A continuación vamos a la segunda conferencia. Contamos con D. Rafael Termes Carreró como ponente. Si hay alguien en este país representativo de la libertad y de su defensa, muchas veces de manera entusiasta, es D. Rafael Termes. Brevemente, aunque todos le conocemos por su presencia pública, daremos unos datos de su curriculum: Doctor Ingeniero Industrial, Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y también de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Es Profesor de Finanzas del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), de la Universidad de Navarra, y por otra parte, desde septiembre de 1991, Director de su Centro en Madrid.

Es Consejero del Banco Popular y fue Consejero-Delegado del mismo del 66 al 90. Ha sido Presidente de la Asociación Española de Banca Privada (AEB) desde noviembre del 77 hasta mayo del 90. Desde el 78 hasta el 95 Vocal del Consejo Rector de la Asociación para el Progreso de la Dirección. Es Presidente de Honor de muchas entidades, yo simplemente destacaría, porque estamos concretamente en un curso de la Universidad Complutense, es Vocal del Consejo General de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid.

Es importante la labor que desde hace muchos años viene realizando, de manera muy amena, divulgando en materias económicas y Financieras, por medio de innumerables medios de información, e informes, conferencias, artículos, y comparecencias en los medios de comunicación social. Parte de su producción, no toda, está reflejada en varias publicaciones. entre ellas destacaría: «El poder creador del riesgo», «Capitalismo y ética», Elogio del beneficio» y «Del estatismo a la libertad».

Por otra parte, es muy interesante seguir la trayectoria de D. Rafael Termes a través de sus dos volúmenes «Desde la Banca. Tres décadas de vida económica española».

Importantes también son sus trabajos relacionados con el mundo y con la doctrina social de la Iglesia. Podría extenderme mucho más pero lo importante, en estos momentos es oírle. D. Rafael Termes tiene la palabra, sobre un tema importante, discutido y controvertido: «Del Estado del Bienestar a la Sociedad del Bienestar».

Puede decirse que este Estado del Bienestar es el que desean los votantes, pero la verdad es que éstos no tienen mucho donde elegir porque, a pesar de que los resultados insatisfactorios del modelo fueron pronto patentes, los políticos -sean socialistas sean conservadores- tienden todos a ofrecer programas de gasto en favor de sus clientelas, a fin de ganar las elecciones que es lo que realmente importa a los políticos. Si los ciudadanos han aceptado, implícitamente, el planteamiento del Estado del Bienestar, ha sido bajo el engaño de hacerles creer que la protección que les otorgaba era gratuita; siendo así que la pagamos todos -unos más y otros menos- hasta que resulte imposible pagarla, cosa que ya está sucediendo.

Desgraciadamente, a pesar de la amarga experiencia del desempleo que se ha abatido sobre Europa -y en especial sobre nuestro país- a consecuencia, sin duda, del modelo socio-económico que late tras el Estado del Bienestar, la realidad es que los políticos, presos ellos mismos del engaño en que han hecho incurrir a sus electores, no se atreven a mentar nada que pueda suponer un intento de cambio del sistema de protección social, a pesar de que estén convencidos de que hay aspectos del mismo con imperiosa necesidad de ser modificados. Y es que aun haciéndoles gracia de no caer, en interés partidista, en el fomento del fraude y en la corrupción del sistema, la tentación de utilizar los alegados beneficios de la Seguridad Social con fines electorales es muy grande.

Pero los hechos son tenaces y, si no se toman las necesarias medidas correctoras, como están ya haciendo algunos países europeos, la quiebra económica del Estado del Bienestar, sobre todo en lo que se refiere a las pensiones, la sanidad y la protección del desempleo, es inexorable, en un plazo más bien corto, ya que es imposible y, dentro del proyecto de la Unión Europea todavía más, intentar cubrir el déficit que estas prestaciones provocan, con más y más deuda; deuda, que a su vez, a causa del peso de los intereses, es generadora de mayor déficit.

El Estado del Bienestar, tal como se ha concebido y aplicado, ha sido y sigue siendo perjudicial, pero no solamente por la quiebra económica a que conduce. Con ser esto malo, a mi juicio no es lo peor. Lo peor del Estado de Bienestar es el daño que ha hecho a la mentalidad de los hombres de nuestro siglo. El Estado ciertamente debe proteger las situaciones de indigencia y, en ejercicio de su función subsidiaria, extenderla a los contados casos que la sociedad no puede atender. El error del Estado del Bienestar es haber querido que esta protección se universalizara, alcanzando al inmenso número de aquellos que, sin necesidades perentorias, debían haber sido puestos a prueba para que dieran los frutos de que la iniciativa individual es capaz; en lugar de ello, generaciones enteras han sido adormecidas por el exceso de seguridad, con cargo al Presupuesto y, lo que es peor, en detrimento de las unidades productivas de riqueza que, de esta forma, se sienten desincentivadas. En este sentido el nivel a que se ha llevado el Estado del Bienestar ha traicionado incluso el pensamiento de Lord Beveridge, tenido por el padre del Estado del Bienestar moderno, quien había escrito: «el Estado, al establecer la protección social, no debe sofocar los estímulos, ni la iniciativa, ni la responsabilidad. El nivel mínimo garantizado debe dejar margen a la acción voluntaria de cada individuo para que pueda conseguir más para sí mismo y su familia».

Lo que, contrariamente, ha sucedido, es que nuestros contemporáneos, acostumbrados a tener cubiertas, sin esfuerzo, todas sus necesidades básicas, desde la cuna hasta la tumba, han perdido el amor al riesgo y a la aventura, creadora de riqueza. Preso de una paralizante excesiva seguridad, el hombre de hoy se desinteresa progresivamente de su contribución al desarrollo de la sociedad, lo que conduce a instituciones cada vez más ineficaces y anquilosadas. En esta situación, lo único que subsiste es la ambición por el enriquecimiento rápido y sin esfuerzo, fomentando la corrupción y el empleo de toda clase de artes torcidas para lograrlo.

