Fuente: Banco de España. Cuentas Financieras Economía Española (1988-1997). Que España tenga un PIB per cápita del orden del 78% del medio de los once países de la UME, o del 75% de la media de los otros 10 países, es un hecho que, en sí mismo considerado, puede estimarse en forma no forzosamente negativa ya que, como decía el profesor Segura hace unas semanas, tal hecho significa que España disfruta de un nivel de renta que le coloca en el club de los países ricos, aunque no deje de ser verdad, como acabo de señalar, que en Europa Occidental ocupamos un lugar de cola, tanto si el PIB per cápita se mide en unidades, PPC, como si se mide en ecus. Con una singularidad, y es que, si se atiende a la ordenación de los 11 países de la Unión, prescindiendo, por su atipicidad, de Luxemburgo, se observa, en primer lugar, una fuerte convergencia entre los cinco o seis países de cabecera, con pequeñas diferencias entre sus respectivos PIB per cápita; y, en segundo lugar, se comprueba que la diferencia entre España y el país que le precede es una diferencia considerable, del orden de 3.500 unidades PPC ó 5.200 ecus, es decir, 874.000 pesetas al cambio actual. Por otra parte, si el PIB per cápita se mide en ecus, el 77,7% a que nos venimos refiriendo queda reducido al 63,2%. Esto quiere decir, grosso modo, que si un ciudadano español, cuya renta fuera igual al PIB per cápita del país y percibiendo esta renta en pesetas, viviera en un país representativo de la media de la UME, digamos, por ejemplo Holanda, su nivel de vida en ese país sería equivalente al 63% del nivel de vida del ciudadano holandés con una renta igual al PIB per cápita de Holanda. Si nuestro nivel medio de vida, viviendo en España, es igual al 78% de la media comunitaria, aún siendo nuestra renta monetaria igual al 63%, es evidentemente debido a que en España los precios de los artículos de consumo son inferiores, a los tipos de cambio corrientes, a los que rigen en la media de la UME. Una vez dentro de la UME, a partir del 1 de enero de 1999, todos los precios podrán expresarse en euros, lo cual ocasionará una mayor transparencia informativa. Si en esta nueva situación las cosas seguirán igual, o tenderán los precios a aproximarse, es algo que está por ver. En cualquier caso, los datos comparativos que acabo de aportar no deben oscurecer un importante hecho, y es que el bienestar y, en último término la felicidad, no tiene forzosamete que coincidir con el nivel de vida económico que venimos midiendo con el PIB per cápita. Aunque es cierto que el bienestar material es un presupuesto razonablemente deseable para la vida lograda, hay muchas otras cosas que el hombre puede preferir al nivel de riqueza, tales como, por ejemplo, el ambiente climatológico o el grado de sociabilidad del entorno humano. Lo cual explica que haya españoles que no cambiarian su vida en nuestro país por la de otros países más desarrollados y ricos; y, viceversa, que hay muchos extranjeros procedentes de esos países ricos que voluntariamente se afincan muy a gusto en España. De aquí que ante lo que, en forma simplificada, venimos llamando la convergencia real, pueden adoptarse dos posturas distintas. Una es considerar que nuestro nivel de riqueza no está mal y que por lo tanto no merece la pena afrontar la tarea de lograr una mayor convergencia real, ya que esta tarea sin duda está llena de dificultades y, además, a corto plazo, puede paradójicamente provocar la repulsa de los ciudadanos, cuyo mayor bienestar se busca. La otra postura es que, después de haber pasado el examen de la convergencia nominal, es necesario abordar el camino de la convergencia real, a fin de aproximar el nivel de bienestar español al que disfruta el núcleo de referencia de nuestros consocios en la UME. Lo que no puede hacerse es pretender alcanzar la convergencia real relajando las políticas que nos han conducido a la convergencia nominal y que dentro de la UME han de ser, no sólo mantenidas, sino reforzadas, por exigencias del Pacto de Estabilidad, ya que la estabilidad es uno de los condicionantes básicos para la mejora de la tasa de crecimiento económico.Dicho de otra forma, sin una verdadera convergencia nominal no puede aspirarse a una mayor convergencia real. La evolución relativa del PIB per cápita español Suponiendo que, entre las posturas dichas, adoptamos la que yo prefiero y que, sin merma de la preocupación por mantener los valores no específicamente económicos, consiste en intentar