La convergencia en términos de PIB per cápita

Sin embargo, si lo que desde la entrada en la zona euro queremos plantearnos no es sólo el mantenimiento de la convergencia nominal ya lograda, sino la convergencia real con los países de la UME, debemos, en primer lugar, aceptar que, si bien cabe utilizar otros indicadores, el nivel de convergencia entendiendo por tal la coincidencia en lo que puede llamarse el nivel de vida, puede, en forma sencilla, aproximarse utilizando el PIB per cápita. La relación entre el PIB per cápita de cada país y el del país que lo tenga más elevado o con la media del conjunto de todos ellos, constituye un adecuado indicador del grado de convergencia real. En estos términos, y medido por el patrón de poder de compra (PPC), que es una unidad de cuenta que permite efectuar comparaciones en términos reales, ya que en ella se ha corregido el efecto distorsionador de los distintos niveles de precios, el PIB per cápita español, en relación con el PIB per cápita medio de la UME, ha mejorado sensiblemente ya que ha subido desde 76,7% en 1994, año final de la última fase descendente del ciclo, hasta el 80,0% en 1998, que es el último año para el que el Banco de España, en el informe "Cuentas financieras de la economía española", proporciona datos. Las estimaciones en curso permiten afirmar que la mejoría habría continuado en 1999, para alcanzar posiblemente, como luego veremos, el 81,6% de la media.

La mejora del PIB per cápita español respecto a la UME

La explicación obvia de esta mejora es que, entre 1994 y 1998, el PIB per cápita español, hablando siempre en unidades PPC, ha crecido al ritmo anual compuesto del 5,37%, mientras que el PIB per cápita medio de la UME lo ha hecho al 4,28%. Esta diferencia de más de 1 punto porcentual en la velocidad media de crecimiento, a lo largo de los últimos cuatro años terminados en 1998, es lo que explica la mejora de nuestro PIB per cápita relativo que, volviendo la vista más atrás, no llegaba al 60% en 1960, para, tras diversos episodios de avance y retroceso, alcanzar, como queda dicho, el 80% en 1998.

Este 5,37% de crecimiento del PIB per cápita español es, naturalmente, debido al propio crecimiento del PIB total que, en los últimos cuatro años que estamos considerando, medido en unidades PPC, ha progresado al ritmo del 5,56% anual compuesto, en un contexto de bajo crecimiento de la población total que, en media de los cuatro años, ha sido del 0,18% anual.

Que el PIB per cápita español haya rebasado el 81% del PIB per cápita medio de la UME -en realidad, algo menos de la media de los otros diez compañeros de la Unión Monetaria, ya que, en la media de los once, España tira hacia abajo de dicha media- puede considerarse como satisfactorio, a nivel mundial, aunque no deje de ser verdad que en la Unión Europea ocupamos un lugar de cola, tanto si el PIB per cápita se mide en unidades PPC, como si se mide en euros. Con una singularidad, y es que, si se atiende a la ordenación en 1998 de los 11 países de la Unión Monetaria, se observa, en primer lugar, que, prescindiendo, por su atipicidad, de Luxemburgo, existe una fuerte convergencia , alrededor de las 21.000 unidades PPC, de los PIB per cápita de los cinco países de cabecera, Dinamarca, Bélgica, Austria, Alemania e Irlanda, cuyo espectacular desarrollo en los últimos cuatro años les ha supuesto adelantar a Finlandia, Holanda y Francia; y en segundo lugar, se comprueba que la diferencia entre España y el país que le precede, Finlandia, es una diferencia considerable; nada menos que 3.850 unidades PPC. Si la ordenación de los PIB per cápita se hace a precios y tipos de cambio corrientes, el país que, en 1998, nos precede es Italia y la diferencia alcanza 5.170 euros, o sea más de 860.000 pesetas.

