A la hora de alegrarnos por la feliz inclusión de España entre los 11 países que, por el momento, integran la Unión Monetaria Europea y por la favorable acogida que, por parte de la Comisión, ha recibido el Plan de Estabilidad y Crecimiento Español, la mayoría, por no decir la totalidad, de los expertos piensan que esta satisfacción ha de quedar matizada por las dos taras, no precisamente ocultas, sino muy patentes, y además íntimamente relacionadas, con las que pasamos a formar parte del concierto europeo.

A saber, por un lado, nuestra tasa de inflación, situada en febrero de 1999 en el 1,8% anual, aun representando un logro de estabilidad nunca alcanzado desde el año 1960, es superior en 1 punto a la media armonizada de la UE y multiplica por seis la del núcleo central representado por Alemania y Francia. Sin olvidar que la inflación subyacente permanece anclada en el 2,3% y que la relativa a los servicios se halla en el 3,6%, superior en 3 décimas al nivel de cierre de 1997, con el riesgo de que esta resistencia a la baja en las tensiones inflacionistas en el sector servicios, se traduzca en una pérdida de competitividad global.

Por otra parte, nuestra tasa de desempleo, situada a fin de 1998 en el 18,17% de la población activa, si bien representa una notable mejora en relación con el 20,32% de fines de 1997, rebasa en más de 8 puntos porcentuales la media de la UEM. Sin embargo, lo más importante no es esta diferencia, sino el peligro en que nos hallamos de que, perdida nuestra soberanía monetaria y cambiaria, el deterioro de la competitividad, resultante de nuestros costes laborales unitarios relativos, tuviera que saldarse por una recesión, que, por lo menos, impediría la continuación del proceso de creación de puestos de trabajo que, desde el primer trimestre de 1994, fecha en la que el desempleo rozaba los 3 millones 800 mil parados, ha logrado absorber las 877 mil personas en que ha aumentado la población activa, reduciendo el número de parados en 830 mil personas, para situarse, al 31.12.1998, en 2 millones 963 mil, que representa, como queda dicho, el 18,17% de la población activa.

En cualquier caso, es decir, aun en el supuesto de que no se agravara a consecuencia de la pérdida de competitividad dentro de la UME, nuestra actual situación de desempleo, a pesar de la mejora reseñada, no puede considerarse en manera alguna satisfactoria. Es más, las declaraciones gubernamentales sobre la posibilidad de que España alcance en tres años el nivel medio de paro de la UME, sólo se sostienen a partir de una hipótesis de bajo crecimiento de la población de 16 años y más y del mantenimiento de la muy reducida tasa de actividad que nos caracteriza. Pero, la insatisfacción que debe producirnos el problema del paro en España, no descansa tan sólo en la elevada tasa del conjunto de los parados, ya que este porcentaje engloba y esconde muchas carencias que conviene analizar.

Está, en primer lugar, la tasa de actividad a que acabo de referirme y que, a pesar de hallarnos en la fase ascendente del ciclo, se sitúa en el 50% de la población mayor de 16 años, seis puntos, por lo menos, inferior a la media de la Unión Europea. Esta baja tasa de actividad española, desagregada por sexos, arroja un 64% para hombres y un 38% para mujeres, confirmando la tradicional ausencia de la mujer en el mercado de trabajo. De hecho, de cada 100 mujeres mayores de 16 años, sólo 38 desean trabajar y no más de 28 lo logran, lo cual explica que la tasa de paro de las mujeres, en relación con la población activa femenina, alcance el 27 por ciento, doblando la tasa de paro masculina. Ambas cosas, la baja tasa de actividad de la mujer y su alta tasa de paro, ponen de relieve la necesidad de profundizar sobre aquellas modalidades de trabajo a tiempo parcial que más podrían satisfacer los deseos de la mujer y facilitar su mayor presencia en el mundo del trabajo.

Otro aspecto negativo del desempleo español es la tasa de paro juvenil. En efecto; de los jóvenes entre 16 y 19 años, sólo un 25% se presenta al mercado de trabajo, lo cual es lógico, y hasta deseable, teniendo en cuenta la dedicación de los jóvenes al estudio o a la formación profesional; pero de éstos, el 44% no encuentra ocupación y se declara en paro. De los jóvenes entre 20 y 24 años, el 60% se declara activo, es decir, con deseos de trabajar, pero de ellos, el 32% no encuentra trabajo, arrojando una tasa de paro que casi dobla la total.