mejorar nuestra convergencia real, para llegar, en un período más o menos largo, a igualarnos con la media de la UME, tal vez no resulte ocioso olvidar por un momento la convergencia real lograda y, aun a riesgo de repetir cosas sabidas, volver nuestros ojos hacia la evolución de este indicador a lo largo de los últimos años, a fin de sacar del pasado la experiencia para el futuro. Pues bien, las mismas estadísticas de la Comunidad Europea a que me he referido, nos dicen -cuadro nº 2- que en 1960 el PIB per cápita español, en unidades PPC era el 59,7% del PIB per cápita medio de lo que será la UME. Gracias al desarrollo de los sesenta, en los 15 años siguientes nuestro PIB per cápita relativo creció a la tasa del 1,76% anual compuesto, de forma que en 1975, al filo del cambio de régimen, el PIB per cápita español era igual al 77,6% del PIB per cápita medio de la UME. De haberse mantenido la diferencia de 3,27 puntos porcentuales entre nuestro crecimiento que, en este período, fue del 12,03% anual compuesto, frente al 8,76% a que crecieron los otros diez países, hubieran bastado algo menos de 10 años para que nuestro PIB per cápita igualara al 100% el de los países que han de constituir la UME. Cuadro nº 2
Pero la verdad es que, entre 1975 y 1984, a consecuencia sin duda de las inadecuadas políticas de ajuste a las crisis petroleras del 73 y el 79, y por exigencias de la transición política, que no permite comparar el marco político-social de ambos períodos, el PIB per cápita relativo descendió, primero al fuerte ritmo del 4,4% anual, cayendo en 1978 hasta el 67,8% del PIB per cápita medio, para remontar ligeramente después hasta el 69,1% en 1984, de forma que, en el conjunto de los 9 años, la caída en la convergencia real con los países de la hoy llamada UME fue del 1,28% anual compuesto. A partir de 1984, coincidiendo con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1985, nuestra convergencia real con la hoy UME fue mejorando a un ritmo moderado pero constante, del 1,86% anual, para alcanzar en 1991 el 78,6%, que es la máxima cota de convergencia lograda hasta el día de hoy. En el gráfico puede verse también la evolución del PIB per cápita relativo medido en ecus, que guarda un notable paralelismo con la del PIB per cápita medido en unidades PPC, aunque a un nivel sensiblemente más bajo, reflejando el fenómeno a que antes me referí. En ambas trayectorias puede observarse que desde 1991 volvimos a perder nivel e, incluso después del modesto avance habido entre 1994 y 1997, a fin del año pasado, en unidades PPC, sólo habíamos logrado recuperar el PIB per cápita relativo que teníamos en 1975, a la llegada de la democracia. Esta última afirmación, incontestable a partir de las estadísticas comunitarias, aunque explicable por las razones dichas, induciría a afirmar que, en lo que se refiere al grado de bienestar o nivel de vida, España ha perdido los últimos 22 años. Ciertamente no es así, ya que la renta per cápita española, a precio de mercado, en pesetas corrientes, ha pasado de 151 mil pesetas en 1975 a 1 millón 723 mil pesetas en 1997, lo que significa un crecimiento del 11,7% anual compuesto. Naturalmente que, durante este período de 22 años, la inflación ha producido su efecto erosivo, de forma que, en términos de poder adquisitivo igual al de las pesetas de 1975, las 151 mil pesetas de renta per cápita de aquel año han ascendido a 222 mil pesetas en 1997, con una mejora del orden del 47% en el nivel de renta, lo que corresponde a un crecimiento del 1,77% anual compuesto, una vez corregido el efecto de la inflación que, medida por el índice de precios de consumo del INE, ha sido, en media geométrica, del 9,75% anual. (No se olvide que entre 1975 y 1984 la inflación anual rondó entre el 12% y el 24%, y sólo a partir de 1987 se redujo a tipos de un dígito). Parecido resultado se obtiene si la renta per cápita, como a efectos comparativos es costumbre hacer, se expresa en dólares USA, ya que ésta ha pasado de 2.638 dólares en 1975, cuando el tipo de cambio era de 57,41 pesetas por dólar, a 11.770 dólares en 1997, con un tipo de cambio de 146,41 pesetas por dólar, lo que significa que la renta española per cápita, medida en dólares, en los últimos 22 años ha crecido a razón del 7,03% anual compuesto. Pero tampoco los dólares de 1997 compran lo mismo que los dólares de 1975, ya que la inflación en los EE.UU., medida por el crecimiento del índice de precios de consumo, en los 22 años