Agradezco a los organizadores de esta segunda edición de "Escuela de Políticos" su invitación a participar en uno de los muchos cursos que, con asiduidad y prestigio, viene organizando la Fundación María Zayas Sotomayor, brindándome así la grata oportunidad de acudir, una vez más, a este querido Club Zayas que me ha hecho el honor de acogerme en diversas ocasiones.

En una serie de lecciones dedicadas, en su mayor parte, a glosar los poderes fácticos, me habéis pedido que os hable del dinero como poder. Pienso que está universalmente aceptado, con razón o sin ella, que, para bien o para mal -de esto ya hablaremos -el dinero tiene poder como la sabiduría popular ha dejado sentado, afirmando, en el refranero, que "poderoso caballero es don dinero". Partiendo, pues, de esta realidad, no he tenido inconveniente en aceptar el tema que me habéis propuesto, máxime porque, siendo conocedor de la proverbial apertura de este Club, sé que no tendré ninguna dificultad para abordarlo a mi manera. Lo cual quiere decir, al hilo de las ideas tal como se me han ido ocurriendo, aunque con ello no siga exactamente el guión que figura en el programa que habéis elaborado.

El dinero

Lo primero que me gustaría precisar es que, a pesar de lo que acabo de decir, el dinero, en sí mismo considerado, no tiene poder, ni ninguna otra cualidad predicable de las personas, si excluimos aquellas características físicas que no se refieren a las potencias del alma, como pueden ser la medida, el peso y hasta la belleza, cualidad esta última que se nos hace patente al recordar, por ejemplo, la factura de un doblón de oro o de un escudo de plata primorosamente labrados. El dinero no tiene poder porque el dinero es un simple bien material que puede tener un valor intrínseco, no meramente fiduciario, sino real -y sería bueno que así fuera siempre-, pero cuyo principal valor es servir como signo o medio de pago para facilitar el intercambio de unos bienes por otros. Por esto, el dinero ni se compra ni se vende; el dinero sirve para comprar y vender el resto de los bienes. De aquí que, por ejemplo, no se dice la verdad cuando se afirma que los bancos compran y venden dinero. No es cierto. Los bancos compran y venden el derecho a usar el dinero; y, en función del tiempo por el que se obtiene o concede este derecho, pagan o cobran lo que llamamos interés. Pero el dinero, repito, ni se compra ni se vende; sirve para comprar y vender. Consecuencia correcta de este carácter instrumental del dinero es la frase que una vez oí de labios de Don José María Aguirre, quien, al preguntarle para qué sirve tener dinero, contestaba: "para no tener que pensar en él". Postura diametralmente opuesta a la del avaro atesorador, que parece querer al dinero, por sí mismo, deleitándose en la contemplación del monto acumulado.

La licitud del interés

Hubo un tiempo en que los filósofos cristianos, al igual que los antiguos griegos, consideraron que el interés percibido por prestar dinero durante un cierto tiempo era moralmente ilícito, porque pensaban, primero, que era ilícita la venta del tiempo que es un bien dado por Dios a todos los hombres; segundo, que el dinero era un bien estéril que no produce bienes -"pecunia non paret pecunia" decía el antiguo adagio escolástico- y tercero, porque con el dinero, igual que sucede con los bienes consumibles, la cosa prestada se identifica con su uso y, por lo tanto, pedir la devolución de la cosa y un dinero por su uso es vender dos veces lo mismo. Tomás de Aquino, en el siglo XIII, sin contradecir en esta materia las ideas de Aristóteles que, en líneas generales compartía, fue el primero que empezó a abrir el pensamiento filosófico en forma más conforme con la realidad económica, al descubrir el riesgo, en que incurre todo el que presta dinero, de no ver devuelto el importe del préstamo o la integridad del mismo; y así funda el Aquinatense la licitud de percibir, en tal caso, un interés, como fruto del dinero prestado, en compensación del riesgo incurrido. Para él, el dinero, por lo menos el prestado al comerciante o al artesano que negocia con él, había dejado de ser un bien estéril.