En cuanto a la duración del paro, el aspecto no es más halagüeño, ya que, a finales de 1998, para más del 53% de los parados, el tiempo de desempleo era superior al año.

Sin embargo, siendo preocupante que, en la actual fase alcista del ciclo económico, se mantenga una alta tasa de paro, en general, y del paro juvenil y femenino, en particular, y que la duración del desempleo siga siendo larga, es mucho más preocupante, a mi juicio, que en numerosas zonas de España y en diversos sectores económicos empiecen a aflorar fenómenos de escasez de personal que generan tensiones salariales y que, en algunos sitios, fomentan la cobertura de la demanda de mano de obra mediante la inmigración de trabajadores extranjeros. Resulta, por lo menos, chocante, por no decir escandaloso, que en zonas agrícolas de Andalucía, mientras los "parados" toman el sol en la plaza del pueblo, esperando la hora de ir a cobrar el subsidio de desempleo, las tareas de recolección de frutas corran a cargo de marroquíes.

Esta escasez de personal, coexistiendo con el paro declarado, se da tanto en actividades de baja cualificación, por ejemplo, la construcción y la agricultura, como en actividades de calificaciones intermedias, como las manufactureras. Y se da no sólo en autonomías con bajo nivel oficial de paro, como Baleares, sino también en aquellas, como Extremadura, donde la tasa de desempleo alcanza el 28 por ciento. Esto es tan cierto que los empresarios se han dirigido al Ministerio de Trabajo, pidiendo que se amplíen los cupos de inmigración de mano de obra, tanto sin calificar como especializada.

No hay más remedio que preguntarse por la causa de este singular fenómeno. ¿Es que los parados no reúnen las características requeridas por las empresas que ofertan los puestos de trabajo o es que los parados no quieren optar a dichos puestos porque les resulta más ventajoso cobrar un subsidio de paro, caracterizado por su alta tasa de reposición del salario perdido, al tiempo que complementan sus ingresos con actividades más o menos remuneradas en el mercado sumergido? Ambas cosas pueden darse, denotando lo primero el fracaso de un sistema de educación y formación profesional totalmente distanciado de la realidad empresarial y social; y poniendo de relieve, lo segundo, el tantas veces denunciado efecto desincentivador del sistema estatal de protección del desempleo. En apoyo de esta última afirmación, baste saber que, según la encuesta de población activa, el 40% de los parados no están decididos a aceptar un nuevo empleo con ingresos inferiores a los que tenían y un 72% no están decididos a cambiar de residencia para obtener un empleo.

Vistos los aspectos más significativos del elevado desempleo español, llega el momento de preguntar por las causas y los remedios de la desgraciadamente poco satisfactoria situación actual, aunque algunas de ellas y de ellos ya hayan quedado apuntados al hilo de la exposición. A continuación pasaremos revista a las distintas magnitudes e instituciones económicas para ver si tienen o no influencia en la creación de empleo y en la reducción del paro.

Crecimiento económico. Está generalmente admitido que hay una cierta relación entre crecimiento económico y creación de empleo. Que esta creación de empleo se traduzca en paralela reducción del paro depende de la evolución de la población activa, lo cual, a su vez, depende de la evolución de la población total y de la evolución de la tasa de actividad. De hecho, en España, entre 1974 y 1985, período durante el cual la tasa media de crecimiento anual del PIB fue igual al 1,71%, se destruyeron algo más de 2 millones de puestos de trabajo; y entre 1991 y 1994, con una tasa media de crecimiento del PIB igual al 0,6% se destruyeron 879 mil empleos. En cambio, entre 1985 y 1991 la tasa media de crecimiento del PIB fue el 4,1% y se crearon 1 millón 968 mil empleos; y entre 1994 y 1998, con un crecimiento medio del PIB igual al 3%, se han creado 1 millón 475 mil puestos de trabajo. Comparando estas dos fases expansivas, la primera de 6 años y la segunda de 4 años, se comprueba que el ritmo de creación de empleo entre 1985 y 1991 fue del 2,87% anual, mientras que entre 1994 y 1998 el ritmo medio ha sido del 3% anual, llegando a casi el 3,5% entre 1997 y 1998, a pesar de que la tasa de crecimiento del PIB en la presente fase expansiva del ciclo ha sido inferior a la de la fase anterior. Este hecho puede interpretarse en el sentido de que ha disminuido el umbral de crecimiento económico a partir del cual se crea empleo en España, pero la razón de ello parece que hay que buscarla en las reformas laborales de 1994 y 1997 que, si bien no han sido totalmente satisfactorias, han aportado una cierta mayor flexibilidad en el mercado de trabajo.

