El 30 de diciembre de 1987, Juan Pablo II suscribía Sollicitudo rei socialis. En esta Encíclica, el Papa evocaba tres indicadores específicos del subdesarrollo: la crisis de la vivienda, el desempleo o subempleo y la deuda internacional, cuestión a la que la Pontificia Comisión "Iustitia et Pax" había dedicado, un año antes, un documento específico. Después de afirmar que ese último indicador, la deuda internacional, lo era también de la interdependencia existente entre los países desarrollados y los menos desarrollados, el Papa decía, textualmente, que la razón que movió a los países en vías de desarrollo a acoger el ofrecimiento de abundantes capitales disponibles fue la esperanza de poderlos invertir en actividades de desarrollo. En consecuencia, la disponibilidad de los capitales y el hecho de aceptarlos a título de préstamo puede considerarse una contribución al desarrollo mismo, cosa deseable y legítima en sí misma, aunque quizás imprudente y en alguna ocasión apresurada.

Por este mecanismo, el medio destinado al desarrollo de los pueblos se ha convertido en un freno, por no hablar, en ciertos casos, hasta de una acentuación del subdesarrollo.

En 1990, participé en una obra colectiva, promovida por la Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia (AEDOS), sobre la Encíclica Sollicitudo rei socialis y me correspondió hacerme cargo del capítulo "la deuda exterior de los países en desarrollo". Releído ahora aquel texto, compruebo que prácticamente todo lo que entonces decía sigue siendo válido al día de hoy. En efecto, a pesar del tiempo transcurrido y de los diversos y reiterados esfuerzos realizados, parece que los problemas derivados del excesivo endeudamiento de los países pobres siguen subsistiendo. Así puede deducirse de las muchas voces que, a este respecto, se oyen, aunque no todas emiten el mismo sonido. Desde las de aquellos que, sin matizaciones de ningún orden, exigen, en discursos y manifestaciones, que se proceda a la cancelación pura y simple de la deuda de un elevado número de países, hasta las de quienes aseveran que la pretensión de perdonar la deuda de los países del Tercer Mundo es un puro disparate, que sólo objetivos demagógicos impulsan a proponer.

Como siempre, entre ambos extremismos, se sitúan posiciones más equilibradas que, sin dejar de denunciar el comportamiento demagógico de algunos que juegan a lo "políticamente correcto" -ya que son muchos los que, simplemente por bien parecer, se apuntan a reclamar el perdón- admiten, sin embargo, la necesidad de buscar una solución al problema, tanto por razones humanitarias, como para conjurar el riesgo potencial que, para el buen funcionamiento del sistema económico en su conjunto, supone la pervivencia del endeudamiento de los países pobres.

Entre estas posturas equilibradas, está la del Papa Juan Pablo II que, dada su significación como máxima expresión del pensamiento de la Iglesia, quiero traer a colación, porque, a mi juicio, merece ser tenida en cuenta frente a declaraciones de otras instancias eclesiásticas, menos matizadas, sin duda por menos científicamente fundadas, que las del propio Papa.

Juan Pablo II, que en "Tertio Millenio Adveniente" volvió al tema, ahora, con motivo del Jubileo del año 2000, dice: el problema es complejo y no tiene fácil solución. Sin embargo, debe quedar claro que no es sólo de índole económica, sino que afecta a los principios éticos fundamentales y es preciso que encuentre espacio en el derecho internacional, para que sea afrontado y resuelto de forma adecuada según perspectivas a medio y largo plazo. Es necesario aplicar una "ética de la supervivencia" que regule las relaciones entre acreedores y deudores, de modo que el deudor en dificultad no cargue con un peso insoportable. Se trata de evitar especulaciones abusivas, hallar soluciones mediante las cuales los que prestan tengan mejores garantías y los que reciben se sientan comprometidos a realizar reformas globales efectivas por lo que atañe al aspecto político, burocrático, financiero y social de sus países.

Una vez más, el texto del Papa recuerda la postura de la Iglesia en relación con las cuestiones económicas. La Iglesia no tiene competencia técnica para proponer soluciones a los problemas de esta índole. Por esto el Papa no dicta soluciones; dice que se busquen. Porque la Iglesia tiene una palabra que decir cuando está en juego la dignidad humana. Este es el caso, no seguramente por culpa de los prestamistas, aunque a los que en los años 70 y 80 empezaron el juego no quepa eximirles de imprudencia; la culpa, a juicio de economistas prestigiosos, radica más bien en los gobiernos de los países endeudados, como después comentaremos. Pero sea de quien sea la culpa, el hecho es que son muchas las personas que están sufriendo a consecuencia del peso de la deuda, es decir, del pago de sus intereses y amortizaciones.

Y este lamentable hecho, exige que todos aquellos que se sientan con capacidad investiguen y propongan las soluciones que el Papa demanda, como hemos visto, para que los que prestan tengan mejores garantías y los que reciben se sientan comprometidos a realizar reformas globales efectivas. En esta línea se inscribe la convocatoria de este IV Simposio Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra, que estamos celebrando y al que agradezco haber sido invitado.