El Estado del Bienestar, en manos de políticos que buscan sus propios objetivos de perpetuación en el poder, produce efectos contrarios a los que dice perseguir. El seguro de desempleo amplio y duradero, produce más paro; la ayuda a los marginados produce más marginación; los programas contra la pobreza producen más pobres; la protección a las madres solteras y a las mujeres abandonadas, multiplica el número de madres solteras y el número de hogares monoparentales... Los estatistas dicen que, a pesar de todo, el Estado del Bienestar produce sociedades socialmente más justas. Y pretenden probarlo, porque, haciendo un empleo abusivo del concepto de «justicia», han convertido en «derechos» a satisfacer en nombre de la «justicia social», lo que no eran más que reivindicaciones propugnadas por determinados grupos políticos y sindicales. Por eso, aunque, en España, desde 1970 el peso del gasto social sobre el PIB se ha más que doblado, la gente no se siente satisfecha y pide más y más amplias prestaciones, continuando la escalada de presiones para convertir en derechos las pretensiones más absurdas y abusivas, como es, por ejemplo, la demanda de hacerse reembolsar los gastos de abortar, con lo cual, además de haber legalizado el crimen, se pretende que el crimen en que el aborto consiste sea pagado con el dinero de los contribuyentes, con total vulneración de lo que debe entenderse por Estado de Derecho.

Los defensores del Estado del Bienestar dicen, también, corrompiendo de nuevo los conceptos, que, gracias a él, nuestras sociedades son más solidarias, cuando, en realidad, la solidaridad organizada con cargo al Presupuesto lo que hace es expulsar la virtud personal de la solidaridad, con sacrificio personal, de la que la sociedad dio abundantes pruebas antes de que el intervencionismo estatal justificara la inhibición del individuo. Este es el daño moral hecho por el Estado del Bienestar: la vinculación del individuo al Estado. Sus efectos serán muy difíciles de desarraigar en unas generaciones crecidas al amparo del Presupuesto. No sin razón se ha podido decir que el ciudadano de nuestros días contempla la seguridad que el Estado del Bienestar le proporciona como algo consustancial a su propia forma de vida y a lo que difícilmente va a renunciar. Esto es lo malo.

La sociedad del Bienestar

La crítica económico-financiera y sobre todo moral que acabo de hacer al Estado del Bienestar no significa, ni mucho menos, que tengamos que renunciar a la búsqueda del bienestar social. Lo que significa, y con ello entro en la tercera parte de mi intervención, es que hay que buscarlo por otro camino y este camino no puede ser más que el de devolver el protagonismo al individuo y a la sociedad, replegándose el Estado al papel que le es propio. Yo no soy anarquista y, por lo tanto, no pretendo elaborar un modelo de bienestar en el que el Estado esté ausente. Creado por el hombre, para servirle a él y a la sociedad, que es un producto espontáneo de la propia naturaleza humana, el Estado es necesario. El Estado debe existir, acotado a los límites determinados por los fines para los que primigeniamente fue concebido, es decir, para servir, y no como ahora sucede, para ser idolatrado, sacrificando en su honor a las personas y a sus bienes materiales y espirituales, entre los cuales están la libertad y la dignidad humana, tantas veces conculcadas por las concepciones estatistas.

El Estado debe existir para servir a la sociedad, no al revés, definiendo el marco legal dentro del cual los individuos, aisladamente o en asociación con quien deseen, puedan perseguir libre y responsablemente sus propios fines; y administrando justicia entre los ciudadanos, todos iguales ante la ley, para dirimir los conflictos que en la persecución de estos fines puedan presentarse. Descendiendo al campo concreto del bienestar, que es el que esta mañana nos ocupa, el Estado, si se me permite el juego de palabras, no debe, en principio, dar al hombre lo que necesita para asegurarse el bienestar, sino darle la seguridad de que por sí mismo puede ganarse el bienestar que necesita, espoleando en él, con los adecuados incentivos, el ímpetu para abrirse camino en la vida, es decir, fomentando la responsabilidad de forjar la propia existencia, generando en el individuo la garra suficiente para afrontar la lucha con vistas a la realidad presente y a las eventualidades del futuro. O sea, propiciando todo lo que el Estado del Bienestar ha destruido, pretendiendo dar a todos una excesiva y, por ello, paralizante seguridad.

Todo individuo, en orden a la satisfacción de sus necesidades económicas, intenta maximizar la utilidad de su consumo a lo largo del tiempo, mediante una adecuada combinación de gasto y ahorro. El hombre sabe que, contando con sus solos medios, si desea disponer de recursos en el futuro para atender a toda clase de necesidades, previsibles o no, ha de sacrificar el consumo presente en aras de un ahorro que le asegure el futuro. Esta convicción hace al hombre emprendedor y prudente, al mismo tiempo. Emprendedor, para asumir aquellos riesgos razonables que prometen mayores ingresos, y prudente, para apartar del consumo aquella razonable parte de los ingresos destinados a la previsión del futuro. Por esto el ahorro es una virtud.

Esta situación, que es, a mi entender, la deseable, es la que se produce cuando el Estado no lo impide. En ausencia del intervencionismo estatal, la sociedad se vertebra y produce, por iniciativa individual, todas aquellas instituciones de carácter privado necesarias para el logro de los objetivos del bienestar. El primer resultado de este cambio de enfoque es que los objetivos se lograrían mejor, es decir, más eficientemente y a menor coste. Todo el mundo está convencido de que los sistemas privados de prestaciones sociales son más eficaces y baratos que los públicos. Incluso los que defienden la Seguridad Social pública, lo hacen, no por razones económicas, sino por la necesidad -dicen, erróneamente, desde luego- de primar la equidad sobre la eficiencia, reconociendo, implícitamente, lo que hoy ya no se discute, es decir, que la eficiencia está del lado privado. Es más, en el supuesto de que el Estado quiera reservarse -en algunos casos razonablemente, como veremos- el papel de financiador total o parcial de las prestaciones sociales, su provisión puede y debe confiarse al sector privado porque lo hará mejor y más barato.