Lo dicho permite afirmar que, si el crecimiento económico es un condicionante para la creación de empleo, no es el factor determinante, que más bien radica en la liberalización y flexibilización de los mercados y en especial el del trabajo. Esta afirmación se apoya, entre otras demostraciones, en la comparación de lo sucedido en España y en EE.UU. durante los últimos veinticinco años, período en el que la tasa media de crecimiento del PIB ha sido prácticamente igual en los dos bloques y cercana al 2,5% anual, siendo, en cambio, completamente dispar la creación de empleo y, por ende, del paro, en cada una de las dos zonas; de forma que en EE.UU. se ha llegado desde hace tiempo a un desempleo del 4,5%, lo que equivale a decir al pleno empleo, mientras que en la media europea nos debatimos todavía entre el 10 y el 11% de paro.

La teoría y la praxis nos dicen que en economías flexibles, registrar niveles de paro por encima del pleno empleo es un fenómeno del corto plazo; esto es, el paro aparece con la desaceleración del crecimiento económico en las fases descendentes del ciclo y habitualmente se corrige y desaparece durante la recuperación y la siguiente fase ascendente. En estos plazos relativamente cortos, las desaceleraciones y aceleraciones del crecimiento económico y de la formación de capital son el determinante esencial del nivel de paro. Ahora bien, si el nivel de paro por encima del pleno empleo persiste e incluso crece a lo largo de sucesivos ciclos económicos, entonces existe un paro estructural fundamentalmente independiente del crecimiento económico; de hecho, se invierte el sentido de la causalidad entre empleo y crecimiento económico y no es el crecimiento económico lo que limita el empleo sino las deficiencias del mercado de trabajo las que obstaculizan el proceso de crecimiento. A largo plazo, la visión correcta no es que existe un bajo nivel de empleo y un elevado paro porque el crecimiento económico es insuficiente sino que no se crece más porque las imperfecciones estructurales del mercado de trabajo impiden aumentar suficientemente el nivel de empleo.

Las estadísticas elaboradas a este fin, muestran una clara correlación entre flexibilidad laboral y paro. España, seguida de Francia, tiene el menor grado de flexibilidad y la mayor tasa de paro. EE.UU. y Suiza, por ejemplo, disfrutan de elevada flexibilidad laboral y bajas tasas de paro.

Los salarios. Que el nivel salarial tiene una clara relación con el empleo es tan evidente que, para cualquier observador no avisado, resulta difícilmente explicable que en España, con un alto nivel de paro, con un gran peso del paro juvenil y con una larga duración del desempleo, los salarios puedan evolucionar, en largos períodos, en niveles superiores al índice de los precios de consumo.

Esta anomalía es debida, en gran parte, a que los sindicatos se esfuerzan por aumentar los salarios de los que tienen trabajo, sin preocuparse de los que no lo tienen. De forma que puede decirse, en verdad, que una de las causas del alto desempleo español es la estructura de la negociación colectiva protagonizada por los sindicatos. La existencia de convenios en cascada, la cláusula "erga omnes" y la ultraactividad de los convenios ocasionan la fijación de los salarios a un nivel superior al que resultaría de la negociación de las remuneraciones de acuerdo con las condiciones reales de las empresas y con la capacidad de cada uno de los trabajadores para el desempeño de los cometidos conferidos.

Los efectos negativos de esta sobrevaloración del conjunto de los salarios produce efectos negativos evidentes sobre el empleo. Trabajando con la muestra que facilita la Central de Balances del Banco de España, puede comprobarse que, por ejemplo, en 1997, las empresas que aumentaron las remuneraciones medias en un porcentaje inferior al crecimiento del IPC, aumentaron en más del 2% su número de trabajadores; en cambio las que subieron las retribuciones por encima del IPC destruyeron su empleo en un 4%. Lo mismo ha sucedido en 1998: las empresas que moderaron el incremento de las remuneraciones sin rebasar el aumento del IPC, crearon un 8% de puestos de trabajo; pero las empresas que subieron las remuneraciones rebasando el crecimiento de los precios al consumo, disminuyeron sus plantillas en un 5 por ciento.

La incidencia de la remuneración del trabajo en el nivel de empleo, en España, viene magnificada por el hecho de ser las empresas españolas las que, dentro de la UE, soportan el mayor peso en la financiación de la Seguridad Social, como luego veremos. Las altas cotizaciones de las empresas, añadidas a las que teóricamente soportan los trabajadores, encarecen notablemente el factor trabajo y repercuten negativamente sobre los costes laborales unitarios, dañando nuestra competitividad exterior. Lo cual explica que, para intentar compensar este deterioro, las empresas, como acabamos de ver, reduzcan o no aumenten sus plantillas.