En primer lugar, parece razonable que, si queremos sugerir soluciones al problema que nos ocupa, lo cual, como es de rigor, supone antes definirlo, recordemos, aunque sea muy brevemente, los orígenes del mismo, las variaciones en su contenido, y la suerte que han corrido las iniciativas puestas en juego en diversos momentos de una historia que dura ya cerca de treinta años. De esta forma, tal vez, resulte posible comprender qué hay que entender, por ejemplo, cuando el documento Al servicio de la comunidad humana: una consideración ética de la deuda externa habla de "aceptar la corresponsabilidad", como una de las premisas básicas para la salida de la crisis, ya que si bien este documento de la Comisión Pontificia "Iustitia et Pax" fue publicada en diciembre de 1986, el Papa, que ya en 1987 lo había asumido, recientemente ha aludido de nuevo a él, confiriéndole el carácter de postura del Magisterio en esta materia.

Para hacer, pues, algo de historia, baste recordar:

1) Que la aparición masiva de deuda exterior de países en desarrollo tuvo lugar con motivo del reciclaje de los fondos procedentes de los países productores de petróleo, entre 1973 y 1979, que la banca internacional realizó, de acuerdo con los modelos de la época, apoyándose en supuestos que los sucesos posteriores, a partir del estallido mexicano del verano de 1982, demostraron que eran falaces.

2) Que las primeras soluciones, basadas en la reestructuración del servicio de la deuda, difiriendo los vencimientos, fracasaron, como lo demostró el hecho de que las reestructuraciones hubieran de repetirse una y otra vez, reestructurando lo ya reestructurado y aplazando lo antes aplazado.

3) Que no corrió mejor suerte el Plan Baker, presentado a finales de 1985, con la pretensión de relanzar el crecimiento económico en los principales países deudores, a los cuales la banca internacional debería suministrar nuevos fondos para el fomento de la inversión, mientras los gobiernos de los países endeudados deberían tomar aquellas medidas necesarias para asegurar este crecimiento de sus economías, eliminando los obstáculos que lo dificultaban y, en particular, aquellas restricciones que hacían al país poco atractivo desde el punto de vista de los inversores extranjeros.

4) Que, a los préstamos de los bancos privados que asumieron directamente el riesgo de impago, se sumaron los otorgados por los mismos bancos privados, dentro del mecanismo de seguro gubernamental de crédito a la exportación, los concedidos directamente por los gobiernos de los países industrializados con cargo a los fondos de ayuda al desarrollo (FAD) y los procedentes de las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros bancos regionales de desarrollo.

5) Que, vista la ineficacia de las soluciones, excesivamente optimistas, hasta entonces preconizadas, en 1989, se produjo la propuesta Brady, que, con el paso del tiempo, ha dado lugar a un cierto número de soluciones válidas dentro de un abanico que comprende, entre otras modalidades, la aportación de nuevos recursos financieros, como los que proporcionan las instituciones de Bretton Woods, tras un oportuno plan de ajuste; la reestructuración y refinanciación de las deudas contraídas con bancos privados, en el seno del Club de Londres, y con entidades oficiales, en el seno del Club de París; y la conversión de la deuda en inversiones, mediante la compra, con descuento, por parte de una empresa que, a su vez, la vende, con menor descuento, al gobierno del país deudor, contra pago, en moneda local, del importe que la empresa destina a financiar su inversión en el país.

6) Que, a pesar de la racionalidad de estos caminos, los escasos resultados obtenidos, han dado paso a la última iniciativa del Banco Mundial y del FMI, bajo el título HIPC (en español, países pobres muy endeudados, PPME) adoptada originariamente en 1996, y reforzada en 1999, con la pretensión de abordar globalmente el problema de la deuda de unos 33 países, puesto que no se prevé que todos los 41 países clasificados como elegibles puedan cumplir las condiciones del proceso, en particular por la persistencia de problemas bélicos en algunos de ellos. (Callando que las armas para estas guerras proceden de los países del G-7). A estos países, a condición de que adopten políticas económicas y sociales apropiadas, se les reduciría la deuda externa hasta niveles que les resulten sostenibles, a fin de evitar que los programas de ajuste y de reforma corran peligro de no llegar a buen fin, a consecuencia de la excesiva carga derivada del servicio de la deuda.

Aunque la iniciativa PPME ha recibido el apoyo oficial de unos 180 países, el informe emitido en abril de este año por el Banco y el Fondo da a entender, por un lado, que hasta ahora son pocos los países endeudados que, habiendo presentado el plan de estrategia global encaminada a fortalecer el buen gobierno y la lucha contra la pobreza, han alcanzado el punto de decisión para implantar la iniciativa. Y, por otra parte, que queda mucho por hacer para identificar recursos suficientes para financiar los costes de la iniciativa PPME, estimados, en términos actualizados, en unos 28.200 millones de dólares, a repartir, en partes iguales entre los acreedores bilaterales y los multilaterales.

Las expectativas del Comité Ministerial conjunto del Banco y del Fondo son que, si bien se prevé que posiblemente 20 países podrían llegar a reunir las condiciones para recibir alivio de la deuda este año, ello depende considerablemente de los avances que se logren en cuanto a la formulación por estos países de estrategias válidas para la reducción de la pobreza. Al mismo tiempo, insiste el informe, se volverá cada vez más acuciante la necesidad de obtener suficiente financiación para cubrir los mayores costos del marco reforzado de la iniciativa, ya que los compromisos hasta ahora contraídos por presuntos donantes distan mucho del total necesario.