Sin embargo, hubo que esperar a la llegada, en el siglo XVI, de la escuela de Salamanca, fundada por Francisco de Vitoria, para que estos escolásticos tardíos, que contemplaban el auge del comercio, al empuje del oro que llegaba del Nuevo Mundo, y la nueva estructura capitalista de la sociedad, debida a la pujante clase burguesa que venía a sustituir a la nobleza medieval, pudieran entender el valor del dinero en función del tiempo y, aunque en cierto modo seguían condenando el interés en sí, acabaron por reconocer los tres títulos extrínsecos -daño emergente, lucro cesante y pena convencional- que se dan cuando alguien presta dinero para su uso, y que justifican la percepción del interés. Tal vez la mejor defensa de la licitud del interés se debe a un autor poco conocido de esta escuela, Fray Felipe de la Cruz, quien pone de relieve que, al igual que sucede en la agricultura, en la que una parte del fruto se debe a los cultivos pero otro hay que atribuirlo a la tierra, si bien es la industria humana la que hace fructificar el dinero, sería injusto no atribuir al propio dinero una parte de este fruto, por lo cual, dice, el dinero es digno de aprecio; demostrando, acto seguido, que su valor de presente es mayor que el de futuro, lo cual entraña la aparición del interés y sugiere la práctica del descuento.

En aquel mismo siglo, el Concilio V de Letrán, concluido en 1517, a propósito de los Montes de Piedad, aun manteniendo la doctrina tradicional sobre el interés, viene a decir que es lícito que estas instituciones perciban de los prestatarios una indemnización, no en razón del préstamo, sino para cubrir los gastos de funcionamiento; es decir, todavía el interés se justificaba por un título extrínseco. Y así siguió sucediendo durante muchos años; pero el pensamiento de la Iglesia no dejaba de evolucionar a tenor de las circunstancias.

En efecto; el Código de Derecho Canónico de 1917 parece dar un nuevo paso adelante cuando, en su Canon 1.543, acepta que el título de la ley civil es suficiente para justificar el interés legal, aun en ausencia de los títulos extrínsecos tradicionales, concediendo además que moralmente puede estipularse un interés superior al que la ley autoriza si lo cohonesta un título justo y proporcionado. Pues bien, el reciente Código de 1983 suprime lisa y llanamente el citado Canon. Hoy, a la luz de lo que es y para qué sirve el dinero, todos tenemos claro que el interés se justifica intrínsecamente, sin que la Iglesia tenga que decirlo expresamente, como no dice expresamente que pasear no va contra la ley de Dios. He aquí un ejemplo claro de cómo sin variar la ley natural, que no puede variar, al cambiar la naturaleza de una realidad, o al entendérsela mejor, a la luz de la evolución de los hechos, puede cambiar el juicio moral sobre la misma.

Si, a raíz de haber pronunciado la palabra interés, me he querido demorar en esta digresión, es porque el tema de la postura de la Iglesia sobre el interés, no de todos bien entendida, ha dado lugar a que algunos saquen conclusiones erróneas, a veces de sentido opuesto. Para dejar las cosas claras, tal vez no sea inútil que acabe recordando que en los textos latinos de los escolásticos a que me he referido, la figura del interés aparece siempre bajo el nombre de usura -pretium usus, quod usura dicitur- significando cualquier tipo de interés. Es decir, lo que ellos analizan y, en su caso, condenan, con razón o sin ella, bajo el nombre de usura, es lo que nosotros llamamos interés, cualquiera que sea el tipo, aunque en la actualidad reservemos el nombre de usura para el interés excesivo, que, desde luego no puede existir en un mercado abierto, en plena competencia, pero que sí puede darse cuando el prestamista, fuera del mercado, abusa de la necesidad del prestatario, lo cual, naturalmente, constituye, hoy como ayer, un comportamiento moralmente incorrecto o ilícito.

El poder de manejar dinero

Pero debo volver ya al argumento central de mi exposición. Decía que el dinero no tiene poder; quien lo tiene es quien posee o maneja dinero, sea una persona física sea una persona jurídica, aunque en este último caso la imputabilidad moral, en el ejercicio del dicho poder, deba recaer forzosamente en las personas físicas que dirigen o gobiernan la entidad, ya que únicamente el hombre es sujeto moral responsable, cuando obra libremente, de la bondad o maldad de sus actos.

Que el que posee o maneja dinero tiene poder es algo evidente. Y cuanto más dinero, más poder. Basta observar la realidad; el que dispone de dinero puede comprar toda clase de bienes, muebles e inmuebles, y comprar o crear toda clase de empresas, mercantiles o no. Y, lo que es más importante, puede intentar comprar a las personas, no tal vez, en nuestras civilizaciones, como se compra un esclavo, pero sí, desgraciadamente, intentando comprar sus voluntades para lograr de ellas lo que se apetece.