Son muchos los que, relacionando salarios con inflación, culpan a los excesivos salarios de la progresión del nivel general de precios. Es cierto que los altos salarios, dada su incidencia en los costes de producción, contienen en sí un germen de inflación; pero siendo la inflación un fenómeno esencialmente monetario, como afirman unánimemente los cultivadores de la ciencia económica, la tendencia provocada por los salarios no llegará a materializarse en inflación si no hay masa monetaria suficiente para acompañar el crecimiento de los salarios. Dado que, sobre todo en los últimos tiempos, la política de estabilidad de precios ha ido adquiriendo carta de naturaleza, los bancos centrales se han habituado a practicar políticas monetarias congruentes con este objetivo de estabilidad y, en consecuencia, no están dispuestos a emitir moneda para financiar las elevaciones salariales. En este supuesto, está claro que los aumentos excesivos de los salarios lo que acaban provocando no es inflación sino paro, como vengo asumiendo.

No es extraño, pues, que una persona nada dudosa y tan experta en esta materia como es el profesor Julio Segura, después de señalar que, en España, la estructura de las retribuciones salariales es muy rígida, ha afirmado que existe una fuerte evidencia de que la dinámica salarial es responsable de una parte del desempleo español.

El salario mínimo. Aunque los perniciosos efectos del salario mínimo sobre el empleo están implícitos en los argumentos desarrollados en el apartado anterior, pienso que vale la pena extenderse algo sobre esta institución, en la misma medida en que uno de los puntos destacados de la reforma laboral de 1997 es la universalización del salario mínimo de entrada a todo el ámbito nacional y a todas las actividades.

Hace poco, Francisco Cabrillo, Catedrático de Economía Política, recordaba que el salario mínimo es una de esas instituciones que, bien recibidas por la opinión pública, son siempre miradas con escepticismo por los economistas. La causa no es la insensibilidad de los economistas ante la situación de los menos dotados, sino, todo lo contrario, el convencimiento de que los efectos del salario mínimo acaban siendo contrarios a los intereses de aquellos a quienes se pretende proteger. Este convencimiento, dice el profesor Cabrillo y con él todo los economistas sensatos, descansa en la existencia de una relación estrecha entre la productividad de un determinado trabajador y el salario que la empresa está dispuesta a pagarle. Si se fija un salario mínimo por encima del valor de la productividad de una persona carente de la cualificación adecuada o falta de la experiencia necesaria para el desempeño de la labor para la que se le contrata, el resultado será, lisa y llanamente, su expulsión del mercado de trabajo, es decir, el paro. Un trabajo mal pagado, concluye Cabrillo, puede ser -y suele ser- el primer paso hacia un empleo mejor. Esta es la filosofía que impera en los EE.UU., donde el salario mínimo apenas existe y donde la rotación entre empleo y desempleo es alta, con la consiguiente poca duración del período de paro y, en definitiva, la presencia de una exigua tasa de paro que coincide con el paro natural, es decir, aquel que no produce tensiones inflacionistas.

Esta doctrina sobre el salario mínimo que hoy sostienen los economistas liberales es la misma que, en el siglo XVII, defendieron los doctores de la escuela de Salamanca, fundada por Francisco de Vitoria. Todos estos escolásticos consideraron que los salarios eran materia de justicia conmutativa y, en consecuencia, afirmaron que el salario justo descansa en la voluntariedad, el libre consentimiento, excluyendo todo tipo de fraude o engaño. Es decir, el que resulta de la libre negociación entre las dos partes. Y, en línea con lo que vengo diciendo, Leonardo Lessio, en el último período de la segunda escolástica, incluye el caso de aquellos que quieren trabajar para adquirir experiencia y aprender un arte, afirmando que es justo que estos aprendices reciban salarios por debajo del mínimo comúnmente aceptable. La preferencia de los escolásticos de Salamanca por los menos dotados es clara, como lo prueban sus tratados, pero nunca propusieron que se estableciera un salario mínimo, convencidos de que un salario por encima de la productividad del trabajador produciría injusticias y desempleo.