considerados, ha sido del 5,09% anual compuesto. Con lo cual, en términos reales, el PIB per cápita español medido en dólares USA, entre 1975 y 1997 ha pasado de 2.638 dólares a 3.946 dólares, con una mejora del 50% aproximadamente, lo que equivale a un crecimiento anual, en términos reales insisto, del 1,84 por ciento. Si esto es así, ¿por qué nuestra renta per cápita en relación con la renta per cápita media de los 11 países de la UME no ha variado entre 1975 y 1997? La pregunta es ociosa porque la respuesta es de Perogrullo. Al tiempo que nosotros crecemos los otros también lo hacen y, al revés de lo que sucedió entre 1960 y 1975 en que nuestra renta per cápita crecía más que la de la Unión, entre 1975 y 1997, con altibajos, nuestra renta per cápita ha crecido prácticamente lo mismo que la media de la UME. Cuánto hay que crecer para converger con la UME Por lo tanto, si el objetivo es nuestra convergencia real con la UME, necesitamos una aceleración del crecimiento del PIB per cápita, a fin de que crezca más que la media de la Unión. Y ¿cuánto más tiene que crecer? Depende, naturalmente, del horizonte de convergencia. En los últimos tres años, durante los cuales, en patrón de poder de compra, hemos pasado del 75,6% al 77,7% del PIB per cápita medio de la UME, nuestro PIB per cápita ha crecido al 5,27% anual, mientras que el de la UME, sin España, crecía sólo al 4,19% anual; es decir, una diferencia de un punto a nuestro favor. Si supusiéramos que estos dos respectivos porcentajes de crecimiento se mantuvieran en el futuro, necesitaríamos algo más de 28 años para que nuestro PIB per cápita igualara al de la media de los restantes países de la Unión. Si deseamos que la convergencia real se produzca antes, pongamos por caso 10 años, manteniendo la hipótesis de crecimiento del PIB per cápita de la UME sin España en el 4,19% anual, nuestro PIB per cápita debería crecer al 7,27% anual, es decir, prácticamente, tres puntos más que el PIB per cápita medio de los restantes países de la Unión. Mirando al período, en tiempos recientes, de más fuerte acercamiento a la convergencia real, que es el que va de 1984 a 1991, cuando pasamos del 69,1% al 78,6%, observaremos que el crecimiento de nuestro PIB per cápita fue del 8,48% anual pero el de la media de la UME sin España alcanzó el 6,28%; o sea, logramos crecer a un ritmo de poco más de dos puntos por encima de los otros diez. Como acabamos de ver, alcanzar la convergencia real en 10 años, en la hipótesis hecha para el de crecimiento de los restantes países de la UME, exigiría que la diferencia entre el crecimiento de nuestro PIB per cápita y el medio de ellos fuera de tres puntos porcentuales, lo cual da una idea de lo arduo de la tarea de intentar el logro de la convergencia real en un período no demasiado largo. Crecimiento y productividad Sin olvidar los efectos de la tecnología, que provoca la mejora en la cualidad de los inputs, es evidente que una condición ineludible para el aumento del crecimiento del PIB per cápita, es el aumento de la productividad de la totalidad de los factores y, en especial, de la productividad del trabajo, calculada por el cociente entre el PIB y el número de personas ocupadas. Pues bien, por lo que respecta al período de decadencia y recuperación, compuesto por los 22 años que van de 1975 a 1997, la productividad aparente del trabajo, medida en pesetas de 1975, creció al ritmo anual del 2,43% en agricultura y pesca; 2,17% en industria; 2,03% en construcción; y 1,65% en servicios. Lo cual da una media del 2,32% para el conjunto de los sectores productivos del PIB al coste de los factores. No parece, desde luego, un ritmo especialmente satisfactorio, sobre todo si se tiene en cuenta que en la parte más regresiva de este período, que va de 1975 a 1984, en agricultura y servicios, a pesar de haberse reducido drásticamente la población ocupada en ambos sectores, la productividad aparente creció tan sólo al 0,49% anual en el sector agrario y al 0,34% en el de la construcción. Es más; en el último año, 1997, caracterizado por un fuerte crecimiento del PIB, que alcanzó una variación, en términos reales, del 3,4% sobre el año anterior, se produjo también una aceleración del empleo que creció un 2,6%, con lo cual, como señala el Banco de España en su último informe anual, la productividad aparente del trabajo mantuvo, por segundo año consecutivo, un incremento reducido; del 0,39% para el conjunto de los sectores, con una