La evolución de la renta per cápita de los españoles

Esta situación de cola en que se halla España, dentro de la UME, no significa que el bienestar de los españoles, si lo medimos por su renta per cápita, no haya mejorado, y mucho, a lo largo de los cuatro últimos años que hemos elegido para estas consideraciones. En efecto, en pesetas corrientes, nuestra renta per cápita, al coste de los factores, ha pasado de 1.455.448 pesetas en 1994 a 1.827.767 pesetas en 1998, lo que significa un aumento del 25,6%, es decir, del 5,86%, anual. Naturalmente que en términos reales el avance no es tan importante, ya que, en poder de compra, la renta per cápita de 1998 equivale a 1.618.152 pesetas de 1994, con un incremento del 11,18% en los cuatro años, lo que, en media, significa un crecimiento real del 2,68% anual; aumento, desde luego, satisfactorio y congruente con un aumento real de la renta total del 2,83% anual, en un periodo, como ya dijimos, de bajo crecimiento demográfico.

Las previsiones para los años 2000 y 2002

Como queda señalado, por más que sea evidente, la mejora dentro de la UME de nuestro PIB per cápita relativo, ha sido debida a que durante el periodo nuestro crecimiento en PIB ha sido superior al de la media de la UME. Nuestros gobernantes, no desmentidos por las previsiones de los organismos internacionales y, entre ellos, la OCDE, nos dicen que España no sólo crece más que la media de la zona euro, sino que seguirá haciéndolo, por lo menos en los dos o tres próximos años, si el mal comportamiento relativo de la inflación no lo echa todo al traste. Las previsiones actuales de la OCDE, en términos de PIB, en pesetas corrientes, son que en 1999 se confirmará, para España, un crecimiento nominal del 6,1% (3,7 real con 2,3 de inflación) frente al crecimiento nominal medio del 3,4% (2,1 real con 1,3 de inflación) en la zona euro, y que, si bien se estima que, en los próximos dos años, eurolandia acelerará su ritmo de expansión, el crecimiento nominal del PIB español en 2000 será igual al 6,0% (3,7 real con 2,2 de inflación) contra el 4,3% (2,8 real con 1,5 de inflación) en la media de la UME, y en 2001 será igual al 6,1% (3,5 real con 2,5 de inflación) contra el 4,4% (2,8 real con 1,6 de inflación).

La experiencia deducida de la información del pasado reciente, permite suponer que los crecimientos del PIB nominal previstos para 1999, 2000 y 2001, tanto para la UME como para España, se traducirán en crecimientos del PIB per cápita expresado en unidades PPC, que serán del 3,8%, 4,8% y 4,9% para la media de la UME y del 5,9%, 5,8% y 5,9% para España. Aplicando estos crecimientos al PIB per cápita español que, como hemos visto, ha llegado en 1998 al 80% del PIB per cápita de la media de la UME, fácilmente comprobaremos que la evolución de nuestro PIB per cápita relativo habrá alcanzado el 81,6% en 1999 y llegará al 82,4% en 2000 y al 83,2% en 2001. Si a partir de este momento, los crecimientos se mantuvieran en la relación 5,9% contra 4,9%, observaremos que, a este ritmo, caracterizado por 1 punto porcentual de diferencia a favor de España, necesitaríamos todavía 19 años para que nuestro PIB per cápita igualara el PIB per cápita de la media de la UME.

El reto ante el futuro

Así, pues, si deseáramos alcanzar antes la total convergencia real, en términos de PIB per cápita, nos sería necesario crecer mucho más aprisa, en relación con la UME, de lo que ahora lo hacemos. ¿Cuánto más? Si pretendiéramos que la plena convergencia se lograra en, por ejemplo, cinco años, y admitiéramos que el PIB per cápita medio de la UME siguiera creciendo al 4,9%, nuestro crecimiento debería ser, por lo menos, del 8,8%; es decir, 4 puntos porcentuales por encima del crecimiento del PIB per cápita de la media de la UME.