Esta misma tesis es la que, recientemente, ha hecho decir a la OCDE que los altos salarios mínimos y la falta de flexibilidad en la fijación de las remuneraciones, junto con la ausencia de movilidad laboral, frenan el crecimiento en el área del euro y pueden ocasionar crisis nacionales que, en ausencia de políticas fiscales muy rigurosas, pueden traducirse en mayor desempleo.

La reducción del tiempo de trabajo. Que, a lo largo de los años, el tiempo que los hombres dedican al trabajo se ha ido reduciendo es un hecho innegable. Se trata de un triunfo de la técnica, ya que tanto la mejora de los equipos como la organización del trabajo humano redundan en un aumento de productividad, lo cual permite que las personas dediquen menos tiempo al trabajo y más al ocio. En un informe de 1994 de la Comunidad sobre la situación demográfica en la Unión Europea, citado por el profesor Alonso Olea, se lee que el tiempo de trabajo para vivir, en 1900 ocupaba el 34% de la vida humana; en 1990 ocupaba el 11% y hacia el año 2020 ocupará, previsiblemente, el 6% de la vida. Esto es un hecho que hay que celebrar en la medida que librar tiempo, para dedicarlo a actividades distintas del trabajo, significa mejorar la calidad de vida, tanto desde el punto de vista físico como cultural, de las personas. Así se explica que desde la revolución industrial hasta nuestros días la jornada laboral ha ido disminuyendo, aunque en fases de expansión económica, como la que, en España, se está produciendo desde 1994, no es raro que, mediante el expediente, aunque sea costoso, de las horas extraordinarias, la jornada laboral, singularmente en el sector privado, aumente temporalmente. De hecho la jornada media anual en 1998 ha sido de 1.772 horas (38,7 a la semana), contra las 1.763 horas a que se había reducido en 1994, partiendo de 1.779 horas en 1998.

Esta evolución de la jornada de trabajo es, pues, un hecho natural contra el que nada cabe decir. Pero, en los últimos tiempos se pretende reducir la jornada, no para proporcionar más ocio a los trabajadores, sino para resolver el problema del paro. El argumento, para sostener la propuesta de reducción, concretamente a 35 horas a la semana, es que si cada persona trabaja menos horas habrá que contratar nuevos trabajadores para hacer el trabajo que los antiguos dejan de hacer, con lo cual se reducirá el paro. Se trataría del "reparto" de un bien escaso como, se dice, es el trabajo, entre aquellos que desean trabajar.

Sin embargo, el argumento es falso porque se basa en un supuesto erróneo cual es el de que existe una demanda fija de trabajo, cosa que, si pudiera ser cierta en una economía cerrada, no se da en las economías abiertas y dinámicas. Pero, aunque así fuera, el "invento" propugnado por políticos socialistas, abanderados actualmente por el gobierno francés, no puede funcionar porque al pretender que la reducción de las horas de trabajo se realice manteniendo los salarios estables, lo que significaría el aumento de los costes laborales unitarios, el resultado no sería la contratación de más trabajadores sino la pérdida de competitividad de las empresas, que, lógicamente, se saldaría con la reducción del empleo. Es cierto que algunos sindicatos parecen estar dispuestos a aceptar alguna reducción del salario a cambio de la implantación de la jornada de 35 horas, pero no parece verosímil que los trabajadores consientan la reducción proporcional que sería necesaria para que la operación resultara económicamente neutra. Si, como a los intervencionistas se les puede ocurrir, se intentara compensar con subvenciones a las empresas que acepten la reducción de la jornada, entonces entraríamos en la dinámica de las llamadas "políticas activas" de empleo, indeseables, en sí mismas, por los motivos que más adelante veremos.

Las razones, de simple sentido común, para rechazar la reducción de jornada como medio de disminuir el paro, vienen confirmadas, en la práctica, por el fracaso experimentado en los sitios donde se ha logrado aplicar esta "panacea". El otro día leí que en Castilla y León, gracias a la implantación de las 35 horas, desde agosto del año pasado hasta este mes de marzo en que escribo, se había logrado crear 2 puestos de trabajo. No sé si era una broma, pero estoy seguro de que, a la larga, el fracaso ha de ser de esta magnitud. Así lo augura la experiencia habida en Francia donde los resultados están lejos de responder a las expectativas demagógicamente ofrecidas a raíz de la implantación del experimento. Lo grave es que, tal como advierte la OCDE, tomando como ejemplo la ley francesa de las 35 horas, a cambio de mínimas mejoras, si las hay, sobre la creación de empleo y reducción del paro, se producirá un desfavorable efecto sobre la inflación y la competitividad exterior.