incidencia negativa de más del 4% en la construcción, a consecuencia no de la reducción de la producción, ya que el valor añadido bruto creció un 3,8%, sino del fuerte aumento del empleo que creció, en el sector, al ritmo del 5,5% anual. Este hecho pone de manifiesto una dificultad más en el camino de nuestra convergencia y es la necesidad de aumentar la productividad sin, a la vista de nuestro elevado nivel de paro, reducir el número de personas ocupadas; es decir, la necesidad de operar por el lado del numerador, potenciando el crecimiento del producto a un ritmo notablemente superior al de nuestros socios en la UME. Los factores determinantes del crecimiento Corrientemente se dice que los factores determinantes del crecimiento económico son el ahorro y la dotación de capital físico, tecnológico y humano; todo lo cual reclama inversión en infraestructuras, en investigación, desarrollo e innovación, así como en educación y formación, aspectos en los que nos hallamos en considerable retraso y que demandarán un gran esfuerzo, si queremos situarlos al nivel necesario para que se traduzca en un crecimiento de la productividad y del PIB per cápita superior al medio de la Unión. Todos estos aspectos escapan de mi cometido en esta ocasión. A mí se me ha pedido que reflexione sobre "el sistema financiero español y la convergencia real". Los demás aspectos han sido, en parte, abordados por otros académicos y deberían haber sido agotados antes de llegar al tema de hoy. Así había sido programado, pero dificultades de agenda hacen que tenga que anticipar lo que, en lógica, debería ser lo último. Y es averiguar si, además de los tradicionales factores explicativos del crecimiento, existe alguna relación entre el sistema financiero y el desarrollo económico; y, en el supuesto de que así sea, ver si el sistema financiero español está en condiciones de contribuir al crecimiento de nuestro producto per cápita a un ritmo que tienda hacia la convergencia real con la UME. Aunque Joseph Schumpeter, en 1912, ya pretendía que un buen sistema bancario espolea la innovación tecnológica, identificando y financiando a los empresarios capaces de innovar con éxito en el producto y en el proceso de producción, la teoría generalmente vigente hasta hace relativamente poco era que el sistema financiero seguía al sector empresarial, canalizando hacia la inversión, a demanda del empresario, la financiación obtenida del ahorro de las familias. Es algo que se expresaba diciendo que "el sistema financiero es la criada de la industria". Sin embargo, en tiempos recientes, se ha ido introduciendo otra corriente de pensamiento, en la que destacan los trabajos de Ross Levine, de la Universidad de Virginia. Levine (1996) asegura que "un creciente volumen de trabajo, tanto teórico como empírico, tiende a empujar incluso a los escépticos hacia la creencia de que el desarrollo de las instituciones y mercados financieros es un determinante del crecimiento económico, más que un acompañamiento o una respuesta pasiva a este crecimiento". En esta línea, los trabajos de King y Levine (1992), Levine y Zercos (1998), Rajan y Zingales (1998), afirman que existen relaciones intrínsecas entre intermediación financiera y productividad y que dado que, como es sabido, las variaciones en la productividad inciden, a largo plazo, en el nivel de desarrollo económico y en la tasa de crecimiento del producto, es posible mantener que el desarrollo económico sostenido resulta de la combinación no sólo de la actividad empresarial y la inversión en capital tangible e intangible, sino también de la intermediación financiera. Mediante la aplicación de técnicas estadísticas a un amplio conjunto de países, los autores citados concluyen que existe una clara correlación positiva entre la rapidez del crecimiento económico y 1) el tamaño del sistema financiero, medido, por ejemplo, por sus activos líquidos; 2) la proporción de crédito concedido por los bancos privados, frente al concedido por el banco central; y 3) la proporción de crédito al sector privado frente al crédito otorgado al sector público. Por lo que se refiere exclusivamente al tamaño del sistema financiero, medido por la relación entre los activos líquidos del público y el PIB, Levine sugiere que "si se aumenta el tamaño del sector financiero se producirá un importante efecto positivo sobre el crecimiento económico: a grosso modo -dice- podría eliminarse un tercio de la brecha entre los países que crecen más