Podría ser un reto a imponerse. Sin embargo, no hay que olvidar que el bienestar y, en último término la felicidad, no tiene forzosamente que coincidir con el nivel de vida económico que venimos midiendo con el PIB per cápita. Aunque es cierto que el bienestar material es un presupuesto razonablemente deseable para la vida lograda, hay muchas otras cosas que el hombre puede preferir al nivel de riqueza, tales como, por ejemplo, el ambiente climatológico o el grado de sociabilidad del entorno humano. Lo cual explica que haya españoles que no cambiarían su vida en nuestro país por la de otros países más desarrollados y ricos; y, viceversa, que hay muchos extranjeros procedentes de esos países ricos que voluntariamente se afincan muy a gusto en España.

De aquí que ante lo que, en forma simplificada, venimos llamando la convergencia real, pueden adoptarse dos posturas distintas. Una es considerar que nuestro nivel de riqueza no está mal y que, por lo tanto, no merece la pena afrontar la tarea de lograr una mayor convergencia real, ya que esta tarea exige la implantación de políticas que, a corto plazo, pueden paradójicamente provocar la repulsa de los ciudadanos cuyo mayor bienestar se busca. La otra postura es que, después de haber alcanzado la convergencia nominal, es necesario abordar el camino de la convergencia real, mediante un mayor crecimiento de la economía, a fin de aproximar el nivel de bienestar español al que disfruta el núcleo de referencia de nuestros consocios en la UME. Lo que no puede hacerse es pretender alcanzar la convergencia real relajando las políticas que nos han conducido a la convergencia nominal y que, dentro de la UME, han de ser, no sólo mantenidas, sino reforzadas, ya que la estabilidad es uno de los condicionantes básicos para la mejora de la tasa de crecimiento económico. Dicho de otra forma, sin una verdadera convergencia nominal no puede aspirarse a una mayor convergencia real.

La comparación con la convergencia de Irlanda

Suponiendo que entre las posturas dichas adoptamos la que yo prefiero y que, sin merma de la preocupación por mantener los valores no específicamente económicos, consiste en intentar mejorar nuestra convergencia real, para llegar, en un periodo no demasiado largo, a igualarnos con la media de la UME, tal vez no resulte ocioso volver los ojos hacia el proceso vivido por Irlanda, a cuyo espléndido desarrollo reciente ya he aludido, a fin de averiguar si podemos obtener algún ejemplo a seguir. Veamos.

PIB per cápita.- En 1989, el PIB per cápita de Irlanda -recuerdo que hablaremos siempre en unidades PPC- era el 69% de la media de la UME, frente al 75% de España. En 1992, la posición relativa de Irlanda sobrepasó la de España, alcanzando el 79,8% cuando nosotros estábamos todavía en el 77,7%. A partir de entonces, el PIB per cápita de Irlanda se fue separando fuertemente del de España para, en 1998, rebasar la media de la UME, alcanzando el 107,2% frente al 80% alcanzado por nosotros. Es decir, en un periodo tan corto como diez años, el PIB per cápita irlandés pasó del 69% de la media de la UME al 107,2 de dicha media, gracias a haber crecido al 9,49% anual compuesto, mientras el español crecía al 5,01% y la media de la UME al 4,26%. Hay que añadir que el fuerte crecimiento del PIB per cápita de Irlanda ha sido sostenido y relativamente regular, con un máximo del 12,6% en 1997 y un mínimo del 4,9% en 1993.

Inflación.- Que la lograda, y superada, convergencia irlandesa se debe a un mayor crecimiento es obvio. Lo importante es saber porqué Irlanda, desde 1989, ha mantenido tan fuerte crecimiento. Lo primero que puede decirse es que Irlanda adoptó pronto la cultura de la estabilización. En cuanto a la inflación, en 1986 se hallaba ya en los niveles a los que nosotros no descendimos hasta 1996, y desde aquella fecha se ha mantenido, con raras excepciones, en esta línea de baja inflación para llegar a un incremento interanual de tan sólo el 1,1% en 1997. Bien es verdad que en 1998 la inflación irlandesa rebrotó al 2,2% y que las previsiones para 1999 alcanzan el 2,8%, con incrementos superiores para años siguientes. Aunque esta mayor inflación acompaña a previsiones de crecimiento real del PIB cercanas al 9%, entiendo que Irlanda, en el contexto de pérdida de soberanía monetaria que afecta a todos los países de la UME, deberá corregir este relanzamiento de la inflación si no quiere malograr lo ganado.

