En los últimos días hemos podido leer en la prensa que determinados grupos parlamentarios pretenden, de nuevo, llevar al Congreso de los Diputados la proposición para ampliar la vigente Ley del Aborto al llamado "cuarto supuesto", lo cual supondría que no se consideraría punible el aborto realizado por causas socio-económicas, es decir, si la llegada del nuevo hijo implicase un sacrificio económico que los padres considerasen insoportable.

La principal razón que se esgrime para apoyar esta ampliación es que permitiría que la motivación legal de muchos abortos provocados se acercaría más a la realidad, sin que forzosamente tuviera que aumentar el número de abortos, ya que ahora las que por razones económicas desean abortar, tienen que acogerse a la indicación de "grave riesgo para la salud psíquica de la madre".

El aborto: de delito despenalizado a "derecho"

Sin embargo, la realidad es muy distinta. Los que propugnan la ampliación de la actual Ley del Aborto, pretenden, mediante sucesivos pasos, transformar la naturaleza legal del aborto provocado, de forma que, de ser un delito despenalizado en determinadas circunstancias, pase a ser un "derecho" de la madre a disponer de la vida de su hijo no nacido, es decir, de matarlo, cuando considera que no lo desea; transmitiéndose así a la sociedad, gracias a la fuerza de la palabra "derecho", la idea de que abortar es algo socialmente respetable. Se culminaría así el proceso mediante el cual, en muchas sociedades contemporáneas, lo que empezó presentándose como la necesidad de proteger judicialmente a las embarazadas que, en situaciones límite, optan por abortar, se ha convertido en un "derecho de la mujer", a la que asiste la "libertad de elegir".

El derecho ilimitado a abortar al que se quiere llegar, después de que en los primeros años 70 se adoptaran las legalizaciones del aborto, significa una revolución copernicana en el pensamiento y en la práctica de la política occidental, porque supone redefinir los derechos humanos como una cuestión de fuerza política, expresada por la tiranía de la mayoría. El aborto, aunque, en sí mismo, siga siendo una práctica incorrecta, como siempre lo ha sido, se convierte en el nuevo "derecho humano" para un grupo exclusivo de personas: las mujeres. Tal "derecho" no está inscrito en la Declaración de los Derechos Humanos, en la que no hay distinción por razón de sexo, ni deriva de una jerarquía de derechos, en la cual, el primero, lógicamente, ha de ser el derecho a la vida, a su respeto y a su defensa por parte del Estado. Este nuevo "derecho" no es, en realidad otra cosa que una solución pragmática a un "problema". Convirtiendo el aborto en un "derecho" se destruye la noción clave de la relación entre el Derecho y la Política y se abre el camino para la disolución del verdadero concepto de derechos humanos.

Es cierto que el aborto, como salida al embarazo no deseado, ha sido siempre, en cierto sentido, un problema de la mujer y no lo es menos que, en algunas ocasiones, el problema se presenta en forma tan desesperada que la mujer, puesta en situación límite, toma la dramática solución de matar al hijo de sus entrañas, lo cual, de acuerdo con innumerables testimonios de mujeres que han abortado, la marcará para toda la vida. Ahora bien, aunque esta decisión sea ciertamente condenable, la mujer que la toma, cuya actuación sólo Dios y su conciencia son capaces de juzgar, es de hecho digna de compasión. Sin embargo, para estos casos no era necesaria ni la Ley de 1985, ni mucho menos lo es su ampliación; basta la aplicación, por parte de la judicatura, de los atenuantes y eximentes que todo Código Penal contempla, para no condenar a la mujer que aborta, mandándola a la cárcel, que es lo que, según dicen, quieren evitar los que apoyan la despenalización o legalización del aborto.