Tener dinero, tener mucho dinero, ser rico, ni es bueno ni es malo; depende de la manera cómo se haya adquirido la riqueza y del uso que se haga de ella. Alguien me recordará, sin duda, la parábola evangélica del camello y el ojo de la aguja, pero el rico que Jesucristo fustiga no es el que posee bienes sino el que se apega a ellos o los usa para el mal. Aquí, como en todo, lo que cuenta es el interior de la persona. Se puede ser rico y pobre de espíritu, desprendido y generoso; se puede ser pobre y ambicioso, que es tanto como ser rico de espíritu. Que Cristo, que mostró su preferencia por los pobres, no excluyó a los ricos se prueba al ver que entre sus discípulos tuvo a José de Arimatea y a Nicodemo, que eran hombres de posición distinguida y que, por cierto, fueron los que, a la hora de la desbandada, dieron la cara por su Señor. Ser rico, éticamente hablando, no es bueno ni es malo; depende. Ejercer el poder que resulta de tener o manejar dinero, ni es bueno ni es malo; depende también del fin que se persiga y de la intencionalidad que tenga el sujeto agente.

Los bancos y el dinero

Entre los entes que manejan, relativamente hablando, grandes cantidades de dinero, están los bancos. Por esto no es extraño que al programar estas lecciones, a la hora de hablar del dinero como poder fáctico, hayáis hecho figurar en primer lugar a los bancos, dando por sentado que los bancos tienen poder; que son un poder fáctico. No sería razonable negarlo, aunque en la apreciación de este poder haya una mezcla de realidad y fantasía, con no escaso peso del segundo componente. Lo que decimos de los bancos puede predicarse de las entidades financieras en general y, en especial, de aquellas que, como las cajas y las cooperativas, reciben depósitos y otorgan créditos. De forma que cuando en adelante, para simplificar, me refiera a la banca, que viene a ser el paradigma de las entidades de crédito y depósito, habrá que entender que se emplea el nombre como sinónimo de entidades financieras.

Que los bancos, al igual que los demás intermediarios financieros, manejan más o menos dinero es un hecho cierto. Pero de aquí a pensar que la banca puede disponer de dinero sin límites y puede emplearlo de la manera que quiera, hay una gran diferencia. La fantasía popular supone que las arcas de los bancos son inagotables y que los banqueros pueden disponer de ellas para los fines que les plazcan. La más ingenua, pero no única, manifestación de esta creencia la constituye la generalizada tendencia a acudir a los bancos en petición de donativos y subvenciones. Desde la más modesta asociación recreativa de ámbito local, hasta las grandes instituciones nacionales de carácter cultural, pasando por toda clase de asociaciones intermedias, sin olvidar las corporaciones municipales y provinciales, todo aquel que necesita dinero para proyectos de carácter más o menos desinteresado, sea un monumento, sea un congreso, sea una competición deportiva, piensa que el dinero donde abunda es en los bancos y allá va con su demanda de ayuda a fondo perdido, como si el dinero que manejan los bancos fuera de ellos.

La realidad es muy distinta. Para captarla se precisa entender, en primer lugar, lo que es un banco. Sin ánimo de cansaros me vais a permitir que recuerde que la banca privada es una institución que se dedica, principalmente, a recibir dinero de terceros en forma de depósito irregular, al objeto de prestarlo, por su cuenta y riesgo, en aquellas condiciones de seguridad y remuneración que razonablemente permitan esperar que será posible la devolución de los depósitos, acrecidos con sus intereses, juntamente con la generación de un beneficio para los suministradores del capital de riesgo, que constituye precisamente la base de garantía para la captación de dichos depósitos. Al lado de esta actividad principal, la banca realiza actividades propias de la comisión mercantil, prestando a su clientela una extensa gama de servicios diversos, con riesgo o sin él, por los que percibe una remuneración llamada precisamente comisión.

Tres cosas esenciales resultan de esta definición. La primera, que todo el dinero que manejan los banqueros no es suyo, sino que es en parte -la mayor parte- de los depositantes, y en parte -la menor parte- de los accionistas. La segunda, que el uso que haga el banquero del dinero recibido de unos y otros debe dejar a salvo la integridad de su importe. La tercera, que este uso debe ser rentable en cuantía suficiente para que, junto con la remuneración procedente de otros servicios, quede asegurada la remuneración pactada con los depositantes y el beneficio esperado por los accionistas. En resumen, que el banquero es esencialmente un administrador de caudales ajenos. Y que los propietarios de estos capitales, depositantes y accionistas, son muy numerosos y en su inmensa mayoría personas modestas con pequeños depósitos y pequeños paquetes de acciones. Es difícil, por las duplicidades que existen, saber exactamente cuántos son unos y otros, pero es cierto que los accionistas de los bancos españoles se cuentan por millones y sus depositantes por decenas de millones. Éstos son los propietarios del dinero de los bancos; los banqueros no son más que gestores del patrimonio de terceros.