Déficit público.- En cuanto a las cuentas públicas, desde 1989 hasta 1995, el déficit total de las administraciones irlandesas se mantuvo alrededor del 2,1% sin rebasar nunca el 2,4%; y, a partir de 1996, año en el que el presupuesto prácticamente se equilibró, todos los años siguientes han presentado superávit, que previsiblemente será del 3,4% en 1999, para llegar al 4% en 2001. Como consecuencia de ello, la deuda pública irlandesa, que en 1989 representaba el 103% del PIB, ha descendido constantemente para, en 1998, suponer tan sólo el 52% del PIB.

Balanza por cuenta corriente.- En lo que se refiere al comercio exterior, puede decirse que Irlanda es una economía fuertemente abierta ya que la suma de exportaciones e importaciones de bienes y servicios asciende al doble de su PNB, con una balanza comercial favorable y con una balanza por cuenta corriente positiva desde 1991, por importes que, en media, han representado el 4% del PIB.

Ahorro e inversión.- En cuanto a la tasa de ahorro privado, Irlanda se halla muy por encima del grupo de países de alto nivel y en cuanto a inversión, su posición iguala la de estos países.

Desempleo.- En el terreno del empleo, Irlanda, que, en 1989, tenía una tasa de paro del 14,7% de la población activa, contra el 17,2% en España, ha logrado una rápida reducción del desempleo, llegando al 7,8% en 1998, con previsiones de bajar al 5,8% en 1999 y al 5% en 2000 y 2001. Este proceso contrasta con el español que después de experimentar un aumento del paro que llegó al 24,1% en 1994, está todavía en el 15,4% en septiembre de 1999.

Costes laborales unitarios.- Por último, en lo que respecta a los costes laborales unitarios, aspecto fundamental en orden a la competitividad de un país frente al exterior, la evolución de los índices que, en base 100 en 1990, expresan el encarecimiento del coste laboral en la totalidad de la economía de cada país, muestran que el índice de Irlanda, con varios años de crecimiento negativo, en 1998 había llegado a 111,7; valor que se halla por debajo de la media de la UME que, en 1998, tenía el índice en 117,3, y desde luego muy inferior al de España que, con un valor del índice igual, en 1998, a 132,4, ostenta el mayor encarecimiento de los costes laborales unitarios de la UME.

Corrientemente se dice que -además de las condiciones de estabilidad de precios, equilibrio presupuestario, apertura de la economía y eficiente uso de los factores productivos gracias a la liberalización de los mercados de bienes y servicios- los factores determinantes del crecimiento económico son el ahorro y la dotación de capital físico, tecnológico y humano; todo lo cual reclama inversión en infraestructuras, en investigación, desarrollo e innovación, así como en educación y formación. Como hemos visto, bastantes de estos condicionantes del crecimiento económico se hallan presentes en el somero recorrido de la economía irlandesa que acabamos de hacer, al tiempo que, en algunos aspectos, poníamos de relieve que la comparación con España resultaba desfavorable para nosotros. No es pues por casualidad que Irlanda, partiendo de una situación peor, no sólo nos haya aventajado en la senda de la convergencia, sino que haya logrado ya superar el PIB per cápita medio de la UME; y nosotros, si todo siguiera como en los últimos cuatro años, todavía tendríamos que esperar no menos de 10 años para lograr la plena convergencia.

No puedo entrar ahora en el análisis detallado de todos los condicionamientos del crecimiento económico recién enumerados pero me parece evidente que en la mayoría de los aspectos nos hallamos en un considerable retraso y que será necesario, todavía, un gran esfuerzo, si queremos situarlos al nivel necesario para que se traduzca en un crecimiento de la productividad y del PIB per cápita superior al medio de la Unión Monetaria.