Para anticiparme a las críticas -que, sin haberse expresado, estoy ya oyendo- a las críticas, digo, basadas en el presunto menosprecio del sistema expuesto hacia aquellas personas que ni son capaces por sí mismas de hacer frente a sus necesidades de bienestar presente y futuro, ni disponen tampoco de los medios para acceder a las instituciones que la sociedad civil promueve, me gustaría explicar con cierto detalle, por vía de ejemplo, cómo funcionaría, cómo debería funcionar, sin olvidar a los menos capaces, un sistema de bienestar social, proporcionado por la libre iniciativa de la sociedad, en tres campos tan sensibles y significativos como son la enseñanza, la asistencia sanitaria y el sistema de pensiones, a fin de probar que el sistema liberal que propugno ni es insensible ni inhumano.

Empezando por la enseñanza, habría que privatizar todos los centros de educación, primaria, secundaria, profesional y universitaria y, en los casos en que no resulte, por el momento, posible, hay que desenchufar los centros estatales de los presupuestos del Estado, dotándoles de autonomía de gestión, así como suprimir todas las subvenciones a los llamados centros concertados, de forma que unos y otros, con las tasas o matrículas necesarias para cubrir sus respectivos costes, compitieran en eficacia, calidad y precio, a fin de que los padres o los propios alumnos pudieran elegir el Centro que más les convenza. De esta forma se acabaría con la injusticia, la inmoralidad, de que el Estado imparta educación gratuita o a un precio irrisorio, tanto al hijo del mayor potentado como al hijo del obrero menos remunerado. Esta situación es inmoral porque la diferencia entre, por ejemplo, las 70.000 pesetas de la matrícula y las 500.000 pesetas, por lo menos, que es el coste real de una plaza en una Facultad Universitaria, la pagan en sus impuestos principalmente las clases medias, incluidas aquellas personas que no utilizan los servicios educativos.

Naturalmente que, para tranquilizar a los críticos, añadiré que, dejando aparte que en el Estado liberal la gente dispondría de mayores rentas netas a consecuencia de los menores impuestos que esta clase de Estado reclama, el sistema que propugno no se opone a que el Estado, para que no se pierda ninguna inteligencia por falta de medios económicos, facilite bonos escolares a quienes lo necesiten, de acuerdo con su nivel de renta, a fin de que cada uno aplique el bono, en pago total o parcial, a la escuela, instituto o universidad libremente elegida y que, al no ser subvencionada, ofrecería precios de matriculación de acuerdo con sus propios costes reales y según la calidad de la enseñanza impartida. Pienso que este esquema es más razonable que el actual y deja a salvo la atención a los menos pudientes.

Aunque el sistema descrito es sustancialmente aplicable a todas las otras áreas del bienestar, pasemos a la asistencia sanitaria, donde para mejorar una eficiencia que hoy está por los suelos, es indispensable, también, aumentar la competencia entre todos los prestadores de servicios para la salud, sean centros hospitalarios, sean oficinas de farmacia, sean, en su caso, compañías aseguradoras del coste de estos servicios, llegado el momento de su utilización por parte de los usuarios finales. Veamos, brevemente y a título de ejemplo, lo que cabe hacer con los actuales hospitales públicos. Estas instituciones pueden ser vendidas o, en su caso, cedidas por el Estado a grupos privados, quienes previo pago de un canon al Estado por dicha cesión, facturarían a las Compañías Aseguradoras, o Mutuas, los gastos incurridos por sus afiliados. Estas Compañías captarían sus clientes entre los que quisieran «desengancharse» de la Seguridad Social dejando de cotizar la parte correspondiente a sanidad. Naturalmente que para admitir la deducción de cuotas habría que demostrar la existencia de póliza de cobertura privada, ya que el Estado no puede permitir que, por falta de la misma, recayera sobre él la subsidiaria función asistencial.

En la línea de la protección a los que no dispongan de medios para afiliarse a una Mutua, o hacerse su propio seguro de asistencia sanitaria, el Estado, en su papel subsidiario,en el que según se ve no ceso de insistir, proporcionaría, como en el caso de la enseñanza, bonos sanitarios para ser gastados en el centro médico que cada uno eligiera.

Pero es en el campo de las pensiones de jubilación donde quizá mejor se ve lo que estoy propugnando. El actual sistema español de pensiones, público y de reparto, exige su reconversión para hacerlo privado y de capitalización. Las razones de esta afirmación son obvias. El sistema vigente es, en primer lugar, injusto porque la pensión del jubilado de ayer la pagan los trabajadores de hoy, trasladándose así la carga hacia las generaciones futuras que no saben si, cuando llegue la hora de su jubilación, habrá alguien que pague sus pensiones. Porque el sistema, además de injusto, es ineficiente; tiende a la quiebra. Cuando había cuatro trabajadores por jubilado, el sistema sin dejar de ser injusto, funcionaba; pero, a medida que la población envejece y el paro aumenta, va disminuyendo la base en que se apoya el invento. Cuando se llegue, ya estamos cerca, a que no haya ni un trabajador por jubilado, ¿cómo vamos a pagar las pensiones? Por esto el sistema, más pronto o más tarde, inexorablemente quebrará. Todos los estudios lo confirman y el propio Pacto de Toledo, artimaña política para mantener el sistema público y de reparto, lo reconoce cuando, para asegurar el pago de las pensiones en el futuro, no encuentra otra solución, en forma más o menos disimulada, que reducirlas.