Llegados a este punto, a la vista de los magros resultados logrados y teniendo en cuenta la persistencia de los escalofriantes datos socio-económicos, sobre todo, de algunos de los países subsaharianos, la pregunta que inmediatamente salta a la mente es si estamos andando por el buen camino. La respuesta depende de la relación que cada uno establezca entre endeudamiento y pobreza. Para aquellos que piensan que la deuda externa es la causa del estancamiento de los países pobres en su pobreza, la subsiguiente pregunta será ¿qué hacer con la deuda? Y las contestaciones serán, desde luego, diversas y distintas. Para unos, representados por las ONG's y otras entidades de muy diversos géneros que protagonizan las campañas sobre este problema, lo que hay que hacer es pura y simplemente perdonar, con carácter inmediato, la totalidad de la deuda a los 50 países más pobres, sin condición alguna, ya que estas organizaciones consideran que las exigencias del Banco Mundial y del FMI, para que la reducción de la deuda vaya acompañada de reformas políticas y medidas económicas de ajuste, son incumplibles, porque estos países necesitan los recursos liberados por el perdón de la deuda para atender a las necesidades de supervivencia de sus poblaciones. Las razones en que se basan las promotoras de la campaña pro perdón total son, por un lado, la miseria, la mortalidad infantil, la corta esperanza de vida, la pésima sanidad y la falta de escolarización en que se debaten estos países más pobres; y, por otro lado, que la cantidad a perdonar no significa apenas nada para los opulentos países industrialmente desarrollados.

Para otros -me refiero todavía a los que piensan que la deuda puede ser causa de la pobreza- lo que hay que hacer con la deuda es "lo justo, ni más ni menos", como decía en noviembre pasado el malogrado Manuel Guitián, funcionario modélico del FMI, añadiendo que, si bien lo justo es pagar las deudas, este principio puede cumplirse mediante acuerdos entre deudores y acreedores que, excluyendo el "riesgo moral" implícito en las soluciones que no son de mercado, distribuyan equitativamente el coste de resolución del problema. Lo cual supone, por parte del acreedor, la reducción e incluso condonación de la deuda, a cambio del compromiso del deudor para reequilibrar la situación económica. En suma, pensaba Guitián y con él entiendo que el Banco y el Fondo, lo justo es mantener la "santidad de los contratos", pero reconociendo que la renegociación, en las circunstancias en que se hace necesaria, es parte de esa "santidad". Como se ve, esta postura es aparentemente menos "generosa" -entre comillas- que la de los partidarios del perdón total.

Pero, hay quienes, sin negar que pueda existir alguna relación entre deuda y pobreza, se muestran más rigurosos, invocando razones en contra de la condonación o reducción de la deuda externa. En síntesis, estas razones son:

1) Que la condonación e incluso la reducción de la deuda, sin condiciones, va en contra de los principios básicos del derecho mercantil, generando en los prestatarios la idea de que se puede pedir dinero sin preocuparse de su devolución.

2) Que si se perdonan las deudas a los países en desarrollo, los bancos y, en general, las instituciones financieras, privadas y públicas, e incluso los gobiernos, no estarán dispuestos a conceder nuevos préstamos a estos países; con lo cual se habrá aliviado la situación actual, a cambio de cerrar las posibilidades del futuro.

3) Que perdonar total o parcialmente la deuda a todos los países clasificados como muy pobres, en forma indiscriminada, crea un problema de justicia comparativa entre los países que realizan esfuerzos para el ajuste estructural y los que no hacen nada en esta línea.

4) Que también existe un problema de discriminación entre acreedores, en favor de los privados, que no están sujetos a las decisiones del Club de París, o del Banco y el Fondo. Este argumento, sin embargo, no parece tener mucha fuerza, ya que los bancos privados que, por lo general, no prestaron a los países que hoy son candidatos al perdón, ya resolvieron sus problemas, acogiéndose a la propuesta Brady, aunque fuera a costa de cancelar parte de sus créditos, cedidos con más o menos descuento; y

5) Que la cancelación de las deudas dañaría la solvencia del FMI, el cual vería endurecidas sus condiciones de financiación.

Las posturas hasta aquí expuestas suponen aceptar, explícita o implícitamente, que existe relación de causalidad entre deuda externa y pobreza. Pero creo que es legítimo pensar que las cosas son de otra manera. En primer lugar, conviene, a mi juicio, recordar que el endeudamiento en sí no es malo, ya que todos los países del mundo, y más todavía los en desarrollo, necesitan capitales para invertir. En este sentido, la concesión y aceptación de créditos es una actividad plenamente normal y razonable, como medio de satisfacer las necesidades de los ahorradores y de los inversores. En un mundo cada vez más internacionalizado, es lógico también que ahorradores e inversores estén situados en países distintos. Esto, en definitiva es lo mismo que decía Juan Pablo II en el primer párrafo, de los que he reproducido, de la Encíclica Sollicitudo rei socialis.