La productividad aparente del trabajo

Y acabo de referirme a la productividad porque, sin olvidar los efectos de la tecnología, que provoca la mejora en la calidad de los inputs, es evidente que una condición ineludible para el aumento del crecimiento del PIB per cápita, es el aumento de la productividad de la totalidad de los factores y, en especial, de la productividad del trabajo, calculada por el cociente entre el PIB y el número de personas ocupadas. Por ello, pienso que vale la pena detenerse algo en la evolución de la productividad española en los cuatro últimos años, que son los que especialmente venimos contemplando. De acuerdo con los datos de la Contabilidad Nacional, entre 1994 y 1998 la productividad aparente del trabajo, medida en pesetas de 1994, ha crecido al ritmo anual del 1,52% en agricultura, el 1,14% en industria, el -0,53% en construcción y el 0,51% en servicios. Lo cual da una media del 0,81% en el conjunto de los sectores del PIB al coste de los factores. Hay que tener presente que este tan reducido aumento de la productividad hay que imputarlo especialmente a los tres últimos años ya que en 1995 la producción por persona ocupada, para el conjunto de los sectores, todavía creció un 1,93%. El deterioro del crecimiento de la productividad, hasta hacerse negativa en construcción, va en paralelo con el aumento del empleo que, después de la recesión iniciada en 1992, empieza en 1995, lo cual, a pesar del fuerte crecimiento del PIB en términos reales, hace que a partir de 1996 la productividad aparente del trabajo mantenga un incremento reducido.

Esta afirmación es especialmente cierta para 1998, año en el que el incremento del 3,67% en el producto queda diluido por el aumento del 3,45% en el empleo, dejando el incremento de la productividad en el 0,21% para el conjunto de los sectores; incremento que se descompone en aumentos del 1,23% en construcción y del 0,14% en industria, acompañado de reducciones del 0,05% en servicios y del 1,29% en agricultura. A este respecto, es aleccionador lo ocurrido en la construcción, que ha experimentado, con un 6,44%, el mayor aumento sectorial del producto, pero en el que ha continuado la aceleración en el empleo que, en el año, ha crecido un 5,15%, con lo cual la productividad aparente del trabajo en el sector quedó en el 1,23% dicho; cifra que, de paso, mejora la incidencia negativa del orden del 5% que, en la productividad de 1997, ocasionó la construcción.

La conclusión en relación con el crecimiento del PIB per cápita

Estos datos, ponen de manifiesto una dificultad más en el camino hacia nuestra convergencia real con la UME, dificultad que estriba en nuestra baja productividad que, si bien queda parcialmente oculta o disimulada en las épocas de recesión en las que el aumento del paro hace aumentar la productividad por reducción del denominador de la relación, se pone de manifiesto cuando, al aumentar el empleo, no aumenta en mayor proporción el producto. Lo cual, al margen de la incidencia que los esfuerzos para corregir este hecho pueden tener sobre el endémico problema del desempleo y el naciente fenómeno de las prejubilaciones, nos devuelve a los déficit en tecnología, innovación, formación y desarrollo del capital humano, a que antes nos referíamos, además de recordarnos la necesidad de insistir en la lucha contra la inflación, prosiguiendo en el camino de la liberalización total de los mercados de bienes y servicios, para el fomento de la competencia; en el rápido logro del equilibrio presupuestario, no mediante el aumento de los impuestos, que deben reducirse, sino gracias a una mayor reducción del gasto; y todo ello en orden a un más rápido crecimiento de la economía española que aun siendo notable en los últimos años, vemos que no basta para acercarnos rápidamente a la total convergencia real con la UME.