Por esto, aun aquellos que, en nombre de una mal entendida solidaridad, no quieren reconocer la inmoralidad del sistema de reparto y la ineficiencia de la gestión pública del mismo, no tienen más remedio que aceptar que, finalmente habrá que cambiarlo, para pasar -gradualmente, desde luego- a un sistema en el que cada uno se construya la pensión que desee para el futuro con su propio ahorro de hoy, de acuerdo con su propia función de utilidad. Yo ahorro ahora para tener más el día de mañana. Si gasto más hoy, tendré menos mañana. Optar por una u otra alternativa debe ser una libre decisión de cada cual. Cada cual debe fabricarse la pensión, o el seguro de enfermedad, de que quiera disponer. ¿Significa esto que el Estado no tiene nada que decir en este asunto? Desde luego que no. El Estado tiene dos funciones a realizar: la función reguladora y la función subsidiaria. En méritos a la primera, el Estado debe obligar a todo el mundo a asegurarse una pensión mínima que, en la mayoría de los casos, debe ser equivalente o próxima al salario que se percibe. ¿Qué se necesita para esto? ¿Detraer, por ejemplo, un 10% del salario? Pues se detrae, con exención fiscal desde luego. ¿Alguien quiere obtener una pensión más amplia y quiere ahorrar, por ejemplo, un 20%? Ahorre un 20%, que también debería estar exento de impuestos para estimular el ahorro, ya que el ahorro, que se convertirá en inversión, es bueno para el país. Que cada uno ahorre para su pensión lo que quiera, pero el Estado debe exigir el mínimo, porque si alguien no se asegura, puede caer en la indigencia y el Estado, en méritos de la otra función, que es la subsidiaria, tendría que acudir en socorro de ese indigente, que ha llegado a serlo porque ha querido, no porque no haya podido.

El caso del que no ha cumplido con la obligación de asegurarse la pensión mínima porque no ha podido, porque no ha tenido ingresos de donde detraer el ahorro, es completamente distinto. En este caso, la aplicación del principio de subsidiariedad entra de lleno. En este caso, el Estado debe pasarle una pensión, que llamamos «asistencial» y que se financia con cargo a los Presupuestos Generales; es decir con cargo a los impuestos que pagan todos los contribuyentes y que, como ya he señalado, serán impuestos muy reducidos, porque, en el modelo de Estado mínimo que estoy defendiendo, el Estado necesita poco dinero. Pero las pensiones que llamamos «contributivas» deben hacerse capitalizando cada uno su propio ahorro, con un mínimo obligatorio y voluntariamente por encima de dicho mínimo.

Ahora bien; que el Estado obligue a todos los ciudadanos a constituirse una pensión mínima no quiere decir que los fondos destinados a ello, así como los destinados a capitalizar pensiones voluntarias de mayor importe, tengan que ser administrados por el Estado. El Estado obliga hasta un mínimo y estimula fiscalmente por encima del mínimo, pero este ahorro forzoso o voluntario que cada uno realiza debe poder invertirlo en la capitalizadora privada que prefiera de acuerdo con las condiciones que le ofrezca, en régimen de competencia, que quiere decir de eficiencia, con la ventaja añadida de que el ahorro administrado por las capitalizadoras sirve para financiar, a través del mercado de capitales, la economía privada creadora de riqueza y empleo.

De esta forma, gracias a la mayor eficiencia del régimen de mercado, con el mismo ahorro se obtendrían pensiones mayores de las que ahora promete la Seguridad Social y, andando el tiempo, no podrá pagar, porque, como los cálculos imparciales demuestran, el sistema quebrará. Los políticos, del partido que sea, no quieren hablar de ello, porque piensan que les quita votos, pero de hecho es imposible mantener nuestro sistema público de pensiones.

Conclusión

Preferir al Estado del Bienestar la Sociedad del Bienestar que, desde luego requiere la presencia del Estado, pero de un Estado mínimo, que cree el marco regulador y ejerza simplemente la función subsidiaria, no impide reconocer que, en las actuales circunstancias, es difícil que la sociedad civil asuma el papel que le corresponde. No porque intrínsecamente carezca de capacidades para ello, sino porque, tras décadas de intervencionismo estatal, estas capacidades han sido adormecidas. Pero precisamente porque, adormecidas, siguen latentes, no es imposible despertarlas, regenerarlas y vertebrarlas para que produzcan con toda pujanza los frutos deseables.

Es cierto que, al día de hoy, la virtud moral de la solidaridad, que supone sacrificio y esfuerzo personal, aparece dañada por los efectos deletéreos de la solidaridad organizada por el Estado, con cargo al presupuesto, porque las conciencias se sienten tranquilizadas, ya que -piensan los ciudadanos- para ocuparse de los otros ya está el Estado, que para esto nos quita el dinero con los impuestos. Pero, a pesar de ello, todos podemos observar la presencia y hasta el auge de tantas organizaciones no gubernamentales, que es un nombre moderno para designar el antiguo y permanente fenómeno del voluntariado social. No es que yo pretenda que el bienestar de los incapaces de procurárselo por ellos mismos haya que esperarlo exclusivamente de la benevolencia o la beneficencia de los que tienen más recursos; ya he dicho insistentemente que esta función ha de ser asumida por el Estado, en el ejercicio de su papel subsidiario. Si he querido referirme al fenómeno del altruismo que, sin duda, existe en nuestra sociedad a pesar de que, en su conjunto, aparezca como tan egoístamente hedonista, ha sido para hacer caer en la cuenta del potencial de la sociedad para, acertadamente estimulada, desarrollar todo el poder creador inserto en la propia libertad del hombre. Y es este potencial el que debe crear las instituciones civiles que, reemplazando al Estado en el papel que errónea e ineficazmente tiene asumido, sirvan para lograr, en interés propio que no es sinónimo de egoísmo, el deseable bienestar de los promotores, sabiendo que, aun sin proponérselo, lograrán también el bienestar de los demás.