La protección del desempleo. Esta institución es el típico ejemplo de la máxima según la cual, en ocasiones, las mejores intenciones producen resultados perversos. Esto sucede siempre que a las buenas intenciones, más motivadas por el sentimiento que por la razón, les falta una apoyatura científica; en este caso económica. Y lo que dice la teoría y la praxis económica en esta materia es que un sistema generoso de subsidio de paro, agrava el desempleo por cuatro canales.

Que el sistema español de protección del desempleo es generoso se deduce de la duración de las prestaciones, que llega hasta 24 meses, y de la tasa de reposición del salario perdido. En cuanto a lo último, estudios anteriores a los efectos de la reforma de 1994, referidos a un cabeza de familia con dos hijos, perceptor del salario medio, cifran la tasa de reposición del puro subsidio en el 82% del salario para el primer mes y en el 70% a partir de los 7 meses. Es posible que con las reformas habidas, incluido el tratamiento fiscal de la renta de los parados, las tasas de reposición hayan disminuido. Sin embargo, el efecto desincentivador de la búsqueda de empleo, puesto ya de manifiesto en las declaraciones de los encuestados antes aportadas, viene magnificado por las elevadas percepciones recibidas en el momento de la pérdida del empleo, si el despido, como sucede en la mayoría de los casos, se considera improcedente. Según afirma el ya citado profesor Segura, cálculos recientes prueban que la tasa de reposición de ingresos de un despedido improcedente con 8 años de antigüedad se sitúa en el 158% el primer semestre de paro, el 109% el primer año y el 85% el segundo año. Como es evidente, estas cifras se reducen sensiblemente en caso de que la antigüedad del despedido sea de 2 años, siendo los ingresos de reposición del 98, 56 y 28% respectivamente, lo cual, sobre todo por lo que se refiere a los primeros períodos de paro, supone todavía una excesiva tasa de reposición.

La cuantificación de la desincentivación que provoca nuestro sistema de subsidio al desempleo ha sido calculada en un estudio del Banco de España que afirma que la tasa de salida del paro a un puesto de trabajo cuando el trabajador ha dejado de percibir prestaciones contributivas es aproximadamente el doble que cuando las percibe. Esto es, la duración del paro, y el nivel del paro, ya que éste depende más de la baja tasa de salida hacia el empleo que de los que pierden su puesto de trabajo y engrosan el paro, son muy elásticos a la cuantía y duración del subsidio de paro. Para dar una idea de la magnitud de esta elasticidad, es interesante observar la comparación establecida, en el estudio mencionado, entre la sensibilidad de la tasa de salida de paro al nivel del subsidio y la sensibilidad al ritmo de crecimiento económico. Según los cálculos realizados, la diferencia entre la tasa de salida entre quienes no perciben y quienes perciben prestaciones es, como mínimo, 2,5 veces mayor que la diferencia entre la tasa de salida del paro que generaría una caída del PIB de 4 puntos porcentuales. Dicho en otras palabras, una aceleración del crecimiento del PIB del orden de 4 puntos porcentuales, reduciría el paro 2,5 veces menos, que la supresión de las prestaciones contributivas.

Es esta una prueba incontrovertible de los efectos negativos de nuestro esquema de subsidio de paro sobre la magnitud y la duración del desempleo. Una evidencia que coincide con la que suministran otros estudios sobre el flujo de trabajadores que pasan del paro a encontrar un puesto de trabajo. Según estos estudios cerca del 80% de los parados elegibles para percibir el subsidio que encuentran trabajo, lo hacen en el mes inmediatamente anterior o posterior al vencimiento del subsidio.

Con lo dicho me parece que queda claro que una de las causas, probablemente la principal, del alto nivel de paro español, y también europeo, es precisamente el sistema imaginado para paliar los efectos del paro.

Las políticas activas de empleo.- Este parece ser el último descubrimiento de los "intervencionistas", que propugnan el empleo de medidas, con cargo al Presupuesto naturalmente, para favorecer la vuelta al trabajo de los desempleados, reduciendo en la misma medida las políticas de subsidio al desempleo. Lo segundo, desde luego es bueno, pero para que lo primero, las llamadas políticas activas, lo sean, es necesario que de verdad se centren en la formación profesional para capacitar, sobre todo a los jóvenes, para optar a los puestos que ofrecen las empresas. El riesgo está en que, bajo la máscara de programas de capacitación, lo que se esté haciendo sea crear empleo público innecesario. Otra faceta de estas políticas activas es la encaminada a proporcionar incentivos a las empresas, mediante subvenciones, para que creen empleo. El resultado de esta fórmula no puede ser más desalentador, como recientemente ha revelado el Tribunal de Cuentas, al denunciar que, dejando aparte el descontrol, la arbitrariedad y las irregularidades en la política de ayudas a la industrialización, practicada por los gobiernos sociales en la década 1986-1996, el objetivo buscado, que era la creación de puestos de trabajo, fracasó rotundamente ya que los 241 mil millones de subvenciones repartidas, en los diez años, sirvieron para crear tan sólo 57.953 puestos de trabajo, es decir, menos de seis mil al año.