La creación de dinero

Todo esto no obsta para reconocer que la banca, entre sus poderes reales, tiene el poder de crear dinero. Poder que, desde luego, tienen también las cajas de ahorro y todas las instituciones que reciben depósitos y otorgan créditos. En efecto; si en sus orígenes los bancos fueron meros custodiadores de fondos, muy pronto aprendieron que, por la ley de los grandes números, podían atender los eventuales desfases entre ingresos y retiradas de depósitos manteniendo en caja una pequeña fracción de estos depósitos; con el excedente, los bancos otorgan créditos, sea en forma de préstamos sea en forma de descuentos. Estos créditos generan nuevos depósitos, que, si bien no puede asegurarse que vuelvan al mismo banco -salvo que en el país no hubiera más que un banco-, se formalizan en algún miembro del conjunto de bancos, provocando así la expansión múltiple de los depósitos, que son una forma de dinero -dinero escriturario- creado por los bancos, que, junto con el dinero efectivo -emitido por los bancos centrales- constituye la masa monetaria.

Pero el hecho de que la banca cree dinero, y dinero prestable, no quiere decir que pueda crearlo ilimitadamente para atender cualquier demanda de crédito. En la sociedad moderna, la parte de los depósitos que los bancos mantienen sin prestar a su clientela no siempre depende sólo de su voluntad, como en otros tiempos, sino a veces también de la política económica, financiera y monetaria decidida por los Gobiernos. Intentemos ver cómo, en estas condiciones, tiene lugar la creación de dinero.

Supongamos, para simplificar, que la totalidad de los fondos propios de la banca se hallen empleados en inmovilizado y valores de renta variable y que los recursos a detraer del circuito "depósitos-préstamos-depósitos", para mantenerlos disponibles, como consecuencia de la imposición del Banco de Emisión o por propia decisión de la banca, sea igual al 5 por ciento de los depósitos. En este supuesto, de cada 100 millones de nueva liquidez que en forma de depósitos lleguen al sistema, la banca destinará 95 millones a otorgar créditos, conservando 5 millones en caja. Los créditos otorgados generarán una cascada de nuevos depósitos y nuevos préstamos, cada vez de menor importe, porque en cada generación habrá que retener una vigésima parte del nuevo depósito. Suponiendo que el público no se quede nada en efectivo y los sucesivos y decrecientes préstamos vuelvan íntegramente al sistema, cuando la suma de retenciones alcance los 100 millones recibidos, se habrá agotado la capacidad de la banca de otorgar crédito sobre los mismos. En este momento, la suma de la serie decreciente de depósitos generados será igual a 2.000 millones, lo cual significa que, en las condiciones descritas, el poder de crear dinero de la banca queda limitado a multiplicar por veinte los 100 millones de depósitos primarios recibidos. De forma que, al final del proceso de multiplicación, en el activo del balance habría 100 millones en liquidez y 1.900 millones en préstamos que igualarían a los 2.000 millones de depósitos en el pasivo, de los cuales, 100 serían primarios y 1.900 creados por la banca.

En las hipótesis hechas, cada vez que se inyecta liquidez adicional al sistema -sea porque aumenta el crédito del Banco de España a la banca, sea porque el público, reduciendo su preferencia por los billetes, aumenta sus depósitos en efectivo-, la banca se halla en condiciones de generar nuevos préstamos y nuevos depósitos a razón de 1.900 millones en préstamos y 2.000 millones en depósitos por cada 100 millones de liquidez inyectada. De la misma forma, cada vez que el público o el Banco de España retira 100 millones de liquidez, la banca debe reducir sus préstamos en 1.900 millones, lo que entraña la destrucción de 2.000 millones de depósitos. Ahí tenemos, pues, una primera limitación del papel de la banca. La banca, por razones extrínsecas, no puede crear, para darlo a sus demandantes, todo el dinero que los usuarios del crédito, en cada momento, puedan desear. En suma, el poder de la banca para otorgar créditos, para prestar dinero, está condicionado por la política del Banco de España y por los hábitos de ahorro financiero del público.

El papel de los Bancos de Emisión

Si los bancos, públicos o privados, considerados individualmente o en su conjunto, tienen una determinada cuota de poder, resulta ocioso señalar que la dimensión de esa cuota es mucho mayor cuando se trata de los Bancos de Emisión, los cuales además del poder derivado de la determinación de la base monetaria sobre la que se construye la pirámide del dinero a que acabo de referirme, tienen, por lo general, el poder de supervisar, vigilar, inspeccionar y sancionar a los integrantes del sistema financiero. Es evidente que este poder puede resultar temible si el Banco de Emisión hiciera de él un uso distorsionado, pero no lo es menos que, en ausencia de esta función supervisora en manos del Banco Central, el riesgo de que tal poder recaiga en el Gobierno de turno, con todas las cosas imaginables o no que un Gobierno puede hacer con bancos y cajas, es verdaderamente mucho peor.