Para este despertar de la sociedad frente al Estado, para este rearme de las instituciones civiles es necesario insistir, en toda ocasión, como incansablemente hace la Fundación Independiente, entre otras entidades, en la inexcusable recuperación de los valores morales individuales y de la convivencia, así como en la responsabilidad que alcanza a todos aquellos que con sus palabras y su ejemplo pueden ayudar a la revitalización de las estructuras espontáneas capaces de evolucionar, prescindiendo de la no deseable actuación gubernamental, los grandes y pequeños problemas del cotidiano vivir, a fin de alcanzar aquel nivel de bienestar que, como decía al empezar, es necesario para que el hombre pueda atender, sin agobios materiales, al cultivo de los valores superiores del espíritu que, como ser racional y libre, de naturaleza trascendente, le son exclusivamente propios.

D. Rafael Termes lleva muchos años caracterizándose, entre otras muchas cosas, por un discurso claro, expeditivo, contundente, sin miedos, sin complejos, lo que es de agradecer. Podrá haber algunos que se lo discutirán. Pero creo que se lo tenemos que agradecer porque, su discurso, su razonamiento es completamente claro. Considero que es muy elogiable, porque es evidente que la quiebra del Estado del Bienestar, como él bien ha dicho, es inexorable, el daño que ha hecho el Estado del Bienestar a nuestra sociedad, perdiendo iniciativa, perdiendo pulso la iniciativa privada, es evidente. Que la seguridad como se ha venido aplicando es paralizante, y tantas otras cosas.

Creo que es de estos discursos, de estas conferencias no solamente para leer, sino para releer y meditar y, de esta manera, aportar cada uno de nosotros lo que sea posible para lograr que nuestra sociedad, como bien se dice en el título, pase de un Estado del Bienestar a una Sociedad del Bienestar.

Como es habitual pasaremos ahora al coloquio.

Creo que debo hablar de lo intangible que nos acaba de decir el ponente, que además nos ha citado dos términos muy importantes: la eficiencia y lo moral. Me quiero referir también a que probablemente el título aquí, en lo que llevamos de semana, creo que lo elevamos de bienestar, ¡a ver si introducimos el bien ser! En vez de bienestar sólo, el bien ser, porque los anglosajones no distinguen entre ser y estar, y nosotros sí.

Lo difícil es la armonización de los contrarios, y en su discurso abierto, claro y franco, sobre la libertad de empresa, la competencia y la eficiencia que da la libertad, frente al Estado, llamémosle secuestrador de esta libertad. En la medida que esto es así, no podemos dejar de estar de acuerdo. Pero a mí me agradaría que todo lo que ha dicho, lo modulemos entre que hay Estados corruptos y Estados que podrían ser perfectos. Y lo mismo que en las empresas y en su juego libre, hay empresas que incluso incluyen la ética y lo moral, además del servicio y su competencia y su beneficio, o empresas ventajistas.

Entonces, yo lo que pediría es que hablemos del medio en que jugamos, y por lo tanto de las muchas contaminaciones mentales que nos evitan, que la teórica libertad del individuo está muy disminuida y probablemente ni existe. Porque hay varias limitaciones. Primero, el individuo no puede elegir cuando está informado en la mentira y, por lo tanto, para que sea libre tiene que garantizarse que la comunicación sea veraz. Y no existe. Yo les voy a retar. De los tres temas que ha citado: educación, asistencia sanitaria y pensiones, hablemos de uno de ellos.

No conozco, después de 30 años de investigación añadida a mi telecomunicación, que lleva 45 años de experiencia, ciencia -estoy hablando de investigación científica y sobre todo añadida a lo que tiene de oficial- hegemonía. No hay peor contaminación en el ámbito que se llama ciencias de la vida. cuando entran actores económicos a la competencia. Cuando quiera podemos ampliar el tema de lo que llaman actores de mercado para la ciencia de la muerte. Y no digo más. Esa es una modulación importante que tengo pendiente para esta tarde, cuando esté D. Luis Martí Mingarro.

¿Es libre la población extremeña para poderse vacunar o no, contra la supuesta meningitis? y ¿la supuesta bondad de las vacunas que está prevista en el otoño y acordada por las comunidades?, ¿unas sí y otras no?

Y otra más grave. ¿Es lícito que las Asociaciones de Consumidores que cobran subvenciones no hayan opinado sobre el tema, ni estén formadas científicamente para opinar como es debido? Y en el tema por ejemplo del paramagnetismo de las soluciones acuosas que estudió Duperier, que este año celebramos su centenario, sea perseguida de oficio por ignorancia manifiesta de los científicos oficiales que deciden que no existe el paramagnetismo en las soluciones. Gracias.

Yo le agradezco mucho esta intervención al señor ingeniero de lo intangible; aunque yo soy ingeniero industrial, que quiere decir de lo tangible.

Le diría que yo no estoy en contra de la intervención del Estado, de la intervención abusiva del Estado, de la intervención del Estado donde no debe intervenir, porque el Estado sea corrupto o sea perfecto. Estoy en contra, simplemente porque es Estado. Lo cual no obsta para decir que hay un gran riesgo de que el Estado interventor sea corrupto. Porque intervención rima con corrupción, es decir, siempre que hay alguna cosa intervenida, al depender la decisión de una persona, existe la posibilidad de que haya un funcionario prevaricador o un usuario corruptor que busquen obtener un beneficio injusto; el usuario intentando mediante soborno corromper al funcionario, y el funcionario adelantándose a ofrecer la designación mediante pago, prevaricando.