A pesar de tan lamentable resultado, parece que el expediente ha sido acogido por el gobierno actual, ya que en el Presupuesto para 1999 se observa que el capítulo de gastos titulado "fomento del empleo" experimenta un crecimiento del 57% respecto al año anterior y que, en cifras absolutas, es superior en 154 mil millones al ahorro que se espera tener en ayudas al desempleo, a consecuencia de la reducción del paro que se supone ha de continuar en el presente año.

El resultado es que las políticas activas de empleo lo que hacen es lastrar más el gasto público con todos los efectos negativos que un déficit superior al deseable han de tener sobre la economía y, en consecuencia, sobre el empleo.

Las cotizaciones a la Seguridad Social. El Estado de Bienestar que, a tenor del modelo europeo, se ha ido implantando en España, con carácter universalizado y burocratizado, supone una muy fuerte necesidad de financiación, cifrada, en el Presupuesto para 1999, en más de 13,5 billones de pesetas. De esta cantidad el Estado, con cargo a impuestos generales, aporta el 32% de las operaciones no financieras, más lo necesario, 88 mil millones en 1999, para lograr el equilibrio financiero. Prescindiendo de los ingresos patrimoniales, las transferencias de capital para inversiones y otros pequeños ingresos, por un total irrelevante, el resto de la financiación, 65,8% de las operaciones no financieras, cerca de 9 billones para 1999, procede de las cotizaciones sociales, destinadas a cubrir el gasto por pensiones contributivas (jubilación, invalidez, viudedad, orfandad y en favor de familiares), pensiones no contributivas, prestaciones familiares, subsidios de incapacidad temporal y maternidad, asistencia sanitaria, farmacia, y otras partidas menores. A estas prestaciones de la Seguridad Social hay que añadir el subsidio a los desempleados, función confiada al Instituto Nacional de Empleo (INEM), que es la partida más importante del gasto de los organismos autónomos, ya que absorbe más del 47% del gasto de dichos organismos, 2,1 billones para 1999, financiado, esencialmente, mediante cotizaciones sociales.

Dejo aparte que el sistema de pensiones financiado por los mecanismos dichos, es un sistema no de capitalización sino de reparto, lo cual, además de ser injusto, comporta, a consecuencia de la evolución demográfica, un evidente riesgo de quiebra de las esperanzas depositadas por los futuros pensionistas, lo cual, si los políticos fueran capaces de liberarse de las motivaciones electoralistas, obligaría a decir la verdad a los afectados y a emprender, cuanto antes mejor, el cambio gradual al sistema privado y de capitalización. Lo que ahora importa ver es que las cotizaciones sociales para cubrir las prestaciones enumeradas y otras, como el fondo de garantía salarial, y los accidentes de trabajo, constituyen la más importante fuente de financiación del Estado de Bienestar, tal como se entiende en España, y que estas cotizaciones se calculan aplicando, en el caso más corriente, una deducción del 38,69% del salario, determinando un exorbitante impuesto sobre la mano de obra. Teóricamente este impuesto se divide, en un 6,40% a cargo del empleado y un 31,79% a cargo de la empresa, lo que, para la empresa, equivale a más del 50% de la financiación total, comprendida la parte del Estado, lo cual significa que los empresarios españoles asumen la mayor carga en cotizaciones sociales de la Unión Europea. Sin embargo, este reparto no pasa de ser un expediente contable para la manipulación política de la tasa de contribución a la Seguridad Social; la realidad económica es que tanto lo que se satisface a nombre del empresario como lo que se retiene al empleado integran el coste de la mano de obra, haciendo aparecer una muy notable cuña fiscal entre lo que la hora de trabajo cuesta a la empresa y lo que percibe el trabajador. Este aumento de los costes laborales unitarios, disminuye la productividad, desanima el uso del factor trabajo en favor del factor capital, y redunda, en definitiva, en menor empleo y más paro.