El poder de dar o negar el crédito

Pero volviendo al poder de los bancos, basado en la facultad de otorgar crédito, puede suceder y de hecho sucede algunas veces que, teniendo margen para hacerlo, la banca no concede todo el crédito que se le pide, originándose una liquidez excedentaria en el sistema. La razón de esta situación hay que buscarla en la definición de la banca, como empresa privada con ánimo de lucro, que antes he recordado. La banca privada no tiene como papel, y la sociedad no puede por lo tanto pedírselo, financiar las empresas a fondo perdido o con gran riesgo de que sea así. La responsabilidad de velar por la integridad de los fondos confiados por los depositantes y la exigencia de obtener una adecuada rentabilidad para los caudales arriesgados por los accionistas hacen que los bancos sólo puedan conceder crédito cuando hay razonables esperanzas de recuperar el principal y percibir los intereses devengados y las comisiones estipuladas. Sin duda que algunos piensan que, a este respecto, la banca exagera en el análisis y exigencia de garantías, faltando así al papel de apoyar a empresas que, aun siendo poco solventes, son dinámicamente prometedoras. Es comprensible que cada uno hable de este tema según el lado en que se halla. Las empresas dicen que las garantías exigidas son excesivas; los bancos piensan que las obtenidas son escasas. Por mi parte, sólo diré que la cartera de deudores morosos que hay que aprovisionar y la de fallidos que hay que amortizar con cargo a resultados, prueban que el poder de la banca, en lo que se refiere a prestar dinero, tiene, además del señalado anteriormente, un segundo límite impuesto por su misma naturaleza de empresa mercantil, consistente en no poder satisfacer aquellas demandas de crédito que presentan síntomas de poner en riesgo su rentabilidad primero y su propia subsistencia después.

No obstante lo dicho, a la banca y a las empresas financieras en general, les queda un poder indiscutible y de carácter totalmente discrecional, sobre el que, ahora, me gustaría reflexionar. Los bancos son poderosos, con independencia de su tamaño, porque cada uno de ellos, en su esfera de actuación y dentro de los límites impuestos por las razones dichas, puede otorgar a las personas físicas y a las empresas, en forma de crédito o de capital, los recursos financieros para el desarrollo de sus proyectos de inversión y consumo. Pero de la misma manera que puede otorgar puede no hacerlo, de forma que el poder radica no en la cantidad de recursos otorgables; muchos si la entidad es grande, pocos si la entidad es pequeña. El poder está en la facultad de dar o negar, es decir, de otorgar a unos y negar a otros, en forma completamente discrecional; nadie, en efecto, puede exigir a una entidad financiera que le conceda un crédito en méritos a unas condiciones objetivas. De esta manera, las empresas financieras, pueden decidir sobre el bienestar de las personas y, lo que es más importante, por el efecto multiplicador implícito, podrían decidir, si todas ellas se pusieran de acuerdo, qué empresas van a sobrevivir y expansionarse y cuáles van a verse condenadas al estancamiento y a la desaparición. Y es, precisamente, aquí donde el poder de la banca entra en terreno crítico puesto que, si bien la facultad discrecional de dar o negar, en principio, ni es buena ni es mala, el ejercicio de esta facultad para encaminar los recursos de la entidad a una u otra finalidad, sí puede ser éticamente correcto o incorrecto.

Las exigencias éticas de la gestión bancaria

La manera correcta de otorgar o negar la financiación a particulares y empresas consiste en concederla, dentro de las estrategias de diversificación sectorial y territorial que el banco tenga implantadas, a aquellos que reúnen las condiciones para merecerlo, evaluando los proyectos que amparan las solicitudes que les son sometidas, así como la capacidad de los proponentes para llevarlos a cabo.