Pero suponiendo que el Estado sea perfecto, cosa que ya es suponer, suponiendo que todos los funcionarios, por el simple hecho de ser funcionarios, fueran personas impecables, cosa que también es difícil suponer, puesto que yo pienso que los funcionarios son personas igual que las otras personas, y por tanto con el mismo pecado original que tenemos los demás; suponiendo lo imposible, es decir, que el Estado fuera perfecto y los funcionarios fueran también todos perfectos, aún en este caso, estaría en contra de la intervención del Estado en aquello que no debe intervenir, precisamente porque la intervención estatal conculca la libertad, que es el don más grande que Dios ha dado al hombre. Y por lo tanto, si Dios ha querido darnos este privilegio de la libertad, a pesar del mal uso que muchas veces hacemos de ella, no veo que haya ninguna razón por la cual el Estado pretenda corregir lo que llama los fallos del mercado, mediante una intervención que conculca la libertad del hombre.

Por lo tanto, estoy en contra de la intervención estatal en todo aquello que no sea, como lo he dicho bien claro, la definición del marco legal, la administración de la justicia y la función subsidiaria para atender a aquellos, que no son tantos, que no son capaces de resolver por sí mismos los problemas vitales de su presente y de su futuro.

Me ha citado una serie de casos a los cuales yo no le puedo contestar, porque desconozco. Es posible que D. Luis Martí Mingarro esta tarde lo pueda hacer. Yo se lo brindo a él.

Quiero saber cómo me puede usted orientar con respecto al ahorro.

Con respecto a las pensiones, ya sabemos que no vamos a darles vueltas a si el sistema es bueno o es malo.Eso lo conocemos todos. Yo también pienso que quizás, si hace años hubiésemos estado con un fondo de pensiones, y con eso que ha dicho usted de que hubiésemos al mismo tiempo cotizado una cantidad mínima para poder tener un día derecho a una pensión, para el que no pudiese hacer este ahorro del fondo de pensiones, hubiera sido bueno. Pero es que aquí debido al sistema hay un gran problema, y el problema le tenemos en las pensiones bajas.

En España hay alrededor de un 70% de pensionistas que perciben actualmente menos de 55.000 pesetas al mes. Tenemos el caso de las viudas. Las viudas no sé por qué, es un sistema que no entro en él porque no lo entiendo, cuando fallece el que lleva el pan a casa, inmediatamente, ella pasa a percibir un cuarenta y tantos por ciento de lo que cotizaba su marido. Yo eso no lo entiendo.

Yo estuve el año 93 en el Parlamento Europeo, donde fuimos a defender temas de pensiones y de la tercera edad en general. Una de mis intervenciones fue precisamente sobre la cuestión de las pensiones, e hice la petición de que toda aquella persona que percibiese pensión -en este caso, muy concretamente, las viudas-, que tenía que ser equivalente al sueldo mínimo interprofesional. Hice esta petición porque es el mínimo para que se pueda sostener una familia. Pero luego, cuando se desarrolló la comisión entre todos los que formábamos parte de aquel engranaje, salió otra conclusión que para España hoy por hoy sería imposible, y mucho más imposible si tenemos en cuenta lo que usted hablaba anteriormente de la quiebra económica con respecto a pensiones. Efectivamente esta es una verdad como un templo.

De allí salieron que lo que había que recomendar a todos los países de la Unión Europea era que las pensiones mínimas fuesen equivalentes al sueldo medio de cada país, lo cual a mí me pareció en aquel momento, sobre todo para España, un disparate, puesto que económicamente el Estado no podía llegar a esto.

¿Qué nos dice usted sobre las pequeñas pensiones? ¿Qué idea tiene usted? Yo soy amante del fondo de pensiones, pero eso, para personas como yo, ha llegado tarde. Por eso yo tuve que ir por el canal del pequeño ahorro.

Son dos las preguntas que me hace, una se refiere a los intereses y otra a las pensiones.

En cuanto a los intereses, le diré que, efectivamente usted oye decir a todos los economistas que es bueno que los intereses bajen, y tienen razón desde el punto de vista de la inversión. Cuanto más bajos sean los intereses, más estímulo sentirán los empresarios para invertir, porque el coste de los créditos que utilicen queda más fácilmente cubierto con el rendimiento de las inversiones que hagan. Por tanto, es bueno que los intereses bajen. Y no es de extrañar que todos los gobiernos aplaudan hoy día que los intereses en Europa vayan bajando. De hecho, en España han bajado enormemente.

Pero no hay cara sin cruz. Para el ahorrador, que los intereses bajen es un contratiempo. Antes, cuando los intereses estaban altos, los bancos iban a él: oiga que nosotros le podemos dar el 7, el 8, el 10%, en imposición a plazo fijo, e incluso a la vista. Los intereses estaban altos y el ahorrador se sentía la mar de satisfecho; hoy estos mismos bancos le ofrecen muy poco, porque también ellos cobran muy poco por los préstamos que conceden.

Usted dice, y tiene razón: nosotros los pequeños ahorradores, que teníamos nuestro dinero en los bancos, no podemos arriesgarnos en otra clase de inversiones. Yo le digo que esto tiene una solución. Cuando los intereses bajan, la Bolsa sube. ¿Por qué? pura y simplemente porque la gente retira el dinero de la renta fija para ir a la renta variable, invierte en Bolsa. Y claro si son muchos los que ponen su dinero en Bolsa, la Bolsa sube. Es un mecanismo que se autoalimenta. Todos dicen: si los intereses bajan y la Bolsa sube me tengo que ir de las Letras del Tesoro, de los depósitos bancarios y comprar acciones. Lo que sucede, dice usted, es que yo no tengo dinero ni conocimientos para arriesgar en una cosa como es la renta variable. Yo le contesto: es verdad, pero para eso están los fondos de inversión.