* * *

La convergencia en términos de empleo

Hasta aquí hemos analizado el camino hacia la convergencia real española tomando como parámetro el PIB per cápita comparado. Pero no hay ninguna duda de que otra expresión, y muy importante, del nivel de vida de un país es el grado de empleo existente, ya que el trabajo es la fuente básica para la obtención de los recursos necesarios para mantener y mejorar el nivel de vida. Y es evidente que, si utilizamos como indicador de la convergencia el desempleo español comparado con el que existe en la media de la UME, nuestra situación, en términos estadísticos, queda muy mal parada, ya que tenemos el triste privilegio de ostentar la peor tasa de paro de la UME. Aun después de la reducción lograda, en septiembre de 1999 nuestra población parada representa el 15,5% de la población activa, cuando la media de la UME ha caído por debajo del 10%.

Pero no nos podemos quedar en la cifra agregada del 15% ya que la misma convive con hechos que permiten afirmar que la situación del empleo en España es, por lo menos, paradójica. En primer lugar, nuestra tasa de actividad, es decir, la relación entre las personas que quieren trabajar y la población en edad de trabajar (15 a 64 años), es, con Italia, una de las más bajas de la Unión Europea; en gran parte a causa de la escasa presencia de la mujer en el mercado del trabajo. Lo cual quiere decir que, si al son del cambio de hábitos, fueran más las mujeres que desearan trabajar, el desempleo aumentará ya que, de las mujeres que desean trabajar, el 25% no lo logran. Esta tasa de paro femenino es el doble de la que existe en la Unión Europea. Dejo sin comentario los datos sobre el alto nivel de paro juvenil, que casi dobla la tasa de paro total, y la larga duración del desempleo que para más de la mitad de los parados es superior al año.

El alto desempleo y la escasez de personal

Todos estos aspectos son lamentables, pero lo más chocante es que coexistan con un ambiente, que progresivamente se va formando, y del que podría deducirse que nos hallamos en una situación rayana con el pleno empleo, ya que cada vez son más las ofertas de trabajo que quedan por cubrir, y en numerosas zonas de España y en diversos sectores económicos empiezan a aflorar fenómenos de escasez de personal que generan tensiones salariales y que, en algunos sitios, fomentan la cobertura de la demanda de mano de obra mediante la inmigración de trabajadores extranjeros. Esta escasez de personal, coexistiendo con el paro declarado, se da tanto en actividades de baja cualificación, por ejemplo, la construcción y la agricultura, como en actividades de cualificaciones intermedias como las manufactureras. Y se da no sólo en autonomías con bajo nivel oficial de paro, como Cataluña y Baleares, sino también en aquellas, como Andaucía o Extremadura donde la tasa de desempleo alcanza el 28 por ciento.

Este fenómeno se explica, sin duda, tanto por la falta de adecuación de los presuntos trabajadores a las características requeridas por las empresas, resultado de un sistema de educación y formación profesional totalmente distanciado de la realidad empresarial y social, como por el rechazo por parte de los parados de los puestos ofrecidos, porque les resulta más ventajoso cobrar un subsidio de paro al tiempo que complementan sus ingresos con actividades más o menos remuneradas en el mercado sumergido, poniendo de relieve el tantas veces denunciado efecto desincentivador del sistema estatal de protección del desempleo.

No ignoro el papel, que en el fenómeno descrito, desempeña el rechazo a la movilidad geográfica, explicable por razones obvias, entre las que están las relativas a la vivienda, y hasta justificable por razones de índole familiar como puede ser el trabajo del otro cónyuge y la educación de los hijos. Pero esto no obsta para reafirmar la parte de culpa atribuible al modelo de protección del desempleo, caracterizado por la alta tasa de reposición del salario perdido, dando pie a que según la encuesta de población activa, el 40% de los parados no están dispuestos a aceptar un nuevo empleo con ingresos inferiores a los que tenían.