Sería, en cambio, incorrecto, no sólo desviar directamente los recursos del banco en provecho de los administradores y gestores, mediante fraude y falsificación contable, lo cual es evidente, sino además, entre otras figuras que cabría detallar, es moralmente censurable financiar en condiciones privilegiadas, con perjuicio de los resultados, a los propios administradores del banco o a sociedades que les pertenecen; montar operaciones que, si salen bien, redundan en beneficio de los directivos y, si salen mal, pasan a formar parte de los morosos o fallidos del banco; prodigar y despilfarrar fondos en operaciones sin más productividad económica y social que el lujo y ostentación de los dirigentes; invertir o gastar dinero en el fomento exagerado de la propia imagen del banco, con cargo al beneficio esperado por los accionistas; invertir, sin preocuparse de la rentabilidad verosímilmente esperable, para obtener el control de medios de información o para congraciarse con determinados grupos de presión, al objeto de protegerse contra presuntos ataques o contra la divulgación de los aspectos realmente desfavorables de la marcha de la empresa; o, finalmente, buscar otros fines que, siendo en sí mismos lícitos, no deben ser perseguidos a expensas de la rentabilidad debida a los accionistas y de la solvencia de la entidad frente a sus depositantes.

Con lo dicho, evidentemente, no he agotado los aspectos éticos de la gestión de las entidades financieras, imputables en mayor o menor grado a sus gestores, de acuerdo con la responsabilidad del puesto que ocupan, ya que, como antes he aludido, las personas jurídicas, si bien tienen responsabilidad civil y penal, no tienen responsabilidad moral, que es lo que aquí me interesa analizar. Esta responsabilidad moral recae indiscutiblemente en los gestores que expresamente no la hayan salvado, para lo cual, algunas veces, no cabrá más expediente que la dimisión del cargo. No he agotado, digo, los aspectos éticos de la actuación de los gestores de las empresas financieras, ya que éstos se extienden a muchos otros campos relacionados, en síntesis, con el ejercicio de las virtudes cardinales de la justicia, la fortaleza, la templanza y, sobre todas ellas, la prudencia. Podría, desde luego, detallarlos y citar casos concretos en los que el banquero se comporta de acuerdo con estas virtudes y otros en los que claramente las vulnera. Pero, por razón del tema que me ha sido asignado, esta tarde me he referido sólo a los aspectos éticos del ejercicio del poder derivado del hecho de tener o, más exactamente, manejar dinero.

El dinero y los Gobiernos

Pero la banca no es el único actor a considerar en orden al poder fáctico deducido del hecho de manejar dinero. El Gobierno que es un poder legal, uno de los tres que integran el Estado de Derecho, se convierte en un poder fáctico que, desgraciadamente, algunas veces, vulnera la legalidad, cuando mueve dinero. Los Gobiernos dicen que manejan dinero público. En términos de flujos de caja, salvo las escasas rentas del Patrimonio del Estado, el dinero público, en realidad, no existe. El dinero que llaman público es dinero privado, generado por la actividad privada, que el Estado se ha apropiado -podemos decir, ha expropiado al sector privado- mediante los impuestos. El manejo de este dinero, en cuantía superior a la necesaria para la realización de aquellos fines propios del Estado, que, dicho sea de paso, no requieren mucho dinero, da al Gobierno poder fáctico, no legal, para hacer lo que, de acuerdo con lo que debe ser el Estado de Derecho, no debería hacer. En primer lugar, crear un entramado de empresas públicas en sectores económicos en los que no tiene por qué intervenir y en las que, por lo general en forma ruinosa, ejerce el poder de contratación de empleo, utilizándolas, además, para colocar en sus Consejos a aquellas personas que políticamente le interesa tener satisfechas o sumisas. En segundo lugar, mantener un enjambre de organismos autónomos de carácter administrativo, comercial, industrial y financiero, vinculados a los Presupuestos Generales del Estado, desde los cuales hacer sentir el poder que proporciona la capacidad de gastar. En tercer lugar, contratar con el sector privado obras, servicios públicos y suministros al Estado, a las Comunidades Autonómicas y a los Ayuntamientos, lo cual constituye uno de los campos más abonados para la corrupción, poniendo de manifiesto la veracidad de la opinión según la cual el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. En el bien entendido de que cuando hablo de poder absoluto no me estoy refiriendo ni única ni preferentemente al sistema autocrático de gobierno.