El mercado sale al paso de todo, el mercado inventa todo lo necesario. Porque el mercado, que es el conjunto de todos los individuos, procesa de una manera que nadie más puede hacer, toda la información disponible. En cuanto alguien en el mercado ve que hay gente en situación como ésta, que tiene poco dinero para invertir en una cartera diversificada, que quiere decir en muchos valores, para compensar el riesgo, ganando en uno lo que pierde en otro, etc. etc., este alguien dice: pongamos todos estos fondos en común, hagamos un fondo de inversiones; nosotros lo gestionamos, nos ganamos la vida con ello, pero prestamos un servicio a esta gente que dispone de pequeñas cantidades de dinero. Y esto es lo aconsejable para el pequeño ahorrador, el que no tiene ni cantidad de dinero suficiente ni formación suficiente para acudir directamente a Bolsa, invirtiendo cantidades importantes en diversos valores. Como ve, estos fondos no son más que un patrimonio común, donde uno entra y sale cuando quiere, obteniendo en su caso, la plusvalía que se produce cuando los intereses bajan.

En cuanto a las pensiones. Evidentemente las pensiones son bajas, pero son bajas porque las pensiones están administradas por el Estado y el Estado despilfarra. El Estado, para obtener lo mismo, gasta más que -usted lo ha dicho muy bien- que si yo hubiera llegado a tiempo de poderme hacer mi propio fondo de pensiones. Esto es lo que están haciendo, con carácter complementario o exclusivo, muchas personas, desde que han llegado al mercado español y han sido autorizados los fondos de pensiones, que, con una modalidad distinta de los fondos de inversión, en definitiva son lo mismo: ahorro colectivo. Ahora bien; el paso pendiente de dar es que yo pueda hacerme mi fondo de pensión en vez de dar el dinero a la Seguridad Social, porque con la misma cuota tendría pensiones mucho más altas. Está matemáticamente calculado que es así.

Yo he dicho que para pasar del sistema público y de reparto al sistema privado y de capitalización, hay que hacerlo gradualmente. No se puede decir a todos los que están en el sistema público que pueden pasar al sistema privado, porque hay personas de edad muy elevada y que ya no tienen tiempo, diríamos, para constituir sus pensiones. Pero sí puede decirse a las personas que tienen menos de 40 años, o menos de 35 años, que si quieren pueden pasar al sistema de capitalización privada, con la condición de seguir pagando a la Seguridad Social una parte de lo que pagaban, para evitar la quiebra del sistema público, destinando el resto a la capitalizadora privada que hayan elegido para hacerse su propia pensión. Los cálculos dicen que, aun destinando a la Seguridad Social dos tercios de lo que están pagando, con el tercio que se reserven pueden hacerse una pensión privada que será superior a la pensión que el Estado les promete y que probablemente no les dará. ¿Por qué? Porque la inversión privada de estos fondos es mucho más rentable que la inversión pública de los mismos y, sobre todo, porque la gestión privada de las cuotas es mucho más económica que la gestión pública. Por lo tanto, la solución para tener pensiones más elevadas, en proporción del ahorro que se destina a ello, es privatizar el sistema de fondos de pensión.

Bien, en cuanto a lo primero, tienes toda la razón del mundo, yo he hablado de las funciones del Estado que se referían al tema que estábamos tratando hoy. En términos generales, el Estado tiene más funciones. Concretamente, las funciones propias del Estado son: las relaciones con el exterior; la seguridad de bienes y personas en el interior; la defensa del territorio nacional; la administración de la justicia; y la definición del marco legal en el que los ciudadanos buscan libremente sus objetivos. Estas son las cinco funciones primigenias del Estado.

Estas funciones el Estado tiene que desarrollarlas a través de los tres poderes de que se compone, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por eso, ministerios, ministerios, que son los que constituyen el poder ejecutivo, a mí entender, no tendría que haber más que tres, que son: el Ministerio de Estado, que ahora se llama de Asuntos Exteriores, para las relaciones con el exterior. El Ministerio de la Gobernación o del Interior, para garantizar el orden público. Y el Ministerio que se llamó de la Guerra y al que ahora llamamos de Defensa, para la defensa de la integridad del territorio. Estos son los únicos ministerios que deberían existir. Los otros sobran.

De las otras funciones, el establecimiento del marco legal no corresponde al ejecutivo; corresponde al poder legislativo que debería controlar al ejecutivo y no al revés, como ahora sucede. Y la administración de justicia corresponde al otro poder, el judicial, y, por lo tanto, propiamente hablando, no debería existir un Ministerio de Justicia. Los jueces no deben depender del ejecutivo. Los jueces deben depender de ellos mismos. De la misma manera que los legisladores dependen del pueblo que los ha votado. Hay que buscar algún sistema para hacer funcionar el Poder Judicial, pero no debe ser un sistema, como ahora ocurre, en el que los jueces dependen, de hecho, de los partidos políticos.

Lo que ahora tenemos es un secuestro de la democracia. Los únicos que mandan son los partidos que se ponen de acuerdo, aunque no lo parezca, para controlar los tres poderes del Estado. En verdadera democracia liberal, en el Estado de derecho, el poder debe estar limitado, mediante, como estableció Montesquieu, la división de poderes que se equilibre entre sí.

Sin embargo, a las funciones propias del Estado que, de acuerdo con lo que sugerías, he glosado, hay que añadir, como he insistido para demostrar que también tengo corazón, la función subsidiaria, en virtud de la cual el Estado debe subvenir a las necesidades de los que no pueden hacerlo por sí mismos. En el caso de las pensiones, por ejemplo, el Estado, mediante los impuestos que todos debemos pagar, debe asegurar las pensiones asistenciales pero no las contributivas; las contributivas se las tiene que hacer cada uno de por sí.