La responsabilidad de los gobiernos de los países

Lo malo, pues, no es estar endeudado; lo malo es, tanto en una empresa como en un país, es hacer mal uso del dinero tomado a préstamo. Pero si, para seguir con el ejemplo de la empresa, los préstamos se invierten en actividades con rentabilidad superior al coste de la deuda, la empresa podrá satisfacer los intereses y devolver el capital prestado a su vencimiento o, caso frecuente, renovar el crédito a satisfacción de los prestamistas. Esto es lo que ha sucedido en determinados países, singularmente de Asia, donde se encuentran los dos tercios de la población de los países en desarrollo y donde no existe crisis de la deuda, porque estos países utilizaron los créditos en proyectos rentables para el desarrollo de su capacidad exportadora. En cambio, los países que tropiezan con dificultades son, por lo general, aquellos que han mal empleado los fondos en gastos consuntivos, en el mejor de los casos, con lo cual su capacidad de repago de la deuda ha quedado reducida a la exportación habitual y poco remuneradora de primeras materias.

Es cierto que los elevados tipos de interés que predominaron, sobre todo en la década de los ochenta, contribuyeron a empeorar las cosas para países altamente endeudados y con bajos precios a la exportación. Pero no es menos cierto que bastantes de ellos han pasado, y siguen pasando, por períodos de alta inflación, y nadie puede negar que la persistencia de este fenómeno desencadena consecuencias desastrosas para la economía de un país. La inflación impide la formación de ahorro nacional y fomenta la fuga de capitales, con lo cual la inversión y el desarrollo quedan seriamente comprometidos. Al final, el precio de la inflación lo pagan los más débiles y pobres. Todo esto es evidente; otra cosa es ponerse de acuerdo en las causas que provocan la inflación en un país.

Tampoco puede negarse que la banca internacional obró imprudentemente en los años setenta otorgando demasiado a la ligera créditos a los países en desarrollo, imprudencia que pagó en términos de rentabilidad para sus accionistas y en términos de imagen de solvencia frente a sus depositantes; y que, finalmente, le obligó a reestructurar los créditos o incluso a venderlos con descuento.

Pero las penalidades que ahora soportan las poblaciones de los países endeudados son la responsabilidad directa de los gobernantes de estos países. Los políticos que gobernaban y, en muchos casos, siguen gobernando los países en desarrollo y que aceptaron los préstamos de los bancos comerciales extranjeros tienen una seria responsabilidad que, a mi entender, se articula en dos vertientes. Por un lado, se opusieron a la llegada de capitales extranjeros en forma de inversión directa, so pretexto de evitar el colonialismo financiero y alegando que las transnacionales que pretendían invertir o aumentar sus inversiones en el área tenían propósitos explotadores, si no expoliadores, cuando en realidad ésta era la forma eficaz de contribuir al desarrollo de la zona. Por otro lado, una vez escogida la opción del endeudamiento, con no menos imprudencia que los prestamistas, hicieron mal uso, cuando no fraudulento e incluso criminal, de los fondos recibidos, en vez de invertirlos para el desarrollo, tolerando o tal vez siendo los autores de la fuga al exterior de una gran parte de los capitales recibidos; aunque no hay que descartar la complicidad de los que, en los países desarrollados, se beneficiaron o incluso pudieron organizar la corrupción.

En cualquier caso, parece claro que los gobiernos de los países deudores tienen, por lo menos, una parte de culpa en el origen del problema, aunque sea extremadamente lamentable que esta culpa la estén pagando poblaciones en niveles ínfimos de renta, sin responsabilidad en el problema, salvo la que pudiera alcanzarles por tolerar tales gobernantes, en el supuesto de que en forma pacífica hubieran podido deshacerse de ellos.

Pero lo que yo quisiera poner de relieve, para iluminar el camino de la verdadera solución, es que, a mi juicio, la deuda externa no es la razón de la pobreza de los países que estamos contemplando. Las cosas son exactamente al revés. La culpa de la pobreza de estos y otros países la tiene el sistema de organización socio-económica y política que impera en ellos. El desarrollo sostenido de un país, según la corriente de pensamiento económico más serio, depende de la existencia de derechos de propiedad bien definidos y protegidos por la ley; de un marco de estabilidad monetaria y presupuestaria; de un sistema fiscal no confiscatorio; de mercados de factores y de productos libres; de la libertad de comercio y de movimientos de capital, y de la existencia de un Estado fuerte pero limitado, garante de la paz interna, del imperio de la ley y de los derechos individuales. Y esto es lo que no han tenido nunca, desde su independencia, ni los países africanos ni la mayoría de los iberoamericanos. Y así se explica que estos países se debatan en el subdesarrollo y sufran una pobreza que no les permite soportar la carga de la deuda.

De aquí que la verdadera cooperación al desarrollo de los países pobres, no consiste en aliviar su deuda sino en ayudarles a transformar sus sistemas económicos para que la inversión y la creación de riqueza en todos ellos sea posible. Y es en este punto donde no tienen razón las ONG's, personificando en estas siglas todos aquellos que sensibilizados por la situación de los países pobres y llenos de buena voluntad, están todavía anclados en la dialéctica Norte-Sur, ignorando que la diferencia entre los países no es la geográfica, Norte o Sur, sino la que se da entre sistemas basados en la libre iniciativa y el mercado y sistemas basados en el intervencionismo estatal, ya sean de corte tradicional ya sean socialistas. Estas ONG's se quejan de que el FMI y el Banco Mundial condicionen el perdón o alivio de la deuda a la realización de reformas políticas y económicas que hagan posible la inversión, sin la cual es imposible la creación de riqueza en cuantía suficiente para erradicar o paliar los penosos efectos de la pobreza. Estas ONG's dicen, como yo les he oído: no es justo que el FMI, el Banco Mundial o el Club de París exijan a los países en desarrollo la adopción de los modelos que imperan en los países desarrollados y que no son los que ellos quieren tener, de acuerdo con su manera de ser. Pero lamentablemente, los modelos que tienen esos países son precisamente los causantes de su pobreza.

