gubernamentales de la vertiente económica del Gobierno, después de creerse legitimados frente a los Sindicatos gracias a la intromisión hecha en las tarifas y márgenes empresariales de aquellos sectores en los que han podido interferir, quieran ahora interferir en la negociación salarial, intentando imponer un aumento relacionado con un objetivo de inflación imposible de conseguir si no cambian sustancialmente las circunstancias. Es evidente que pactar salarios sobre la inflación pasada es un error de fondo, ya que lleva en sí el germen del aumento de la inflación futura. Por otra parte, la moderación salarial no sólo es una exigencia de la lucha contra la inflación sino que es la mejor arma contra el desempleo. Como demuestra todos los años, y cada trimestre, la Central de Balances del Banco de España, las empresas que aumentan los gastos de personal por trabajador por encima del crecimiento de los precios, disminuyen sus plantillas; es decir, destruyen empleo. En cambio aquellas en las que los salarios aumentan menos que la inflación, incrementan su número de trabajadores; crean empleo. Sin embargo, lo que es esencialmente malo, tanto en orden a la lucha contra la inflación, como en relación con el fomento del empleo, es el vigente sistema de negociación salarial centralizada que, sin referencia a la productividad ni a la situación de las empresas, impone, indiscriminadamente, salarios que, si bien pueden resultar holgados y hasta insuficientes para algunas de ellas, son totalmente insoportables en otros casos, en especial el de aquellos que desearían lanzarse a la creación de nuevas empresas. Siendo, pues, tan evidente que el actual modelo de contratación colectiva es dañino para el desarrollo del país, el Gobierno, además de propugnar el aumento de la flexibilidad laboral en todos los aspectos, debe, sobre todo, propiciar el cambio del vigente modelo de negociación colectiva centralizada por un nuevo modelo de negociación por empresa o, incluso, individual entre empleado y empleador, que es lo que predomina en los países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda que no por casualidad están entre los más desarrollados. Así como las regulaciones y restricciones en la contratación laboral desaniman la creatividad empresarial, la libertad y la flexibilidad incitan al lanzamiento de nuevas empresas que es lo que los países, y sobre todo España, necesitan para crecer económicamente, aumentando el empleo y el producto nacional. Dicho esto que es lo que corresponde al Gobierno, hay que añadir que ni se puede ni se debe esperar demasiado de él. En el crecimiento hacia la convergencia el papel preponderante que corresponde a la iniciativa privada debe también ser revisado y encaminado hacia el mejor aprovechamiento de los recursos, es decir, hacia el aumento de la productividad. Si el objetivo es aumentar el PIB per cápita, a fin de orientar las acciones conducentes al logro de este objetivo, será bueno descomponer esta relación en sus tres factores: productividad, tasa de ocupación y tasa de actividad.
El cuadro nº 9 deja claro que, si toda la población participa en el disfrute del producto (PIB per cápita), no todos contribuyen a su creación, que es debida sólo a la población ocupada (productividad). Pero no toda la población que está en condiciones y desea ocuparse, que es la población activa, lo logra; sino tan sólo una fracción de la misma (tasa de ocupación). Finalmente, por razones tanto físicas como anímicas, sólo una parte de la población total es población activa (tasa de actividad). Resulta evidente que cuanto mayores sean los tres factores -productividad, tasa de ocupación y tasa de actividad- tanto mayor será el resultado de la multiplicación, que es el PIB per cápita. En el cuadro nº 10 se ejemplariza, con cifras de 1999, la idea expuesta.
El producto por población ocupada, productividad, que resultó ser del 6,8 millones de pesetas, multiplicado por una tasa de ocupación de 84,13% (que es el complemento a cien de la tasa de paro: 15,87%) y multiplicado por una tasa de actividad de 40,52%, se traduce en un PIB per cápita de 2,3 millones de pesetas. Salta a la vista que, con una tasa de ocupación del 92% (tasa de paro: 8%) que parece un objetivo lograble en una economía liberalizada; y con una tasa de actividad del 60%, que existe en otros países (como resultado, entre otras causas, de una mayor presencia de la mujer en el trabajo fuera del hogar), el PIB per cápita habría ascendido a 3,7 millones de pesetas, con un aumento del 58% respecto al PIB per cápita realmente habido en 1999. Se trata desde luego de una hipótesis, en la que puedo haber forzado los supuestos para hacer más palpable lo que pretendía demostrar, pero la tesis es, evidentemente, consistente. De los tres factores que determinan el PIB per cápita, me referiré tan sólo, en forma concreta, a la productividad, porque si nos atenemos a la distancia que en esta materia nos separa del país líder, los Estados Unidos, las posibilidades de mejora son muy grandes. Pero antes de entrar en el fondo de la cuestión, conviene recordar que la productividad aparente del trabajo es el cociente entre el producto obtenido durante un período dado, por lo general un año, y el número de personas ocupadas, a términos medios, durante el mismo período. Es evidente que el cociente puede aumentar tanto aumentando el numerador, producto, como disminuyendo el denominador, ocupados. Parece claro que, en general, el buen camino es el primero, pero a veces sucede que el aumento se produce porque se reduce el denominador. De aquí que la productividad, como indicador económico, puede resultar engañoso, si no se analiza adecuadamente en sus componentes. De hecho, y tenemos no escasas pruebas en España, la productividad aumenta en períodos en los que el paro aumenta, proporcionando una impresión falsa sobre la situación de la economía. Por lo que respecta a las cifras a emplear, el numerador debe ser el PIB en términos reales, es decir, corregido de la inflación, lo que equivale a utilizar las series expresadas en pesetas constantes, es decir, de igual poder de compra. En cuanto al denominador, teniendo en cuenta las modalidades de empleo, parece preferible usar las series de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo que publica el INE. En cualquier caso lo que importa no es tanto la productividad, como su crecimiento en cada período respecto al anterior, puesto que, presentado en esta forma, con las salvedades dichas, sí constituye un indicador del potencial de crecimiento de la economía.