Cuando todo esto pasa a un marco superior, a un marco internacional o supranacional, hay opiniones diversas, como tú has dicho. Esta estructura supranacional puede hacerse de varias maneras y, en definitiva, tienes toda la razón al decir que puede ser al amparo de dos ideologías. Una ideología liberal y una ideología socialista. Por lo general, la ideología liberal pretende que esta superestructura se haga en un régimen, llamemos, de confederación, en la que los Estados ponen en común sólo aquello que se hace mejor en común, reservándose todo aquello que se hace mejor a nivel estatal. Es también el principio de subsidiariedad. El Tratado de Maastrich habla de la subsidiariedad, pero es un concepto de subsidiariedad espurio, porque es la propia superestructura burocrática la que dice lo que hay que traspasar al nivel comunitario.

El principio de subsidiariedad hay que aplicarlo siempre: lo que puede hacer el individuo, no lo tiene que hacer el municipio. Lo que puede hacer el municipio no tiene que hacerlo la autonomía. Lo que puede hacer la autonomía, no tiene que hacerlo el Gobierno nacional. Lo que puede hacer el Gobierno nacional no tiene que hacerlo Bruselas.

Llevé una vez al IESE, al alcalde socialista de La Coruña, que es Paco Vázquez, buen amigo mío y buen alcalde, a quien votan derechas e izquierdas. Y llevé a Jordi Pujol, también amigo mío de hace muchos años. Y el tema que se debatía era un poco éste. Entonces en cierto momento se arranca Paco Vázquez y dice: porque yo estoy de acuerdo con la Sra. Thatcher cuando afirma «lo que puede hacer Londres no tiene porqué hacerlo Bruselas». Yo estoy completamente de acuerdo, añade Vázquez, lo que puede hacer Galicia no tiene porqué hacerlo Madrid. Es más, lo que puede hacer La Coruña, no tiene porqué hacerlo Santiago. Es, apostillo yo, la aplicación correcta del principio de subsidiariedad.

En la construcción europea existen, efectivamente, estas dos corrientes, la confederal en la que pensamos que hay que poner en común aquellas pocas cosas que los Estados no pueden hacer. Y la concepción socialista que es la federal, la que quiere hacer los Estados Unidos de Europa. Y claro, para hacer los Estados Unidos de Europa, el mejor procedimiento que han encontrado es la moneda única. Un Mercado Común con monedas diversas puede funcionar. Los Estados Unidos y el Canadá tienen un Mercado Común y cada uno tiene su moneda y funciona; le añadirán México y seguirá funcionando. El Mercado Común no significa moneda única. Pero no se ha encontrado en la historia ningún caso de moneda única que no descanse en la unidad política. Y es normal, no puede haber moneda única sin unidad política porque la moneda única exige un solo presupuesto.

Los socialistas quieren los Estados Unidos de Europa gobernados centralmente. Como la obsesión socialista, la fatal arrogancia de los socialistas es controlarlo todo, en el caso de Europa quieren también que esté todo controlado desde Bruselas o desde donde sea; un centro que lo controle todo. La moneda única la manera de llegar a esto por la puerta de atrás, es decir, burlando los principios democráticos. Como a los países no se les ha consultado si realmente quieren una unión política para Europa, la manera de hacerlo sin consulta popular es a través de la moneda única, porque de esta manera no habrá más remedio que llegar, finalmente, a una unidad política.

Si me preguntas cuál es mi opinión, estoy por la confederación. ¿Qué hicieron los suizos? Para mí la Confederación Helvética es un modelo. Un buen día, tres Cantones, conservando cada uno su propia identidad, ponen en común aquellas cosas que se hacen mejor en común. Y a estos tres Cantones se fueron uniendo los restantes Cantones bajo el mismo principio. Si ahora yo preguntara ¿quien es el Presidente de la República Helvética? Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque son los Consejeros Federales los que van asumiendo rotativamente la representatividad de la Confederación que, al lado de los Cantones, tienen una importancia mínima. Lo que importa son los Cantones, que conservan toda su autonomía, sus características propias. Hay Cantones católicos, Cantones protestantes, hay Cantones que hablan francés, hay Cantones que hablan alemán, Cantones que hablan italiano. Han puesto en común lo que tenían que poner en común para ser una Confederación ante el mundo y nada más.

Ahora bien, para que una Confederación sea verdaderamente tal hay que dar a los confederados la libertad de secesión. El que se quiere marchar que se marche. En cuanto se conculca esta libertad de separarse, ya se están infringiendo derechos elementales.

Me llamó mucho la atención en Ginebra ese monumento que tienen en un parque que es sencillamente un mural grande, en el que cuenta que en el siglo XVI el señor Calvino había decretado que la enseñanza obligatoria para todos los Cantones sería hasta los catorce años. Hay quien sostiene que muchas de las características positivas que tienen los suizos se debe a que desde hace muchos siglos, mucho antes que otros países europeos, tuvieran la enseñanza obligatoria hasta los catorce años.

Esto nos llevaría a otro tema muy distinto. Los calvinistas suizos no fueron un modelo de liberalismo. San Francisco de Sales que era Obispo de Ginebra, vivió siempre en Annecy porque no le dejaban entrar en Ginebra.

Es cierto. Una empresa privada puede quebrar y, por lo tanto, una capitalizadora privada de pensiones puede ciertamente quebrar. La diferencia está en que, en materia de pensiones, el Estado quiebra siempre. Lo que hay que hacer es establecer el marco para evitar que estas capitalizadoras privadas quiebren. Es lo que han hecho en Chile donde el sistema funciona. El Estado define el marco legal en el que se tienen que mover las capitalizadoras, que, de acuerdo con la ley, no pueden hacer lo que quieren, realizando, por ejemplo, inversiones demasiado arriesgadas. Pero, dentro de este marco, cada una hace su política para ofrecer a la clientela las mejores condiciones.

Es lo mismo que sucede con los bancos. El Banco de España los vigila, les impone normas de actuación pero los deja en libertad de competencia. Claro que, aun así, las capitalizadoras pueden ir mal, pero siempre cabe la posibilidad de que la gente se pase de una a otra, llevándose a la segunda lo que tenía ahorrado en la primera.