Por lo tanto, para ayudar a los países pobres subdesarrollados a salir de su pobreza, no hay que facilitarles subvenciones o donativos, como se ha venido haciendo hasta ahora y que, en muchas ocasiones, sólo han servido para perpetuar las causas del subdesarrollo, como sucede en los países subsaharianos que son los que reciben mayor ayuda per cápita del mundo. Lo que hay que hacer es empujarles a cambiar el sistema, reconociendo la culpa imputable al mundo desarrollado, por haber exportado a esos países las ideas de un socialismo intervencionista, presuntamente igualitario y garante del bien común. Ideas que, si en los países desarrollados, tras reconocer su fracaso, con daños por fortuna no irreparables, dieron paso a concepciones más liberales de la economía, han quedado enquistadas en los países pobres, incapaces de soportar el experimento, con el subsiguiente empeoramiento, en las últimas décadas, de los indicadores socio-económicos, y en primer lugar del PIB per cápita.

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La consecuencia, para mí, es que el mundo desarrollado, no sólo por razones de solidaridad, sino también en interés del equilibrio del sistema financiero global, debe ayudar al mundo en desarrollo; pero que esta ayuda no radica en el perdón de la deuda. Aunque la deuda externa fuera cancelada al cien por cien y de forma inmediata, lo cual no sólo es imposible sino que sería injusto con respecto a los ciudadanos de los países desarrollados, tal cancelación, por sí sola, no resolvería el problema del desarrollo de los países pobres. ¿Cómo, pues, ayudarles de verdad? En mi opinión, por dos principales caminos:

La inversión directa de las transnacionales

El primero, ciertamente, lo ofrece la conversión de la deuda en inversión. Pero no por el procedimiento consistente en cancelar la deuda con el compromiso del gobierno deudor de destinar el importe cancelado a determinadas áreas, aunque puedan ser tan prioritarias como son la sanidad y la educación. El buen procedimiento es el basado en la compra de la deuda, a un precio de mercado o de subasta, por una empresa transnacional de un país desarrollado, la cual previamente ha negociado con el país deudor las condiciones de la cesión de la deuda, contra moneda local. La transnacional empleará este importe para sus proyectos de inversión en el país, habiendo negociado también las condiciones administrativas, legales y fiscales para el desarrollo rentable del negocio que pretende implantar y que creará puestos de trabajo y generará salarios para los nacionales; al tiempo que, si se trata, como será en un buen número de casos, de la producción de bienes destinados a la exportación, dará lugar al ingreso de divisas, mejorando la balanza comercial del país. De esta forma, con la reiteración de los casos, el país, por sus condiciones en materias primas y mano de obra, se irá convirtiendo en un lugar atractivo para la inversión extranjera permanente, por parte de las empresas que, en un mundo globalizado, buscan oportunidades de expansión.

La restricción de la calidad del capital humano.- Es cierto que la experiencia dice que las empresas de los países desarrollados no se animan a la inversión directa en países donde la calidad del capital humano no ha alcanzado un cierto nivel. Y que la inversión aumenta en proporción a la mejora de la calificación profesional de las personas de los países en desarrollo. Pero esta es una razón más para que la ayuda se haga no en forma de donativos, que corren el riesgo de ser dilapidados, sino destinando estos fondos a la creación de instituciones docentes y sanitarias, gobernadas por los países de las empresas inversoras en capital directo, los cuales, estando interesadas en la mejora de la calidad de los recursos humanos, pueden ser invitadas a participar en estos proyectos que, si están bien concebidos, pueden incluso ser rentables.

Es una falacia decir que los métodos de gestión propios de las economías desarrolladas no son aplicables a los países en desarrollo, por causa de la diferencia cultural. La diferencia cultural y, sobre todo, los sistemas políticos imperantes en estos países, lo que provocan es la imposibilidad de que, por el momento, sean esos países los que apliquen el modelo de mercado. Pero si las empresas transnacionales, de acuerdo con los gobiernos de los países afectados y con la colaboración de las instituciones multilaterales, son las que gestionan las actividades empresariales, educativas o sanitarias, las poblaciones, al ver las ventajas que se derivan de ello, sin duda que lo aceptarán.

La venta de agua potable.- Un ejemplo de que es posible hacer inversiones en infraestructura en países en desarrollo, atrayendo capital privado, lo proporcionaba el International Herald Tribune del pasado 7 de abril, relatando lo sucedido en Sudáfrica. La colaboración del gobierno, las administraciones locales, el Banco Mundial y la multinacional francesa Suez Lyonnaise des Eaux ha llevado agua potable a más de 600.000 personas en Cisira, provincia de El Cabo. En este pueblo, como en otros muchos de la región, el agua siempre ha sido gratuita, pero insalubre. Los habitantes de Cisira tenían que caminar a diario dos horas para tomarla del río y transportarla a casa. Era frecuente que la gente del pueblo, en especial los niños, enfermaran por beberla.