Las series de la Contabilidad Nacional de España, aplicada la metodología SEC 95, no cubren, de momento, más que el período que empieza en 1995, pero pienso que bastarán para nuestros propósitos. Con datos trimestrales y sus variaciones interanuales, expresadas en tanto por ciento, tanto para el producto como para el empleo, medido, como he dicho, en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, la variación de la productividad, trimestre a trimestre, pone de manifiesto, cuadro nº 11, que en 1996 cuando la tasa de paro era del orden del 22%, la productividad mejoró a razón del 1,80% en los dos primeros trimestres y del 1,22% en media del año. A medida que la creación de empleo se ha ido incrementando, la mejora de la productividad aparente del trabajo ha ido disminuyendo para bajar al 0,69% en 1997; al 0,51% en 1998; y al 0,40% en 1999. A mi juicio la escasa mejora de la productividad en los últimos años es la que debe ser tenida en cuenta. La que aparece en los años de más fuerte paro es engañosa y resultado no del aumento del producto, que crecía sólo al 2,5%, sino del estancamiento del número de ocupados. Sin olvidar los años de aún mayor paro, en los que la productividad crecía fuertemente porque el número de ocupados se reducía. La consecuencia es que el actual ritmo de mejora de la productividad, del orden del 0,5% anual, es manifiestamente insuficiente, en vistas a la competitividad. Esto resulta más que evidente si comparamos nuestra productividad con la de los Estados Unidos, que la tiene situada en el 2,8% de mejora anual, o también si la comparamos con los países más dinámicos de la UEM, tales como Irlanda, que está en el 2,7%; Holanda, 1,9%; Bélgica, 1,7%; Alemania, 1,2% etc. Por lo tanto, si queremos aumentar la productividad, aumentando el producto, es preciso avanzar no sólo en investigación y desarrollo sino, sobre todo, en innovación, es decir en la aplicación de los resultados de la investigación a las empresas, tanto para mejorar los procesos de producción reduciendo costes, como para dar paso a nuevos productos y servicios, antes no imaginados. Esto es lo que está sucediendo en los Estados Unidos, donde la aplicación de las nuevas tecnologías a las empresas de la nueva economía, así como a las empresas de los sectores tradicionales, está produciendo un fuerte crecimiento sostenido, a lo largo del mayor período de auge que se recuerda, con pleno empleo y muy reducida inflación. Es cierto que, en el último trimestre la economía de los Estados Unidos se ha desacelerado, pero esto no es más que el resultado que, a la vista del riesgo de recalentamiento, ha querido y provocado la acertada política monetaria de la Reserva Federal. Pero, al margen de este resultado trimestral, lo cierto es que, según reconoce la Comisión de la Unión Europea, la nueva economía en los Estados Unidos lleva cinco años de adelanto frente a Europa. Siendo, pues, claro que el crecimiento del PIB per cápita depende, en primer y sustancial lugar, de la mejora de la productividad, mediante la innovación, resulta evidente que este es el camino que deberíamos seguir nosotros. Pienso que hay fundadas esperanzas de que logremos encauzarlo, ya que la preocupación de los empresarios por la innovación está creciendo. Lo lograremos, se entiende, si el marco institucional determinado por el Gobierno no lo impide, lo cual requiere que, además de la reforma laboral antes expuesta, se retomen las políticas de privatización, liberalización y desregulación que, ignoro por qué razones, han sido abandonadas o paralizadas en los últimos tiempos. Dentro de este marco, es también preciso reforzar la defensa de la competencia que debe quedar confiada a instituciones ajenas al control gubernamental. En esta línea, habría que suprimir el Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente del Ejecutivo, y dotar de verdadera independencia al Tribunal de Defensa de la Competencia, cosa que, por cierto, no se ha visto en el último relevo de su Presidente. |
© 2001 - Rafael Termes |