de prisa y los que lo hacen más lentamente, aumentando el tamaño del sector de intermediación financiera de éstos últimos desde su valor medio hasta el valor medio correspondiente a los países de crecimiento más rápido." Pero, el sistema financiero no queda limitado al sector bancario, en su primordial misión de otorgante de crédito, sino que en orden al desarrollo de la economía, hay que tener presente el papel desempeñado por el mercado de valores. En esta línea, la moderna teoría, a la que me vengo refiriendo, sostiene que tanto el comportamiento bancario como el tamaño y la liquidez del mercado de valores influyen positivamente en el crecimiento de la economía y, una vez que se han aislado los efectos presuntamente debidos a la renta inicial, la inversión en educación, la estabilidad política, la política fiscal, la libertad de comercio, la estabilidad macroeconómica y las expectativas sobre la evolución de la bolsa, los indicadores del sistema bancario y del mercado de valores, constituyen sólidos predictores de 1) la tasa de ahorro; 2) la acumulación de capital; 3) la mejora de la productividad; y 4) la tasa de crecimiento real del PIB, que serían las cuatro variables dependientes de los indicadores relativos al sistema bancario y al mercado de valores, funcionando como variables independientes. De lo que hemos dicho antes, se deduce que los principales indicadores del desarrollo del sistema bancario utilizados por los autores partidarios de lo que voy llamando moderna teoría, son la relación porcentual entre los activos líquidos y el PIB; la participación del crédito al sector privado dentro de la totalidad del crédito interno; y el porcentaje del crédito al sector privado con respecto al PIB. Por lo que respecta a los indicadores del mercado de valores, los más corrientemente empleados son, en primer lugar, la capitalización, que mide el tamaño del mercado y, a efectos comparativos, se expresa como el cociente entre el valor de mercado de los títulos admitidos a cotización y el PIB; y en segundo lugar, la contratación, que mide la liquidez del mercado y se obtiene a partir del importe efectivo de los valores contratados dividido, sea por la capitalización, sea por el PIB. No obstante, esta teoría, que pretende ver una relación de causalidad entre el desrrollo del sistema financiero y el crecimiento económico, no es compartida por todos los autores y no son pocos los que continuan pensando con Joan Robinson (1952) que "donde la empresa dirige, las finanzas siguen". Desde luego que nadie discute el hecho, sin duda observable, de que el desarrollo económico corre parejas con el desarrollo económico, pero ello no implica forzosamente causalidad entre lo primero y lo segundo. De hecho, la relación puede ser inversa y también puede suceder que ambos hechos concomitantes sean debidos a una o más causas no identificadas. En efecto, como dice Goldsmith (1969), "es difícil establecer con seguridad la dirección de la causalidad, esto es, decidir si los factores financieros son responsables de la aceleración del desarrollo económico o si el desarrollo financiero es el reflejo del crecimiento económico cuyo origen debemos buscar en otra parte". De hecho, algunos académicos piensan que, si bien los resultaos de los trabajos teóricos y empíricos de King y Levine sugieren que el desarrollo financiero es bueno para el desarrollo económico y que la restricción financiera tiene graves efectos negativos sobre el crecimiento económico, es preciso realizar una serie de matizaciones, entre las cuales no es la menor que el problema empírico de la causalidad no está totalmente resuelto. La conclusión sería que es más importante preocuparse por las distorisones que sobre el sistema económico pueden producir las restricciones impuestas al sistema financiero, que confiar excesivamnte en que el simple desarrollo del mismo será causa de un mayor crecimiento del PIB, en ausencia de otros factores determinantes, sin duda, de mayor peso. Con estas salvedades, podemos descender al caso español que es el que nos ocupa. Mirando, pues, al balance integrado del sistema crediticio y los mercados monetarios, lo primero que se observa -cuadro nº 3- es que, en términos de activos líquidos del público (ALP), el sistema español, en cuanto a tamaño, se ha desarrollado fuertemente, y en forma continua, de manera que los ALP en porcentaje del PIB han pasado del 67%, en los primeros años 60, a más del 110% en 1997 Cuadro nº 3 |