Hoy, los habitantes de Cisira se aprovisionan de agua de buena calidad en los surtidores automáticos repartidos por el pueblo. Introducen una tarjeta magnética para abrir la válvula, y así pueden llenar sus cubos. El sistema ha sido construido por Suez Lyonnaise. El agua se extrae del río, es tratada en una depuradora y bombeada hasta los surtidores. Se acabaron las caminatas y las enfermedades causadas por el agua. Hasta ahora, Suez Lyonnaise ha desarrollado, en El Cabo, unos treinta proyectos como éste. El plan se propone llegar a un millón de beneficiarios en el año 2005.

Para que los proyectos tuvieran éxito, hubo que convencer a la gente de que tenían que pagar por el agua potable, lo que suponía cambiar su mentalidad y hacerles ver que la tarifa del agua no era un impuesto, sino el precio de un servicio que tiene un coste de mantenimiento. Pero, se dudaba de que los habitantes, pobres casi todos, tuvieran el dinero necesario. Se puso un precio asequible, 2-3 dólares mensuales, que supone entre el 2% y el 5% de los ingresos de una familia. Y se ha comprobado que los pobres están dispuestos a pagar para tener agua en buenas condiciones. El director de la subsidiaria de Suez Lyonnaise en Sudáfrica, lo tenía claro desde el principio: "Si la gente puede permitirse comprar una cerveza al día, puede permitirse pagar por el agua. Es una cuestión de prioridades". Los habitantes de Cisira lo corroboran: "¿Se imagina lo que era pasarnos la vida yendo al río para sacar un agua sucia y turbia? -dice una mujer del pueblo-. Es magnífico. Por supuesto que conseguimos el dinero".

La lucha contra la corrupción.- Pienso que esta fórmula puede funcionar en muchos de los países pobres y en diversos campos de actuación. Se podrá decir que en el planteamiento hecho cabe la posibilidad del soborno, la extorsión y demás lacras propias del desgobierno y la corrupción. Y es verdad, porque aunque los países implanten políticas fiscales y monetarias acertadas, si en ellos no existe una buena gestión de gobierno, si no cuentan con un sistema jurídico que proteja los derechos humanos, los derechos de propiedad y los contratos, y se enfrente contra la corrupción, el proceso de cambio no será real ni completo. Contra ello, en ausencia de instancias jurisdiccionales adecuadas del país en desarrollo, o mientras éstas, a consecuencia del deseable cambio en las sociedades civiles, no aparezcan, las instituciones de los países de origen de las multinacionales deberían supervisar el comportamiento ético de las mismas. Pero podemos hacer algo más y es utilizar los medios de difusión, que cada vez más escaparán a los controles gubernamentales, para intentar formar a las poblaciones locales en valores democráticos, a fin de que, influyendo en la política, obliguen a modificar los estilos autocráticos de gobierno, siempre propicios a la corrupción.

La apertura de los mercados

El otro camino, para cooperar eficientemente al desarrollo de los países atrasados, es la apertura de los mercados de los países industrializados a las exportaciones de los productos en los que los países pobres gozan de ventajas competitivas. Esta no es tarea fácil ya que tropieza con los intereses de los grupos de presión de los países desarrollados que pretenden protegerse de la competencia de los países pobres, poniendo vallas a la importación de sus productos. Y tropieza sobre todo, con la hipocresía de los gobiernos y de las organizaciones sindicales que, escudándose en razones de incumplimiento de las normas sobre trabajo infantil, horarios laborales y demás reglamentaciones, legislan en favor de las exigencias de los grupos industriales, comerciales o agrícolas, cuyos votos quieren conservar. De esta forma, olvidando que, por ejemplo, los niños de estos países lo que necesitan es sobrevivir, alfabetizarse y poder acceder a una mayor formación, con la pretensión de protegerles contra la explotación infantil, lo que hacen los países desarrollados es perpetuarles en la miseria, aunque luego, para justificarse, harán como que la remedian con dádivas en dinero o alimentos.

Trabajo de los niños y explotación infantil.- Por otra parte hay que distinguir entre la explotación infantil y el trabajo que permite a los niños ganar dinero y adquirir destrezas, sin perjudicar su escolaridad. A este respecto es ilustrativo lo sucedido en Sialkot (Pakistán), gran productora de balones de fútbol cosidos a mano, donde efectivamente se empleaba mano de obra infantil. Pero, los dos tercios de los niños que cosían balones lo hacían a tiempo parcial en casa, y el 80-90% iban al colegio, cosa que, como no podían comprobarla los observadores de la Organización Internacional del Trabajo, motivó la supresión del trabajo a domicilio, con lo cual muchas familias han perdido el salario de los niños, y sus ingresos, por término medio, han descendido alrededor del 20 por ciento.

El error de las ONG's.- Lo chocante en este aspecto es que las ONG's, tan interesadas en la defensa de los países pobres, son los que, con ayuda de gente armada de pancartas y bastones, se encargaron de reventar las recientes reuniones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en Seattle, y del FMI y el Banco Mundial, en Washington, so pretexto de oponerse a la globalización que, según el abanico de organizaciones congregadas, ha de servir para sumir más en la miseria a los países pobres. No se dan cuenta de que están haciendo la tarea sucia a los grupos de interés contrarios a la liberalización del comercio internacional, cuyo principal efecto no sería perjudicar, sino beneficiar a los países menos desarrollados.