El objetivo de la democracia es poner el gobierno bajo la ley; pero si el poder de elaborar leyes y el poder de administrar justicia, se someten de hecho, a los dictados del poder ejecutivo, se acaba la aparente división de poderes, ya que el gobierno dispone de la facultad de dictar cualquier ley que le ayude a alcanzar los propósitos particulares del momento y de resolver a su favor los eventuales recursos de los ciudadanos ante los tribunales. Con ello quiebra el principio de "gobierno bajo la ley" y se pasa al gobierno arbitrario, es decir, "sin reglas", movido por la voluntad o el capricho. De aquí que Von Hayek haya podido decir que es concebible, aunque improbable, que un gobierno autocrático ejerza la autorrestricción; pero un gobierno democrático ilimitado simplemente no lo puede hacer. La razón es que el gobierno democrático, si es omnipotente, como resultado de sus poderes ilimitados, se convierte en arbitrario porque, para reunir una mayoría y mantenerla, hará, no lo que convenga al interés general, sino lo que satisface las peticiones de los diversos grupos, cada uno de los cuales aceptará los beneficios especiales otorgados a otros grupos sólo al precio de que sus propios intereses sean igualmente considerados. Y es este poder arbitrario, aunque se llame teóricamente democrático, el que da paso a la extorsión y al soborno. Siempre que hay intervención estatal y la concesión de algún derecho o privilegio depende de la decisión o interpretación de un funcionario o de un grupo de ellos, es más que probable que el que busca la concesión intente sobornar a los funcionarios o que los funcionarios extorsionen al aspirante a la concesión, exigiéndole una comisión para obtener aquello a lo que aspira, con independencia de que tenga derecho o no a ello. Así hemos podido ver y seguiremos viendo, si no se remedia, las entregas de dinero, directamente o a través de intermediarios, para lograr beneficios fiscales, recalificaciones de suelo, licencias para emprender actividades reguladas, y hasta para disfrutar de niveles confortables en precios y tarifas administrativamente establecidas.

Otra manifestación del uso del poder fáctico, no legal, por parte del Gobierno, en relación con el dinero, es la que, desgraciadamente, hemos contemplado con estupor en los ultimos años, cuando el Gobierno ha extorsionado a personas y empresas para obtener de ellas fuertes cantidades destinadas a la financiación irregular del partido que, habiendo alcanzado el poder, les ofrecía, desde el Ejecutivo, a cambio de trabajos e informes inexistentes, ciertos privilegios, o simplemente aquello a lo que tenían derecho.

Los partidos políticos

Lo que acabo de decir trae a colación otro poder fáctico; los partidos políticos, sobre los que quiero ahora dar mi opinión. Aunque no sólo en España, pero sí de una manera muy especial en nuestro país, los partidos políticos han secuestrado la democracia, que ha dejado de ser lo que su etimología denota: el gobierno por el pueblo. Los partidos políticos han asaltado la política y han dejado de ser un cauce para que la opinión de la sociedad influya en el Gobierno del Estado que, no se olvide, ha de estar al servicio de la sociedad y no al revés, como ahora sucede. Esto ha ocurrido por dos principales causas: la ley electoral y el sistema de gobierno interno de los partidos, aunque ambas cosas están profundamente interrelacionadas. El actual sistema electoral basado en circunscripciones grandes y listas cerradas con nombres de personas que nadie conoce, seleccionadas por la oligarquía que dirige el partido, hace, por un lado, que el ciudadano no vota a un político para que le represente y, por otro lado, que los elegidos no se sienten responsable ante el elector. Los Diputados son meras máquinas de votar leyes, que obedecen las órdenes del partido a quien deben el favor de figurar en la lista electoral, en un lugar tanto más alto cuanto más fieles sean a las consignas de la "nomenklatura" del partido.

Todos, en teoría, están de acuerdo en que este sistema electoral es malo y que habría que hacer una ley con circunscripciones pequeñas, con un solo candidato por partido que, al resultar elegido, se hace responsable ante los electores de la circunscripción. Es lo que funciona en Inglaterra, que por algo es la cuna de la democracia moderna. Este sistema de circunscripciones pequeñas y elección de un candidato por circunscripción, por mayoría, a una o dos vueltas, es además un sistema muy barato, porque el candidato por la circunscripción lo único que tiene que hacer es darse una vuelta el fin de semana para ver a sus electores y comprobar si está defendiendo lo que ellos quieren para seguir votándole. En este sistema, los partidos necesitan poco dinero y, por lo tanto, no tienen por qué recibir subvenciones del Presupuesto como sucede aquí y escandaliza a los ingleses, donde los candidatos dicen que "si mis electores supieran que yo recibo dinero del Presupuesto del Estado dejarían de votarme inmediatamente". A pesar de algunas irregularidades que, según vemos, a veces se dan incluso en el Reino Unido, el sistema inglés está más a cubierto de la financiación por los cauces de la corrupción y el cohecho a que ya me he referido, al que, por lo ingente de sus gastos electorales, se sienten tentados de recurrir nuestros partidos políticos.