La falsificación del debate: de la ética a la política

El problema del embarazo no deseado ha existido desde que la sexualidad existe, pero el problema se ha agravado con la banalización del sexo y la falta de preparación para aceptar el embarazo, que, a pesar de todas las prácticas anticonceptivas, siempre puede venir. En estas condiciones, la solución ha sido trasladar el problema desde el campo ético al campo político. Si la pregunta es "en qué circunstancias puede el hombre disponer de la vida de otro, causando su muerte", resulta necesario considerar las normas morales sobre el derecho a la vida, y la respuesta forzosamente será que "producir la muerte de otra persona sólo se justifica en caso de autodefensa". Cosa que, con el desarrollo actual de la medicina, no se da en el embarazo. Pero, si el debate se plantea en términos prácticos, es decir, como un problema de la mujer, ya no es necesario recurrir a los principios de la ética y de la justicia. La ética queda excluida del debate y prevalecen los intereses de los grupos políticos que, para complacer los supuestos deseos de los que les votan, inventan el "derecho a abortar" e intentan hacer prevalecer su postura mediante la fuerza de la mayoría. La cuestión ha dejado de ser sustancial para convertirse en procedimental.

Pero la experiencia de los países en los que, después de años de aborto legalizado, en ausencia de todo principio sobre el respeto a la vida, se ha legalizado también la eutanasia, con el triste espectáculo de la "supresión", sin su consentimiento, de ancianos, descapacitados y enfermos terminales, empieza a empujar la convicción de que se ha ido demasiado lejos en la "cultura de la muerte", y que hay que pensar en revisar la actual situación. Y es evidente que la única manera de hacerlo es devolver el debate al campo ético, de donde nunca debía haber salido.

La persistencia del substrato ético en la sociedad

Y la verdad es que, si se hace, se observará que la sensibilidad ética de las poblaciones, si bien degradada, no se ha extinguido del todo. Así se pone de manifiesto con la inconsistencia de ciertas argumentaciones. Se dice: "yo acepto el aborto, tú no; tenemos distintas posturas". Yo acepto la eutanasia, tú no; simple cuestión de opiniones". Pero si decimos: "Yo no acepto el genocidio, ¿tú sí?". Aquí la reacción unánime será que no se trata de una cuestión de preferencias y que el genocidio debe ser universalmente condenado. Esto prueba que, en lo que se refiere al respeto a la vida, el público no es coherente porque el problema no se plantea en términos de principios y que de la misma forma que todos reaccionan negativamente al genocidio, también lo harían en relación con el aborto y la eutanasia, si estas dos cuestiones no se hubieran pragmatizado políticamente.

Otro detalle revelador de la persistencia del substrato ético en nuestras poblaciones es el que aportó la Profesora Janne H. Matlary, Secretaria de Estado del Gobierno Noruego, en un reciente foro celebrado en Roma, relatando el debate que ha suscitado en su país la propuesta de dar normal sepultura a los fetos abortados; lo cual, naturalmente, tiene la oposición de los partidarios del aborto legal, ya que no les conviene nada que se dé sepultura, de acuerdo con la dignidad de persona humana, a los fetos difuntos que ellos, para evitar que se hable de matanza de niños, quieren llamar "material abortivo". Pero los médicos, que diariamente tratan con abortos, manifiestan que no pueden tratar los fetos abortados como si fuera una parte de la escoria hospitalaria que simplemente se elimina y que deben ser sepultados de manera más digna.

La responsabilidad de los legisladores

Parece pues totalmente obligado que los políticos llamados a ejercer como legisladores tengan presente que, en los temas que tocan a la vida de las personas y a su dignidad, no pueden resolver los problemas de determinados grupos sociales en forma pragmática, excluyendo las exigencias éticas, sino que deben remontarse a los principios sobre los derechos humanos, en su verdadero sentido, ya que es propio del Estado de derecho salvaguardarlos. A este respecto, los legisladores deben tener presente que, de acuerdo con la definición tradicional, ley es la ordenación de la razón, para el bien común, promulgada por quien tiene potestad para hacerlo. Y las leyes legalizadoras del aborto y la eutanasia no son leyes sino corrupción de ley, ya que no están inspiradas en la recta razón, sino en un arbitrario ejercicio de la voluntad mayoritaria; no producen el bien común que es el bien de todas y cada una de las personas; ni han sido elaboradas por quien tiene potestad para ello, porque ningún poder legislativo, aunque tuviera el respaldo de la unanimidad, tiene potestad para derogar, en ningún supuesto, un derecho de la persona tan primario y fundamental como es el derecho a la vida y a su protección por el Estado.