Si estos "abogados de los pobres" recordaran que las mejores intenciones si están faltas de racionalidad, producen efectos perversos, rectificarían la dirección de sus tiros y se sumarían a los que pensamos que la política que propugna la apertura de los mercados -tanto de los países pobres como de los ricos- y la instalación en los primeros de empresas extranjeras, en lugar de ser un camino hacia más pobreza y explotación, constituye el único medio para ayudar a esas naciones a exportar, crear puestos de trabajo, elevar su nivel de vida y fomentar una mejor sanidad y educación.

En noviembre de 1999, en vísperas de la reunión de Seatlle, Mike Moore, Director General de la OMC, dirigiéndose a los Ministros de Comercio de los países que, en número superior a 130, iban a congregarse, les exhortaba a declarar la intención de eliminar todos los obstáculos a las importaciones procedentes de los países menos adelantados, convencido de que la aceptación de esta propuesta ofrecería a los ciudadanos más pobres del mundo el don de la oportunidad. Moore reconocía, sin embargo, que, en conversaciones previas con los dirigentes de muchos países desarrollados, su propuesta no había recibido un aplauso generalizado, a consecuencia de las dificultades políticas que entraña la eliminación de obstáculos proteccionistas en sectores como la agricultura, los textiles y el calzado.

Contra esta cerrazón es hacia donde deberían encaminarse las manifestaciones de las ONG's, que dicen tener el respaldo de millones de firmas, porque, según afirma el Director General de la OMC, a pesar de que las exportaciones de los países menos desarrollados no representan más que el 0,25 por ciento del comercio mundial, es de lamentar que los derechos de aduana que los países ricos imponen a los productos procedentes de los países más pobres sean más elevados, por término medio, que los gravámenes de que son objeto los productos de otros países ricos. En Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, el importe de los derechos medios aplicados a los productos de los países menos adelantados es el doble del que se percibe en los demás casos.

Es digno de observar que cuando las Naciones Unidas piden a los países desarrollados que aporten el 0,7% del PIB como ayuda a los países pobres, a todo el mundo le parece bien y, a pesar de la inanidad de esta ayuda, se organizan campañas para que los respectivos gobiernos adopten este objetivo. En cambio, cuando los países pobres demuestran un deseo sincero de participar en el mercado mundial y de adoptar un sistema económico abierto y un régimen comercial liberal, como sucedió en abril en la cumbre de El Cairo, entre la UE y África, los europeos, que sí aceptan aliviar la deuda contra compromisos de reformas, se hacen oídos sordos a la apertura de los mercados. "¿Acaso es mucho pedir -dice Mike Moore- que se brinde a estos países en desarrollo la oportunidad de elevar su nivel de vida mediante un sistema comercial global? Este sistema ha dado muy buenos resultados en países de la cuenca del Pacífico y en algunos de Iberoamérica. Lo mismo puede suceder en otras partes del mundo".

Los errores del proteccionismo.- Se me dirá que la competencia, que deriva del libre comercio, debe ser entre iguales. No es verdad. La desigualdad es la que da lugar al comercio entre países y la competencia, que este libre comercio genera, es la que beneficia a los menos ricos. Al suprimir las barreras aduaneras, creando el Mercado Común Europeo, hemos puesto en situación de libre comercio a países desiguales y es precisamente gracias a las oportunidades que la desigualdad proporciona, como los países más atrasados de la Comunidad Europea pueden ir acercando su renta per cápita a la de los más desarrollados.

Se me dirá, también, que es inútil abrir las barreras a países que no tienen capacidad exportadora. Pero no es verdad que no la tengan. En primer lugar, podrían exportarnos, si no se lo impidiéramos, sus productos agrícolas y sus materias primas. Pero no les dejamos, para proteger de la competencia a nuestros agricultores y demás sectores afectados, que constituyen importantes bolsas de votos para los partidos que quieran permanecer o acceder al gobierno de nuestros desarrollados países. Entre ellos, los europeos, que, dicho sea de paso, han diseñado y sostienen la política agraria común (PAC), que sin exageración puede calificarse como una de las mayores irracionalidades económicas de nuestro siglo. Por otra parte, esta falta de capacidad exportadora en la que se pretende apoyar la inutilidad de abrir el comercio a los países en desarrollo, quedaría corregida si se pusiera en práctica la otra solución que he presentado, es decir, el fomento de la inversión de capital privado de los países ricos en industrias ubicadas en los países subdesarrollados.