Es falso afirmar que estamos llegando al pleno empleo

Pero lo más grave del confuso desorden en que se encuentra el tema del empleo y el desempleo en España, en la que las cifras que arrojan las estadísticas quedan oscurecidas por una aparente escasez de mano de obra que permite al Gobierno alardear, con fines sin duda electorales, de la próxima llegada al pleno empleo. De ser ello cierto, la halagüeña consecuencia sería la supresión o drástica reducción del subsidio de desempleo, con notable alivio de las cuentas de la Seguridad Social. Pero la verdad es muy otra. Suponiendo que la población de 16 años y más siguiera creciendo a la exigua tasa del 0,5% anual, como ha sucedido entre septiembre de 1998 y septiembre de 1999; suponiendo que la tasa de actividad, medida por la relación entre la población que quiere trabajar y la población de 16 años y más, se mantuviera en el actual 50%; suponiendo que la creación de empleo creciera a una tasa cercana al 4% anual; para llegar, no al pleno empleo, sino simplemente a la tasa de paro del 10%, que es la media de la UME, se necesitarían dos años. Es decir, que la situación de desempleo que actualmente tiene, en media, la UME, no la alcanzaríamos hasta septiembre del año 2002.

La conclusión en relación con el empleo

La conclusión forzosamente ha de ser que, con las actuales políticas de empleo, no podemos aspirar a una rápida convergencia con la UME en materia de ocupación, dejando aparte que la situación de la eurozona, en este campo, aun siendo envidiable para nosotros, no es, en sí misma, ni de lejos, satisfactoria. Es necesario, pues, un cambio profundo en los principios que han informado la actuación de los sucesivos gobiernos españoles, que tanto si se han llamado conservadores, como socialistas o liberales, han practicado políticas de naturaleza intervencionista e igualitarista. En este sentido, procede: reforma de la dinámica de fijación de salarios, suprimiendo el salario mínimo y modificando el régimen de contratación colectiva; racionalización de las condiciones de contratación laboral, dejando la máxima flexibilidad para establecer las modalidades de remuneración y horario, por ejemplo, a tiempo parcial y fuera del lugar de trabajo, de acuerdo con las necesidades de la empresa, las calificaciones del aspirante al puesto de trabajo y sus particulares deseos; revisión de las condiciones de rescisión del contrato de trabajo, suprimiendo la autorización administrativa para la regulación de empleo, simplificando y objetivando, en vistas a la intervención de la Magistratura, las características del despido procedente y rebajando sensiblemente las indemnizaciones de despido; reducción de los subsidios de paro de forma que la tasa de reposición no rebase, en ningún caso, el 65% y el periodo de percepción sea, como máximo, de 1 año, periodo a partir del cual el trabajador esté sujeto al desempleo asistencial; supresión de las llamadas políticas activas de empleo, como no sean las encaminadas a ofrecer a los parados trabajos no remunerados de interés público, como puede ser la conservación de bosques y otros espacios ecológicos, o la asistencia a centros de formación profesional para capacitar a los parados para optar a los puestos que ofrecen las empresas, so pena de perder el subsidio de desempleo en caso de no aceptación del empleo ofrecido o de no asistencia y aprovechamiento de los medios de formación profesional; reforma del sistema de la Seguridad Social, privatizando, al máximo posible, la prestación de todas las modalidades de cobertura de contingencias, incluida la asistencia sanitaria y la farmacia, quedando reducido el papel del Estado a la función subsidiaria, como mero financiador, de acuerdo con el nivel de renta del usuario. Aliviada así la financiación del presupuesto de la Seguridad Social, podrían y deberían reducirse, si no suprimirse, las cotizaciones sociales a cargo de las empresas.

Estas medidas deben venir acompañadas de otras que, aun siendo de carácter general, tienen indirecta relación con la evolución del empleo, como son por ejemplo, la liberalización del suelo que incidiría en el precio de la vivienda, sobre todo de alquiler, facilitando la movilidad geográfica laboral; la simplificación de los trámites para la constitución de empresas que contribuiría a su creación; y tantas otras reformas para llegar a la plena libertad económica, indispensable para atraer inversión extranjera permanente y fomentar la iniciativa empresarial autóctona, sabiendo que, a pesar de los progresos habidos, España ocupa todavía el lugar 34 en la lista de países ordenados de mayor a menor libertad económica.