La financiación de los partidos

Recientemente, Gaspar Ariño ha publicado cifras sobre las subvenciones oficiales a los partidos políticos, estimando que, entre los gastos derivados de sus actividades ordinarias; los de las elecciones generales, europeas, autonómicas y municipales, los años en que las hay; las atribuciones a los grupos parlamentarios; y la multitud de ayudas que se otorgan a sí mismos, gracias al consenso que rápidamente alcanzan, estas subvenciones vistas a los partidos políticos alcanzan, aproximadamente, una media de 15.000 millones anuales. Pero lo gordo es que todo este dinero no ha sido suficiente y, habiendo los partidos recurrido al endeudamiento, bancos y cajas, después de condonar cientos de millones de intereses no satisfechos, han tenido que aprovisionar créditos impagados que el Banco de España ha cifrado en 50.000 millones en los años transcurridos desde 1987. Si a todo esto añadimos la financiación privada que, legalmente, no puede rebasar el 5% de la contenida en los Presupuestos del Estado, pero que evidentemente ha sido, aunque no declarada, mucho mayor, y añadimos todos los expedientes ilegales y delictivos que finalmente han saltado al conocimiento público, se comprende que el modelo de organización política, basado en el actual funcionamiento de los partidos, está profundamente viciado y no responde al verdadero concepto de democracia parlamentaria.

El sistema de circunscripciones pequeñas y candidato único, superado el decimonónico modelo caciquil, difícilmente pensable en una sociedad mediática, sería la mejor manera de terminar tan lamentable situación de abuso del poder de los partidos y de recuperar el genuino sentido de la democracia representativa mediante la entente directa entre los electores y el elegido. Una vez ganará el conservador, otra vez ganará el liberal, el socialista, etc. En cualquier caso, el ganador es responsable ante los electores que conocen su cara y saben su nombre. Ahora no; los electores votan una lista en la que nadie sabe quién es quién, son nombres que el partido ha puesto allí; votan la siglas, nada más. Todos están de acuerdo en que esto es así. Pero ¿cuál es el partido dispuesto a cambiarlo? No hay ninguno que se proponga llevar a las Cortes una ley para modificar la Ley electoral. No quieren. ¿Por qué? Porque pierden el poder fáctico que tienen las oligarquías de los partidos, sólo interesadas en su propia supervivencia, mediante el uso espurio de los recursos de este poder, para lo cual les convienen las listas largas y cerradas que les permiten premiar a unos militantes y castigar a otros, poniendo a unos aquí y a otros allá.

Las empresas no financieras

Podríamos ahora continuar la enumeración y el análisis de otros agentes que utilizan el dinero para ejercer, sobre la sociedad, un poder fáctico, es decir, no legal ni reglado, al objeto de lograr sus propios fines. Entre ellos están algunas empresas no financieras, nacionales o multinacionales, cuyo poder descansa en la posibilidad de invertir, contratar, otorgar concesiones, ofrecer puestos de trabajo bien remunerados, a veces sin otra contrapartida del beneficiario que la puesta en juego de su influencia, en medios políticos o gubernamentales, para lograr los objetivos de expansión y rentabilidad que la empresa persigue. No creo que haga falta añadir que este poder conferido por el dinero a las multinacionales operando en el Tercer Mundo puede ejercerse, ciertamente, en forma negativa, recurriendo al soborno y fomentando la corrupción de los dirigentes de estos países que, para servir a sus intereses egoístas, tienen sumidos en la miseria a sus poblaciones. Pero nada impide, desde luego, que el mismo poder se desarrolle en forma positiva ofreciendo empleo y remuneración a los nativos, hasta el punto de que, en algunos casos, las críticas contra las multinacionales operando en dichos países se han convertido en demandas imperiosas de que no los abandonen privando de una fuente de subsistencia a las capas menos dotadas de la población.

Conclusión

Podría extenderme en todo esto, pero me parece que es hora de terminar volviendo a lo que decía al principio. Tener dinero ni es bueno ni malo; depende de los caminos por los que se haya adquirido y del empleo que se haga de él. Ejercer el poder fáctico derivado de manejar dinero tampoco es, en sí mismo, ni bueno ni malo; depende del uso que se haga de este poder. Ya antes señalé ocasiones o casos en los que el empleo del poder del dinero era moralmente condenable. Ahora diré que utilizar el poder que da el dinero para crear trabajo, riqueza y bienestar es bueno. Emplear este poder para hacer progresar la ciencia, la cultura y el saber es altamente encomiable, como lo es ejercer el mecenazgo en las tareas de educación, formación profesional y tantas otras a todas luces recomendables. Por lo tanto, la índole moral atribuible al dinero, traslaticiamente calificado de poder fáctico, no puede deducirse de su propia condición, por naturaleza indiferente, sino de la intencionalidad del sujeto que lo maneja y de la categoría moral de la acción realizada.