La excusa del "dumping social".- Como antes señalé, el argumento en el que se escudan los adversarios de la globalización y especialmente los sindicatos de los países ricos, para oponerse a la apertura de los mercados, es que los países pobres hacen competencia desleal porque producen sin respetar los derechos laborales básicos. Para ilustrar el sinsentido de esta postura, en orden a la cooperación al desarrollo, no me resisto a relatar lo sucedido entre Camboya y los Estados Unidos. En enero de 1999, Camboya firmó un acuerdo con Estados Unidos sobre sus exportaciones textiles. Camboya se comprometía a mejorar las condiciones laborales en ese sector. A cambio, Estados Unidos prometía aumentar un 14% la cuota de importaciones textiles de empresas camboyanas, lo que suponía un aumento de 50 millones de dólares al año. La mayor vigilancia del gobierno camboyano sobre las condiciones laborales tuvo consecuencias positivas para los trabajadores. En un país donde la renta per cápita anual es de 180 dólares y donde los profesores universitarios ganan 20 dólares mensuales, el salario mínimo en la industria textil se fijó en 40 dólares al mes. A partir del acuerdo se autorizó que los trabajadores textiles crearan sindicatos y eligieran a sus representantes. Se hizo obligatorio conceder 19 días de vacaciones pagadas. La perspectiva del aumento de las exportaciones a Estados Unidos hizo que se crearan nuevas empresas, que dieron trabajo sobre todo a mujeres. Es un trabajo duro: diez horas al día, durante seis días a la semana, cosiendo una prenda tras otra. Pero consiguieron ahorrar dinero para mantenerse y ayudar a sus familias.

Llegó el momento de recoger los frutos. Los representantes del gobierno de los Estados Unidos reconocieron que el acuerdo había logrado importantes mejoras laborales, en muy poco tiempo. Pero el sindicato norteamericano del textil se opuso al aumento de la cuota de importación de tejidos camboyanos, asegurando que en Camboya persistían las violaciones de las normas laborales internacionalmente reconocidas. El gobierno de los Estados Unidos cedió y no amplió la cuota. Desde esta decisión, adoptada el pasado diciembre, han cerrado 18 fábricas textiles y multitud de trabajadores han perdido su trabajo y sus ingresos. Pero los trabajadores camboyanos tienen el consuelo de saber que los sindicatos norteamericanos velan por sus derechos laborales. No cabe mayor hipocresía. El libre mercado hubiera enriquecido a los trabajadores del textil camboyano; la intervención estatal, instigada por los intereses de clase, les sume en la miseria.

Ya sé que se muchos opinarán que el camino que propugno para ayudar a los países pobres a salir de su pobreza es demasiado largo, y que lo que necesitan los pobres es ver remediadas sus necesidades de inmediato. No me opongo a que se concedan ayudas en forma de donativos o cancelación de deuda, para necesidades perentorias, pero no como sustitución de los objetivos de fondo. Aquí, como en tantos otros casos, es de aplicación el antiguo apólogo: "si le das a un hombre un pescado, le has resuelto el problema de un día; si le enseñas a pescar, le has resuelto la vida".

Este debería ser el lema de los países desarrollados en relación con los no desarrollados. Hacer lo posible para ayudar a los más pobres a ayudarse a sí mismos. James D. Wolfensohn, presidente del Banco Mundial, cuenta que llegó a la conclusión de que, para abordar el futuro, necesitaba conocer mejor a sus clientes en cuanto personas. Por ello, el Banco emprendió el estudio Voces de los pobres y sus equipos conversaron con 60.000 personas, de 60 países, sobre sus esperanzas y realidades. Después de citar algunas de las voces recogidas, Wolfensohn concluye: Son voces sonoras, una demostración de dignidad. Estas personas representan un activo valioso, no pueden ser simplemente los destinatarios de nuestras obras de beneficencia. Con oportunidades y esperanza, ellos pueden construir su propio futuro. Porque, cuando a los pobres se les pregunta qué es lo que representaría el mayor cambio en su vida, la respuesta es: organizaciones propias para poder negociar con el gobierno, con los comerciantes y con las organizaciones no gubernamentales; programas impulsados por las comunidades, para elegir su propio destino; propiedad local de los fondos, para poner freno a la corrupción.

Que es posible llegar a esta situación de autogobierno y autoestima, lo prueba una de las voces recogidas por el estudio del Banco Mundial; la de Bashiranbibi, de Asia meridional. "Al comienzo tenía miedo de todo y de todos: de mi esposo, del poblado, de la policía. Hoy día no temo a nadie. Tengo mi propia cuenta bancaria. Soy la jefa del grupo que se encarga de los ahorros en el poblado. Hablo a mis hermanas acerca de nuestro movimiento". Lograr que este estado de ánimo se haga realidad para muchos, pasa por el doble camino que he señalado. Uno, fomento de las inversiones industriales en los países en desarrollo, por parte de empresas de los países desarrollados, aprovechando o no la conversión de la deuda y los fondos de contrapartida. Dos, apertura de las fronteras a las primeras materias y productos elaborados de los países pobres, suprimiendo las barreras aduaneras.

Por lo tanto, sin negar que puede haber una ayuda al desarrollo en forma de donativos o, lo que equivale a los mismo, perdonando, con determinadas condiciones, parte de la deuda de los países pobres, pienso que, para no quedarse en las ramas, sino yendo a la raíz del problema, las dos fórmulas que he sugerido pueden inscribirse en la línea de las soluciones, que el Papa nos invitaba a buscar, para resolver el verdadero problema de los países en desarrollo que no es la deuda externa sino su incapacidad, aunque se les liberara de toda la deuda, para salir, por ellos solos, de la situación de pobreza en que se hallan, a consecuencia de los modelos políticos y socio-económicos imperantes en ellos.

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