Por lo tanto, parece correcto concluir que el sistema español de cotizaciones sociales es otra de las causas de nuestro alto nivel de paro.

Las causas y el coste del despido.- Para acabar con las causas explicativas del alto paro español, y de sus especiales características, me voy a referir a la derivada de la legislación española en relación con la rescisión del contrato de trabajo. Pocas palabras bastarán para ello, ya que, por un lado, es sentir común, como quedó dicho, que los elevados costes de rescisión junto con la protección del desempleo, constituyen el principal factor descentivador para que los parados busquen y encuentren nuevo trabajo, alargando la permanencia en el desempleo subsidiado. Por otra parte, la dificultad para lograr que el despido sea calificado como procedente, como lo prueba que el 85% de los despidos que llegan a la Magistratura son caracterizados de improcedentes, unida a las fuertes indemnizaciones inherentes al despido, explica sobradamente la reluctancia de los empresarios a contratar nuevos trabajadores, prefiriendo, a pesar de su coste, defenderse con el empleo de las horas extraordinarias. Finalmente, la obligatoria autorización administrativa previa para la regulación de empleo, que sólo subsiste de hecho en Grecia, ahuyenta la localización en España de la inversión multinacional en la industria, lo cual, dejando aparte, que los inversores extranjeros exigen rentabilidades mayores para instalarse en los países que tienen regulaciones laborales más rígidas, ha sido la causa de que no se hayan generado en España puestos de trabajo que determinadas multinacionales han preferido crear en otros países donde las normas institucionales eran más conformes con las habituales.

Parece, pues, que es lícito decir, como tan frecuentemente se afirma, que las características de la legislación española en materia de contratación laboral y rescisión del contrato, influyen en no pequeña medida en nuestro elevado nivel de desempleo.

* * *

Después de este repaso sobre las razones del paro español, parece que procede concluir con una lista, que no pretende ser exhaustiva, de las reformas que habría que hacer para intentar paliar esta gran debilidad que, dentro de la UME, es nuestro nivel de desempleo.

1º.- Flexibilizar la economía, progresando en la privatización, liberalización y desregulación de todos aquellos sectores o campos de actividad en los que todavía no impere la plena competencia, que debe quedar garantizada y defendida de todo ataque en contra del libre mercado.

2º.- Racionalizar las condiciones de contratación laboral, dejando la máxima flexibilidad para establecer las modalidades de remuneración y horario, por ejemplo, a tiempo parcial y fuera del lugar de trabajo, de acuerdo con las necesidades de la empresa, las calificaciones del aspirante al puesto de trabajo y sus particulares deseos.

3º.- Revisar las condiciones de rescisión del contrato de trabajo, suprimiendo la autorización administrativa para la regulación de empleo, simplificando y objetivando, en vistas a la intervención de la Magistratura, las características del despido procedente y rebajando sensiblemente las indemnizaciones de despido.

4º.- Reducir los subsidios de paro de forma que la tasa de reposición no rebase, en ningún caso, el 65%, y el período de percepción sea, como máximo, de 1 año, período a partir del cual el trabajador esté sujeto al desempleo asistencial.

5º.- Reformar el sistema de la Seguridad Social, privatizando, al máximo posible, la prestación de todas las modalidades de cobertura de contingencias, incluida la asistencia sanitaria y la farmacia, quedando reducido el papel del Estado a la función subsidiaria, como mero financiador, de acuerdo con el nivel de renta del usuario. Aliviada así la financiación del Presupuesto de la Seguridad Social, podrían y deberían reducirse, si no suprimirse, las cotizaciones sociales a cargo de las empresas.

6º.- Modificar el sistema de negociación colectiva de las condiciones de trabajo, de forma que lo dispuesto en el convenio no sea de aplicación a los que no han estado representados en su negociación y quede eliminada la actual ultravigencia o ultraactividad de los convenios colectivos.

Estas medidas deben venir acompañadas de otras que, aun siendo de carácter general, tienen indirecta relación con la evolución del empleo, como son por ejemplo, la liberalización del suelo que incidiría en el precio de la vivienda, sobre todo de alquiler, facilitando la movilidad geográfica laboral; la simplificación de los trámites para la constitución de empresas que contribuiría a su creación; y tantas otras reformas para llegar a la plena libertad económica, indispensable para atraer inversión extranjera permanente y fomentar la iniciativa empresarial autóctona, sabiendo que, a pesar de los progresos habidos, España ocupa todavía el lugar 34 en la lista de países ordenados de mayor a menor libertad económica.